Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú, en camino a archivarlo
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y los empresarios, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país “de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos”, señala a AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
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Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
Hay poco apoyo para aprobarlo
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de San José donde se cerró su negociación, y fue suscrito en Nueva York en septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de la ONU.
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“El panorama actual indica que existe poco apoyo de parte de los diputados y diputadas”, señaló el Ministerio de Ambiente en una nota en respuesta a una consulta de AFP.
De acuerdo con el diputado liberal Eli Fienzag, “la mayor parte de lo que está contenido en el Acuerdo de Escazú, Costa Rica ya lo tiene en legislación propia; el par de cosas que serían nuevas serían una traba monumental para cualquier proyecto de desarrollo futuro del país”.
Además, cuando Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, asumió el poder en mayo de 2022, dijo: “el sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno [...], no creo que sea beneficioso para el país”.
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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) se pronunció en la misma línea. “Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, señaló el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
En contraposición, la gerente de Incidencia Política de la ONG MarViva, Katherine Arroyo, sostuvo a AFP: “más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo”.
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El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y los empresarios, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país “de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos”, señala a AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
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Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
Hay poco apoyo para aprobarlo
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de San José donde se cerró su negociación, y fue suscrito en Nueva York en septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de la ONU.
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“El panorama actual indica que existe poco apoyo de parte de los diputados y diputadas”, señaló el Ministerio de Ambiente en una nota en respuesta a una consulta de AFP.
De acuerdo con el diputado liberal Eli Fienzag, “la mayor parte de lo que está contenido en el Acuerdo de Escazú, Costa Rica ya lo tiene en legislación propia; el par de cosas que serían nuevas serían una traba monumental para cualquier proyecto de desarrollo futuro del país”.
Además, cuando Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, asumió el poder en mayo de 2022, dijo: “el sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno [...], no creo que sea beneficioso para el país”.
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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) se pronunció en la misma línea. “Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, señaló el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
En contraposición, la gerente de Incidencia Política de la ONG MarViva, Katherine Arroyo, sostuvo a AFP: “más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo”.
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