Colombia rumbo a la Conferencia de Cambio Climático. ¿Qué esperar?

Giovanni Andrés Pabón, quien trabajó como coordinador de la negociación de mitigación al cambio climático en el grupo AILAC, del que hace parte Colombia, explica el rol del país en la COP26. Aunque hay políticas para enfrentar la crisis, no hay financiamiento ni coordinación institucional.

A partir de hoy, 31 de octubre, y durante dos semanas, líderes de más de 190 países del mundo se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia. Un evento al que hay que seguirle la pista, ya que se darán muchas discusiones que tendrán relevancia para países como Colombia. (Le sugerimos: COP26: Dos semanas para corregir el rumbo del planeta)

El primer punto será la nueva meta global de financiamiento. El Acuerdo de París habla de un objetivo claro: los países desarrollados debían movilizar 100 mil millos de USD anuales para enfrentar la crisis climática. Se trata de un objetivo que, de hecho, se acordó hace 12 años en Copenhague, durante la COP15, y quedó escrito en el Acuerdo de París, aunque sin muchos detalles de cómo debería operar. Esto llevo a que, actualmente, existan bastante desacuerdos sobre de cuánto ha sido el verdadero aporte que los países desarrollados le han dado a los que tienen menos recursos. El cálculo más alto plantea que llegaron a ser 80 mil millones de USD el 2019. Pero ha sido una cifra muy criticada por muchos, ya que la consideran sobreestimada.

La intención durante la COP26, entonces, es que se concrete un plan detallado de cómo se deben movilizar 500 mil millones de USD en los próximos cinco años y, así, poder tener certeza de cuál es el dinero que servirá para implementar las muchas acciones que proponen los países.

Por otro lado, hay una discusión clave y es la que tiene que ver con que la puerta para cambiar el rumbo de las emisiones del mundo se cierra en 2030. Se trata de una discusión en la que se cruzan varios aspectos, como el apego que las decisiones políticas deben tener en la ciencia, la ambición de los países y las estrategias a largo plazo. En palabras más sencillas, los países tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo cortar en un 45% las emisiones para ese año o, si no, nos enfrentaremos a un escenario de aumento de la temperatura mayor a 1,5°C para finales de siglo.

Este punto está supremamente relacionado con una tercera discusión: la ambición de los países del G20, responsables en su conjunto de cerca del 80% de las emisiones mundiales, entre los que se encuentran Argentina, Brasil y México. La dificultad será que estos países son tan diversos que es muy difícil encasillarlos o presionarlos para lograr un objetivo común tan importante como ajustar sus sendas de emisiones y así cumplir el mandato de la ciencia.

Una cuarta discusión que será clave es la de las reglas de los mercados de carbono, que ha sido un tema que la presidencia de la COP26, en manos de Reino Unido, se ha empeñado a que salga a flote sin importar sus implicaciones. Colombia, por ejemplo, debe rechazar unas reglas que conlleven a que los mercados de carbono se conviertan en un enemigo de la gestión climática en vez de una herramienta útil. En medio hay un juego político y económico intenso: por un lado, están los países que saben que van a tener la mayor necesidad de comprar créditos de carbono para cumplir sus metas hacia el 2030, y que quieren tener pocas reglas para poder comenzar a comprar estos créditos lo antes posible. Y, por otro lado, están los países que ven a la exportación de carbono como una fuente de financiación y que ven la calidad de las reducciones como algo secundario. Pocos realmente se preocupan por que las reglas para estos mercados sean robustas y que no se engañe a la atmósfera.

La última pregunta clave sería la siguiente: ¿cómo entra a jugar Colombia en todo esto? ¿Está acorde con la ciencia su compromiso de reducir las emisiones en un 51% para 2030? (Le puede interesar: Las cartas que jugará Colombia en la cumbre del cambio climático)

Lo primero es que aún no se sabe exactamente lo que trae la estrategia de mitigación o carbono neutro a 2050 – aunque se supone que este plan lo anunciará Colombia durante la COP26. Lo segundo, es que aunque sí se puede decir que es un compromiso ambicioso, tiene sus “peros”. Hace 20 días un análisis publicado por la organización Climate Action Tracker, tras revisar el compromiso, encontró que hay una carga muy inequitativa que prioriza las acciones para mitigar las emisiones del sector basado en la naturaleza (como la deforestación), y muy poca ambición por parte del sector minero -energético, que depende mucho del uso y extracción de combustibles fósiles.

