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La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publica boletines dando cuenta de la evolución de la pandemia en las comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio colombiano. El último, número 26 publicado el 21 de mayo, informa 314 casos confirmados y 9 fallecidos, 23 pueblos indígenas afectados y 321.169 familias en alerta por probabilidad de contagio. El esfuerzo realizado por la ONIC para visibilizar esta situación, por un lado, refleja la gestión de las organizaciones indígenas para velar por el bienestar de los suyos en la pandemia, y, por el otro, es una declaración en contra de la carencia de un enfoque diferencial en la respuesta gubernamental a la actual contingencia.
La gestión diferencial de los pueblos en situación de vulnerabilidad es una dimensión transversal del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, y el derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural fue recalcado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 01/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. El contraste marcado, entre esta base conceptual y la realidad que han vivido los pueblos indígenas durante esta emergencia, fue el motivo del conversatorio organizado por la línea de investigación SIGIT (Sistemas de salud, Infancia, Género, Interculturalidad y Trópico) y la Clínica Jurídica MASP (Medio Ambiente y Salud Pública) de las Facultades de Medicina y Derecho, respectivamente, de la Universidad de los Andes. Este conversatorio se realizó el pasado 14 de mayo, y contó con la participación de líderes indígenas, delegados de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC) y ONIC, representantes de Organizaciones No Gubernamentales (Fundación GAIA) y Gubernamentales (Procurador Delegado para Asuntos Étnicos).
Uno de los temas abordados durante el conversatorio, fueron las cifras alarmantemente altas de personas infectadas en territorios rurales dispersos, como Amazonas, con 924 casos confirmados ese día, casi un mes después del primer contagio reportado el 17 de abril. Estas, contrastan con las cifras preocupantemente bajas sobre los recursos físicos y humanos en salud en los departamentos de la Amazonía: Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare y Vichada no tienen unidades de cuidado intensivo para atender ese 5% de los infectados que estarán en estado crítico. La precareidad en talento humano es clara cuando se compara Bogotá, que en 2017 tenía 39 médicos por cada 10.000 habitantes, con Amazonas, Putumayo y Vaupés, con 15, 10 y 4 médicos por cada 10.000 habitantes, respectivamente (4). Para Guainía, Guaviare y Vichada, no hay datos sobre la densidad de médicos para ese año.
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Aunque tener información completa y veraz es crucial para conocer, prevenir y manejar la enfermedad, una simple referenciación estadística, en palabras de una lideresa en procesos de salud de la Comunidad Arhuaca “supone quitar la espiritualidad y su razón de ser” a las experiencias que están viviendo. El virus llegó a territorios para mezclarse con el contexto propio de los mismos, y este, para muchos pueblos, incluye presencia de actores armados, inseguridad alimentaria, ausencia de medios de comunicación y dinámicas de movilidad mucho más complejas que las líneas trazadas en mapas políticos. Denuncias hechas durante el conversatorio son el reflejo de la vulnerabilidad histórica de las comunidades indígenas, como las muertes por desnutrición grave en niños Embera de Tierralta, Córdoba, y los incesantes asesinatos de líderes indígenas, 31 en lo que va corrido del año, incluyendo 8 desde que se decreto el estado de emergencia el 17 de marzo.
El trato basado en la subalternidad que el Estado le da a los pueblos étnicos, ha devengado soluciones poco efectivas en los territorios, ya que la co-construcción de soluciones con las comunidades es necesaria para buscar la adaptabilidad y la acción sin daño. Un ejemplo: el Estado envió más de mil soldados para militarizar las fronteras en Leticia y frenar la libre circulación que ha causado el contagio exponencial. Fortalecer la Guardia Indígena y concretar con sus autoridades medidas que tomen en cuenta las necesidades de las comunidades hubiera sido una aproximación más acertiva. La imposición, vehemente de por sí, de prohibir el libre tránsito en el territorio, es ciega a la dependencia de interacción que tienen algunos pueblos con las cabeceras municipales, consecuencia de la concentración que allí se da de producción y de acceso a bienes y servicios. Se deben pensar las soluciones desde las comunidades en lugar de imponerlas.
