¿Cómo se está comportando la industria minera durante el COVID-19?

Desde que los países europeos y latinoamericanos comenzaron a cerrar sus fronteras –entre marzo y abril– la minería en algunos países fue declarada como esencial, permitiendo así que continuaran operaciones. ¿Qué ha pasado con la industria minera durante la pandemia?

Un análisis de la ONG Mining Watch Canada que se publicó esta semana para darle respuesta a esa pregunta se basa en reportes desde los territorios afectados, y en una revisión de casi 500 artículos de prensa, e informes de las empresas y la sociedad civil, de los cuales 180 están directamente ligados a preocupaciones que sostienen/ reportadas por las comunidades y/o trabajadores.

Como resultado del comportamiento de la industria en medio de la pandemia, los autores hacen notar que, mundialmente, los sitios mineros se han vuelto puntos importantes para el contagio. De esa manera, están poniendo en grave riesgo a los trabajadores y a las comunidades indígenas y campesinas aledañas, muchas de las cuales ya sufren impactos en la salud relacionados a la minería. Más de 3,000 trabajadores mineros en 18 países diferentes han reportado brotes en sus campamentos mineros, lo que lleva a temer que el virus se propague entre las poblaciones vecinas ya vulnerables por enfermedades preexistentes relacionadas a la actividad minera. Brotes masivos en las minas de Cobre Panamá (Panamá), Olimpiada (Russia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú) no fueron reconocidos mientras cientos de trabajadores dieron positivo. A pesar de ello las empresas mantuvieron sus operaciones. Según los analistas, la falta de pruebas en muchos lugares y la falta de vigilancia, podría significar que el número de contagiados sea mucho mayor.

Por otro lado, las y los defensores del territorio y del agua viviendo bajo cuarentena están enfrentando mayores riesgos a su seguridad. Reportes desde los territorios muestran cómo las empresas y los gobiernos están utilizando la pandemia para sofocar o reprimir a protestas comunitarias de larga data, como es el caso en las Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador. Defensores están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México. En algunos casos, se está implementando nuevas legislaciones que podría criminalizar aún más a la protesta social o permitir mayor represión.

En las Filipinas, el gobierno de Rodrigo Duterte está utilizando la pandemia para continuar con sus ataques hacia los derechos humanos y los defensores del territorio. En abril, los campamentos pacíficos de protesta a la mina Didipio de Oceana Gold, fueron desalojados de manera violenta por las fuerzas policiales. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado el assesinato de activistas anti-mineros y la continuación de la práctica de las “etiquetas-rojas”.

Aun así con la pandemia del COVID-19, los asesinatos extrajudiciales y otras formas de violaciones a los derechos humanos persisten bajo el control despótico del Presidente Rodrigo Duterte”, dijo la Red de los Pueblos para en Medio Ambiente, en un comunicado de prensa.

En Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha impuesto un toque de queda de 24 horas y suspendió los derechos más básicos, incluyendo la libertad de expresión y de asociación, y está utilizando a las fuerzas militares y policiales para su aplicación. Mientras tanto, las autoridades han abierto una ventanilla virtual para facilitar a que las empresas puedan obtener los permisos ambientales, lo cual ocurre con una total falta de transparencia. Según el análisis, en otros lugares las empresas están también asegurando cambios regulatorios para beneficiarlos ahora y en el futuro.

En Brasil, un video revelado por la Corte Suprema de este país muestra al Ministro del Medio Ambiente diciendo que la pandemia representa una “oportunidad para desregular las políticas medioambientales”. En los últimos dos meses, el gobierno de Bolsonaro ha despedido a altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ambiental, por haber hecho su trabajo de controlar la minería ilegal en la Amazonía. A la vez, ha otorgado cientos de concesiones mineras y está tratando de hacer aprobar legislación que permitiría una mayor apertura de territorios indígenas para las actividades mineras.

“Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez más amenazadas por actividades económicas depredadoras que amenazan la integridad de nuestros territorios ancestrales y los recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia. Con la crisis de COVID-19, las actividades ilegales de mineros, madereros, misioneros, narcotraficantes y otros invasores representan una amenaza aún mayor, ya que pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades. Por esta razón, exigimos que se detenga inmediatamente cualquier actividad económica en nuestros territorios, garantizando así la protección de todos nuestros niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos sabios y nuestros familiares en aislamiento voluntario”, dice Nara Baré, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña - COIAB.

En este contexto, las donaciones de las empresas mineras hacia las comunidades y los gobiernos están percibidas como un intento de lavar su imagen, sobre todo cuando exponen a las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente a mayor riesgo. “La pandemia de COVID-19 no es la única crisis que estamos enfrentando. Por una década, comunidades afectadas por la mina El Escobal han luchado para proteger su salud de las actividades mineras. La corte guatemalteca, ordenó que Pan American Silver suspendiera sus operaciones durante la consulta, lo cual incluye relaciones comunitarias, ya que dan lugar a tensiones y conflicto. Pan American Silver debería obligar a sus empleados a quedarse en casa y dejar de tratar de comprar apoyo para la mina durante esta crisis sanitaria,” dice Luis Fernando García Monroy representante del Parlamento del Pueblo Xinka.

Ante todo, las historias subrayadas en el informe revelan que las personas afectadas por la minería enfrentan varias pandemias -- sanitaria, económica, de violencia, de militarización y de captura corporativa --, que están empeorando a la medida que la pandemia del COVID-19 se cruza con la industria minera depredadora. Esta lucha múltiple es lo que ahora enfrentan las comunidades afectadas en la defensa de sus tierras, aguas, salud y modos de vida.

“Para poder visualizar un camino hacía el futuro que garantice las necesidades básicas de alimentación, aire y agua limpio, comunidades saludables y supervivencia planetaria no se puede depender de las empresas mineras y su despiadada búsqueda de ganancias. Sin embargo, las luchas centradas en la salud y los enfoques colectivos de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas pueden ayudarnos a re-enfocarnos en lo que es realmente esencial para un futuro más sano para todos”, dice Kirsten Francescone, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canada.

Desde que los países europeos y latinoamericanos comenzaron a cerrar sus fronteras –entre marzo y abril– la minería en algunos países fue declarada como esencial, permitiendo así que continuaran operaciones. ¿Qué ha pasado con la industria minera durante la pandemia?

Un análisis de la ONG Mining Watch Canada que se publicó esta semana para darle respuesta a esa pregunta se basa en reportes desde los territorios afectados, y en una revisión de casi 500 artículos de prensa, e informes de las empresas y la sociedad civil, de los cuales 180 están directamente ligados a preocupaciones que sostienen/ reportadas por las comunidades y/o trabajadores.

Como resultado del comportamiento de la industria en medio de la pandemia, los autores hacen notar que, mundialmente, los sitios mineros se han vuelto puntos importantes para el contagio. De esa manera, están poniendo en grave riesgo a los trabajadores y a las comunidades indígenas y campesinas aledañas, muchas de las cuales ya sufren impactos en la salud relacionados a la minería. Más de 3,000 trabajadores mineros en 18 países diferentes han reportado brotes en sus campamentos mineros, lo que lleva a temer que el virus se propague entre las poblaciones vecinas ya vulnerables por enfermedades preexistentes relacionadas a la actividad minera. Brotes masivos en las minas de Cobre Panamá (Panamá), Olimpiada (Russia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú) no fueron reconocidos mientras cientos de trabajadores dieron positivo. A pesar de ello las empresas mantuvieron sus operaciones. Según los analistas, la falta de pruebas en muchos lugares y la falta de vigilancia, podría significar que el número de contagiados sea mucho mayor.

Por otro lado, las y los defensores del territorio y del agua viviendo bajo cuarentena están enfrentando mayores riesgos a su seguridad. Reportes desde los territorios muestran cómo las empresas y los gobiernos están utilizando la pandemia para sofocar o reprimir a protestas comunitarias de larga data, como es el caso en las Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador. Defensores están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México. En algunos casos, se está implementando nuevas legislaciones que podría criminalizar aún más a la protesta social o permitir mayor represión.