Y es que, en efecto, Colombia no tiene planes para desincentivar el uso del carbón y sigue empeñado en la extracción de este energético, así como del gas y el petróleo, para continuar con la misma economía y el mismo tipo de extracción, en vez de apostarle a la innovación. No se está pidiendo que mañana dejemos de usar fósiles, pero sí se trata de tener un plan en el largo plazo que le garantice una transición justa a toda la cadena de valor para que nadie se quede atrás en este gran paso que debe dar el mundo.

La situación actual es que tenemos varias políticas a nivel nacional, sectorial y regional, pero con muy pocas acciones implementadas y, sobre todo, con muy pocos recursos financieros que se puedan usar para la implementación de dichas acciones. Por ejemplo, la destinación del impuesto al carbono la han cambiado dos veces en el último mes: una, por la Ley de Reforma Tributaria y, una vez más, por la Ley de Presupuesto. Como se ha mencionado varias veces, el 100% de sus recursos siguen siendo pensados a ser usados en soluciones basadas en la naturaleza, mientras que la deforestación sigue con en niveles alarmantes: el año pasado se perdió una cobertura vegetal comparable al área del Quindío. (Lea también: Reforma tributaria, ¿embolatará de nuevo la plata del impuesto al carbono?)

Lo segundo, es que la institucionalidad no ha logrado coordinar los compromisos del gobierno, los intereses de los sectores y las capacidades de las regiones para poder implementar la política de cambio climático: en este momento cada uno va por su lado. El marco legal o normativo está casi inoperante porque no se ha reglamentado y, lo único que funciona, es la reglamentación del mercado de carbono que anda como una rueda suelta cumpliendo solo el objetivo de generar riqueza para algunos pocos y no el objetivo principal, que es el de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero.

*Ingeniero Mecánico con Maestría en energía renovable. Trabajó en el Ministerio de Ambiente en la formulación de la Política de Nacional de Cambio Climático, la Ley 1931 de Cambio Climático y la reglamentación del Impuesto Nacional al Carbono. Representó a Colombia como coordinador de la negociación de mitigación en el grupo de países latinoamericanos AILAC ante UNFCCC.

Giovanni Andrés Pabón, quien trabajó como coordinador de la negociación de mitigación al cambio climático en el grupo AILAC, del que hace parte Colombia, explica el rol del país en la COP26. Aunque hay políticas para enfrentar la crisis, no hay financiamiento ni coordinación institucional.

A partir de hoy, 31 de octubre, y durante dos semanas, líderes de más de 190 países del mundo se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia. Un evento al que hay que seguirle la pista, ya que se darán muchas discusiones que tendrán relevancia para países como Colombia. (Le sugerimos: COP26: Dos semanas para corregir el rumbo del planeta)

El primer punto será la nueva meta global de financiamiento. El Acuerdo de París habla de un objetivo claro: los países desarrollados debían movilizar 100 mil millos de USD anuales para enfrentar la crisis climática. Se trata de un objetivo que, de hecho, se acordó hace 12 años en Copenhague, durante la COP15, y quedó escrito en el Acuerdo de París, aunque sin muchos detalles de cómo debería operar. Esto llevo a que, actualmente, existan bastante desacuerdos sobre de cuánto ha sido el verdadero aporte que los países desarrollados le han dado a los que tienen menos recursos. El cálculo más alto plantea que llegaron a ser 80 mil millones de USD el 2019. Pero ha sido una cifra muy criticada por muchos, ya que la consideran sobreestimada.

La intención durante la COP26, entonces, es que se concrete un plan detallado de cómo se deben movilizar 500 mil millones de USD en los próximos cinco años y, así, poder tener certeza de cuál es el dinero que servirá para implementar las muchas acciones que proponen los países.

Por otro lado, hay una discusión clave y es la que tiene que ver con que la puerta para cambiar el rumbo de las emisiones del mundo se cierra en 2030. Se trata de una discusión en la que se cruzan varios aspectos, como el apego que las decisiones políticas deben tener en la ciencia, la ambición de los países y las estrategias a largo plazo. En palabras más sencillas, los países tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo cortar en un 45% las emisiones para ese año o, si no, nos enfrentaremos a un escenario de aumento de la temperatura mayor a 1,5°C para finales de siglo.