El ejemplo de plantear medidas desde un terreno común basado en la comprensión profunda de la diversidad cultural, fue puesto en la mesa del conversatorio por la Fundación GAIA Amazonas, quienes defienden que la respuesta a la emergencia no se puede quedar en el detalle y atender sólo de manera superficial y transitoria las dificultades presentes. Hay problemas estructurales serios que demandan acciones inmediatas con enfoque a mediano plazo. Recientemente, en sus página web, han difundido una caja de herramientas construida en conjunto con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y pensada a partir de un enfoque intercultural. La información, allí reunida, recoge estrategias de prevención y manejo de casos en las comunidades indígenas. Adicionalmente, plantean la entrega de kits de aislamiento (con anzuelos, nylon, elementos de protección personal, entre otros) que provean a las comunidades de lo insumos necesarios para vivir de la selva y lejos de las urbanizaciones durante los meses más críticos de la emergencia. La clave de estas respuestas es que se adecúan a las necesidades únicas y a los sistemas de gobierno propios de los pueblos, y es un llamado a pensar cómo se pueden integrar las soluciones pensadas desde la ciudad al territorio.
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Iniciativas como estas se suman a las medidas ya tomadas por los pueblos indígenas, basadas primordialmente en el control territorial por medio del cierre de los límites y la restricción de la libre circulación dentro del territorio. Las organizaciones indígenas, basadas en el saber ancestral de sus mayores, han hecho un llamado a volver a la autosostenibilidad y al origen. La conservación y persistencia de sus conocimientos ancestrales es lo que está en juego. Por eso, reclaman con ímpetu el respeto al territorio y el trato con empatía de la tierra. El virus, al fin y al cabo, es una consecuencia de la falta de consciencia.
Surge la duda durante el conversatorio, ¿por qué, siendo Colombia un Estado Social de Derecho, definido como multiétnico y pluricultural en la Constitución, los pueblos indígenas han tenido tantos obstáculos para materializar el bienestar que por Ley se les promete? Richard Moreno, Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, expuso cómo el tratamiento a los pueblos étnicos dista del mandato constitucional debido a la falta de estructuración para hacer valer sus garantías, derechos especiales y complementarios. La falta de caracterización real y la desinformación llevan a que se tomen medidas que resultan irrespetuosas para las comunidades, y esto, en el marco de la pandemia, resulta en descoordinación entre la medicina tradicional y occidental. “Como no nos conocemos, no nos reconocemos; y como no nos reconocemos, no nos respetamos”, fueron sus palabras.
Mucho más se dijo en el conversatorio, que se extendió por dos horas y media. La interculturalidad no es traducir del castellano a lengua, se trata de hacer una traducción cultural donde se entretejan los saberes y cuidados ancestrales con la evidencia científica existente. Contextualizar los procesos y las políticas supone entender que la tierra no sólo está ligada a la identidad de cada comunidad, sino que también es un sujeto de derechos cuyo cuidado tiene repercusiones en el bienestar y la salud de los pueblos, y, por lo tanto, de toda la sociedad colombiana. Y aunque estas conclusiones son valiosas, no transmiten la empatía, el miedo y la solidaridad tangibles en la voz entrecortada de la lideresa indígena de la Sierra, cuando respiraba lentamente, conmovida, y seguía adelante con su intervención.
Aquí puede revivir este conversatorio
*Línea de investigación sobre Sistemas de Salud, Infancia, Género, Interculturalidad y Trópico (SIGIT) y Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de las facultades de Medicina y Derecho de la Universidad de los Andes - sigit@uniandes.edu.co
**Jovana A. Ocampo C., Ph.D. en Salud Pública y profesora asistente, Facultad de Medicina, U. de los Andes
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.