En las Filipinas, el gobierno de Rodrigo Duterte está utilizando la pandemia para continuar con sus ataques hacia los derechos humanos y los defensores del territorio. En abril, los campamentos pacíficos de protesta a la mina Didipio de Oceana Gold, fueron desalojados de manera violenta por las fuerzas policiales. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado el assesinato de activistas anti-mineros y la continuación de la práctica de las “etiquetas-rojas”.

Aun así con la pandemia del COVID-19, los asesinatos extrajudiciales y otras formas de violaciones a los derechos humanos persisten bajo el control despótico del Presidente Rodrigo Duterte”, dijo la Red de los Pueblos para en Medio Ambiente, en un comunicado de prensa.

En Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha impuesto un toque de queda de 24 horas y suspendió los derechos más básicos, incluyendo la libertad de expresión y de asociación, y está utilizando a las fuerzas militares y policiales para su aplicación. Mientras tanto, las autoridades han abierto una ventanilla virtual para facilitar a que las empresas puedan obtener los permisos ambientales, lo cual ocurre con una total falta de transparencia. Según el análisis, en otros lugares las empresas están también asegurando cambios regulatorios para beneficiarlos ahora y en el futuro.

En Brasil, un video revelado por la Corte Suprema de este país muestra al Ministro del Medio Ambiente diciendo que la pandemia representa una “oportunidad para desregular las políticas medioambientales”. En los últimos dos meses, el gobierno de Bolsonaro ha despedido a altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ambiental, por haber hecho su trabajo de controlar la minería ilegal en la Amazonía. A la vez, ha otorgado cientos de concesiones mineras y está tratando de hacer aprobar legislación que permitiría una mayor apertura de territorios indígenas para las actividades mineras.

“Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez más amenazadas por actividades económicas depredadoras que amenazan la integridad de nuestros territorios ancestrales y los recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia. Con la crisis de COVID-19, las actividades ilegales de mineros, madereros, misioneros, narcotraficantes y otros invasores representan una amenaza aún mayor, ya que pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades. Por esta razón, exigimos que se detenga inmediatamente cualquier actividad económica en nuestros territorios, garantizando así la protección de todos nuestros niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos sabios y nuestros familiares en aislamiento voluntario”, dice Nara Baré, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña - COIAB.

En este contexto, las donaciones de las empresas mineras hacia las comunidades y los gobiernos están percibidas como un intento de lavar su imagen, sobre todo cuando exponen a las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente a mayor riesgo. “La pandemia de COVID-19 no es la única crisis que estamos enfrentando. Por una década, comunidades afectadas por la mina El Escobal han luchado para proteger su salud de las actividades mineras. La corte guatemalteca, ordenó que Pan American Silver suspendiera sus operaciones durante la consulta, lo cual incluye relaciones comunitarias, ya que dan lugar a tensiones y conflicto. Pan American Silver debería obligar a sus empleados a quedarse en casa y dejar de tratar de comprar apoyo para la mina durante esta crisis sanitaria,” dice Luis Fernando García Monroy representante del Parlamento del Pueblo Xinka.

Ante todo, las historias subrayadas en el informe revelan que las personas afectadas por la minería enfrentan varias pandemias -- sanitaria, económica, de violencia, de militarización y de captura corporativa --, que están empeorando a la medida que la pandemia del COVID-19 se cruza con la industria minera depredadora. Esta lucha múltiple es lo que ahora enfrentan las comunidades afectadas en la defensa de sus tierras, aguas, salud y modos de vida.

“Para poder visualizar un camino hacía el futuro que garantice las necesidades básicas de alimentación, aire y agua limpio, comunidades saludables y supervivencia planetaria no se puede depender de las empresas mineras y su despiadada búsqueda de ganancias. Sin embargo, las luchas centradas en la salud y los enfoques colectivos de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas pueden ayudarnos a re-enfocarnos en lo que es realmente esencial para un futuro más sano para todos”, dice Kirsten Francescone, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canada.