Este punto está supremamente relacionado con una tercera discusión: la ambición de los países del G20, responsables en su conjunto de cerca del 80% de las emisiones mundiales, entre los que se encuentran Argentina, Brasil y México. La dificultad será que estos países son tan diversos que es muy difícil encasillarlos o presionarlos para lograr un objetivo común tan importante como ajustar sus sendas de emisiones y así cumplir el mandato de la ciencia.

Una cuarta discusión que será clave es la de las reglas de los mercados de carbono, que ha sido un tema que la presidencia de la COP26, en manos de Reino Unido, se ha empeñado a que salga a flote sin importar sus implicaciones. Colombia, por ejemplo, debe rechazar unas reglas que conlleven a que los mercados de carbono se conviertan en un enemigo de la gestión climática en vez de una herramienta útil. En medio hay un juego político y económico intenso: por un lado, están los países que saben que van a tener la mayor necesidad de comprar créditos de carbono para cumplir sus metas hacia el 2030, y que quieren tener pocas reglas para poder comenzar a comprar estos créditos lo antes posible. Y, por otro lado, están los países que ven a la exportación de carbono como una fuente de financiación y que ven la calidad de las reducciones como algo secundario. Pocos realmente se preocupan por que las reglas para estos mercados sean robustas y que no se engañe a la atmósfera.

La última pregunta clave sería la siguiente: ¿cómo entra a jugar Colombia en todo esto? ¿Está acorde con la ciencia su compromiso de reducir las emisiones en un 51% para 2030? (Le puede interesar: Las cartas que jugará Colombia en la cumbre del cambio climático)

Lo primero es que aún no se sabe exactamente lo que trae la estrategia de mitigación o carbono neutro a 2050 – aunque se supone que este plan lo anunciará Colombia durante la COP26. Lo segundo, es que aunque sí se puede decir que es un compromiso ambicioso, tiene sus “peros”. Hace 20 días un análisis publicado por la organización Climate Action Tracker, tras revisar el compromiso, encontró que hay una carga muy inequitativa que prioriza las acciones para mitigar las emisiones del sector basado en la naturaleza (como la deforestación), y muy poca ambición por parte del sector minero -energético, que depende mucho del uso y extracción de combustibles fósiles.

Y es que, en efecto, Colombia no tiene planes para desincentivar el uso del carbón y sigue empeñado en la extracción de este energético, así como del gas y el petróleo, para continuar con la misma economía y el mismo tipo de extracción, en vez de apostarle a la innovación. No se está pidiendo que mañana dejemos de usar fósiles, pero sí se trata de tener un plan en el largo plazo que le garantice una transición justa a toda la cadena de valor para que nadie se quede atrás en este gran paso que debe dar el mundo.

La situación actual es que tenemos varias políticas a nivel nacional, sectorial y regional, pero con muy pocas acciones implementadas y, sobre todo, con muy pocos recursos financieros que se puedan usar para la implementación de dichas acciones. Por ejemplo, la destinación del impuesto al carbono la han cambiado dos veces en el último mes: una, por la Ley de Reforma Tributaria y, una vez más, por la Ley de Presupuesto. Como se ha mencionado varias veces, el 100% de sus recursos siguen siendo pensados a ser usados en soluciones basadas en la naturaleza, mientras que la deforestación sigue con en niveles alarmantes: el año pasado se perdió una cobertura vegetal comparable al área del Quindío. (Lea también: Reforma tributaria, ¿embolatará de nuevo la plata del impuesto al carbono?)

Lo segundo, es que la institucionalidad no ha logrado coordinar los compromisos del gobierno, los intereses de los sectores y las capacidades de las regiones para poder implementar la política de cambio climático: en este momento cada uno va por su lado. El marco legal o normativo está casi inoperante porque no se ha reglamentado y, lo único que funciona, es la reglamentación del mercado de carbono que anda como una rueda suelta cumpliendo solo el objetivo de generar riqueza para algunos pocos y no el objetivo principal, que es el de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero.

*Ingeniero Mecánico con Maestría en energía renovable. Trabajó en el Ministerio de Ambiente en la formulación de la Política de Nacional de Cambio Climático, la Ley 1931 de Cambio Climático y la reglamentación del Impuesto Nacional al Carbono. Representó a Colombia como coordinador de la negociación de mitigación en el grupo de países latinoamericanos AILAC ante UNFCCC.