¿Colombia se quedó sin plata para prevenir y atender las emergencias?

Mientras el presidente Gustavo Petro lideraba un nuevo Consejo de Ministros televisado, que giró en torno a temas de salud, un grupo de alcaldes de ciudades capitales le pidieron desembolsar los recursos de la declaratoria de desastres nacional para atender las emergencias por lluvias en el país, la cual fue anunciada a finales de noviembre de 2024, pero que, a sus ojos, se ha quedado en el papel.

Como expresaron los alcaldes de Florencia, Puerto Carreño, San José del Guaviare, Quibdó, Inírida, Yopal y Arauca, a la fecha no se ha girado ni un peso para mejorar la atención de las emergencias climáticas, cuya gravedad fue precisamente la justificación de la declaratoria de desastre.

“Vamos a buscar medidas jurídicas, a través de Asocapitales, para que esa declaratoria se respalde con recursos. Y hacemos un llamado al presidente, porque en muchos municipios ya se agotaron las capacidades locales para atender las emergencias y las comunidades afectadas”, expresó Marlon Monsalve, alcalde de Florencia.

A esto se sumó el alcalde de San José del Guaviare, quien indicó, en declaraciones a medios, que, tras tres meses de emergencias, no han recibido “ni una ayuda” del gobierno frente a las inundaciones “más graves en los últimos 40 años”.

Aunque no hubo una respuesta directa desde el Gobierno Nacional, desde sus entidades se viene tejiendo una creciente tensión entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Hacienda por la disponibilidad de recursos para atender las emergencias.

De acuerdo con Carlos Carillo, director la UNGRD, se han hecho, desde diciembre del 2024, varias solicitudes a la cartera de Hacienda para el desembolso de los recursos de la declaratoria, pero esto no se ha concretado. Como contamos en esta nota, la apretada situación fiscal del país estaría retrasando el desembolso de los recursos.

El problema, según Carrillo, es que la misma UNGRD —entidad cuyo nombre ha estado vinculado a uno de los principales escándalos de corrupción del gobierno Petro— ya se está quedando, a mitad de año, sin recursos para atender las emergencias.

“Durante la primera temporada de lluvias, hemos invertido en maquinaria amarilla y ayuda humanitaria más de $200.000 millones, pero tenemos, a la fecha, solicitudes pendientes de municipios y departamentos que requerirían más de $500.000 millones para atender la situación nacional. De este margen es la diferencia que tenemos hoy en día en el sector”, sostiene Carlos Carillo, director de la UNGRD.

Según explica Carrillo, al momento de publicar esta entrevista, la Subdirección de Manejo, es decir, la encargada de la atención y respuesta de las emergencias, tiene cerca de $9.000 millones disponibles.

¿Sin plata para las emergencias?

Al menos en papel, existe una ley que cobija este tipo de situaciones. Se trata de la Ley 1523, que regula el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, que indica, en uno de sus artículos que “el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción”.

La misma norma aclara que la gestión del riesgo es un sistema piramidal. En la base están los municipios y departamentos, que responden inicialmente con ayuda de las corporaciones y entidades territoriales. Cuando sus capacidades se agotan, debe intervenir el Gobierno Nacional. Es precisamente en ese punto de la cadena donde se están presentando los cuellos de botella.

Esto ha ocurrido en la atención de emergencias durante la primera temporada de más lluvias, que terminó (al menos oficialmente) a finales de junio, y que dejó más de 122.000 familias damnificadas, más de 2.000 viviendas destruidas y 540 municipios afectados.

“En esta temporada tuvimos un 35 % más de emergencias que en el año pasado y me atrevo a decir que lo que pasó es más grave que en el 2010 porque no estamos en un fenómeno de La Niña. Y los recursos que tenemos disponibles, con la declaratoria de desastre nacional, no los estamos utilizados”, sostiene Carrillo, de la UNGRD.

Como recuerda Emel Vega, magíster en Meteorología de la Universidad Nacional, “la variabilidad climática está relacionada con fenómenos como el Niño o La Niña que afectan factores como la temperatura de los océanos que, a su vez, inciden en las lluvias. Esto es diferente al cambio climático, que implica una modificación a largo plazo de los patrones globales del clima.

Lo cierto es que la falta de recursos en el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo ya está impactando a los departamentos. Así lo alertó Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), quien aseguró que dos solicitudes de intervención del Gobierno Nacional por emergencias recientes no fueron atendidas.

“Ambas ocurriendo a finales de marzo, y desbordaron las capacidades de los municipios y las nuestras, pero no recibimos apoyo”, explica Ríos. “Nosotros contábamos con un presupuesto de 14.000 millones de pesos, y nos tocó pedir una adicción de 3.000 millones más, lo que implicó una desfinanciación de otros proyectos departamentales, para cubrir las necesidades de las emergencias”.

En Chocó, donde más de 50.000 familias han resultado afectadas en 23 municipios, la situación es similar. Según la gobernadora, varios municipios están “bajo el agua, con niños desescolarizados, peces que llegan a los centros de salud y cultivos completamente perdidos”. En particular, se ha solicitado a la UNGRD el dragado del río Atrato, pero aún no hay una respuesta concreta.

En diálogo con este diario, la secretaria del Interior del Chocó, Jenny Rivas, indicó que “enfrentamos una situación bastante crítica con eventos recurrentes que no dan tregua. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se articulen sus entidades, y este viernes vamos a tener un comité para abordar esta situación”.

Además de las dificultades en la asistencia inmediata, la falta de recursos también pone en riesgo la ejecución de obras de mitigación y de prevención, esenciales para evitar o reducir los efectos de futuras emergencias. Fuentes de la UNGRD advirtieron que incluso podría estar comprometida, en plena temporada de huracanes, la reconstrucción de San Andrés y Providencia, así como la construcción de refugios de emergencia en plena temporada de huracanes.

¿Qué opciones quedan?

Ante la escasez de fondos, la UNGRD —que es la entidad coordinadora del sistema— ha solicitado una adición presupuestal que debe ser aprobada por el Ministerio de Hacienda. Este diario consultó a esta cartera sobre los avances en el estudio de esa solicitud, pero no obtuvo respuesta.

Otra posibilidad es que la UNGRD acuda a la contratación sin respaldo presupuestal directo, una opción legal en casos de emergencia. Sin embargo, Carrillo aseguró que no desea recurrir, por ahora, a ese tipo de mecanismos. Por su parte, existe un Fondo de Inversión Colectiva (FIC), firmado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en Uribia cuya suerte está siendo decidida por un juez. Estos recursos equivalen a $180.000 millones.

Por ahora, mientras las autoridades intentan atender las emergencias que siguen activas en el territorio, todas las miradas están puestas en la segunda temporada de lluvias, que podría ser más intensa que la anterior.

“Algunos reportes del Ideam indican que la segunda temporada de lluvias puede ser más fuerte que la primera, con el reto adicional de que los suelos se encuentran saturados por las lluvias, y esto podría generar múltiples puntos críticos cuando vuelvan las lluvias”, asegura Ríos, del Dagran. “Por el momento, desde nuestro presupuesto, estamos implementando una estrategia para mitigar con maquinaria amarilla los puntos más graves que nos dejó la temporada de lluvias”.

“El llamado es para que los gobernantes locales se preparen para la próxima temporada de lluvias, y se apropien del sistema, porque no todas las autoridades locales están al corriente de las herramientas que tienen a su disposición”, sostiene Carillo.

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