Hace diez años, se transmitió una radionovela por el altavoz comunitario de un pequeño pueblo al norte de México, llamado San Bartolomé Quialana. La historia, llamada “Amanecer en Quialana”, era de una pareja que se enamoraba y decidía formar una familia. Los capítulos alcanzaban a escucharse en gran parte de la zona urbana, sobre todo en la iglesia y la plaza de mercado, pero, a medida que la trama avanzaba, el hombre, quien había sido tierno y amoroso, se transformó en alguien cruel y violento contra su esposa.
Sin que los habitantes supieran, la radionovela fue producida por una organización no gubernamental que hacía parte de un estudio para medir la influencia de los medios de comunicación en las creencias sociales sobre la violencia contra la mujer. Sus resultados fueron publicados por el investigador Eric Arias en la revista académica de la Universidad de Cambridge y, después de las transmisiones, se evidenció que los nativos toleraban menos la violencia de género. Pero, para que Arias llegara a una conclusión, tuvo que existir un componente fundamental: el acceso a la electricidad. Sin ella, los pobladores de Quialana no habrían tenido los medios para escuchar la radionovela.
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Esa investigación, publicada en 2018, es mencionada por Cecilia Suescún en su estudio, titulado “Ni una más en la oscuridad: el efecto de la energía eléctrica sobre la violencia contra la mujer en Colombia”, publicado hace poco por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y el CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía) de la Universidad de los Andes. Parte de sus resultados muestran la importancia del acceso de calidad a la energía eléctrica para poder denunciar casos de violencia intrafamiliar. Los resultados más determinantes fueron sobre la violencia intrafamiliar.
En el estudio de Suescún se lee que, en nuestro país, la televisión, la radio y el internet son una fuente de información importante para los hombres y mujeres colombianas. Por ejemplo, el 88 % de ellos utilizan la televisión como primera fuente para informarse sobre violencia de género, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de Profamilia, realizada por última vez en 2015. “Esos medios también son una vía fundamental para mostrarle a las personas que existen canales en los que pueden denunciar la violencia intrafamiliar”, cuenta Suescún, “y eso solo puede lograrse si hay electrificación”.
Para su investigación, Suescún rastreó más de mil subestaciones eléctricas que entraron en funcionamiento en Colombia entre 2011 y 2019. En ese primer año, explica, comenzaron a construirse subestaciones eléctricas de manera masiva, y por primera vez, en muchos municipios del país. Utilizó los registros de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad que pertenece al Ministerio de Minas y Energía, y es la encargada de identificar las necesidades de expansión y mejora del servicio de energía eléctrica en todo el país.
En Colombia, el acceso a la electricidad funciona mediante un Sistema Interconectado donde participan múltiples actores: generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores. Pero, según el estudio, “ha prevalecido la cobertura antes que la calidad en distribución del servicio de energía”. Eso quiere decir que, en el país, a pesar de que la cobertura eléctrica tiende a ser alta, todavía existen departamentos y municipios en donde la calidad del acceso es mala.
Además, el primer reporte del Índice Multidimensional de Pobreza Energética, desarrollado por la compañía eléctrica Promigas y la Fundación e Inclusión S.A.S. para 2023, muestra que 9,6 millones de colombianos viven en situación de pobreza energética. De ese grupo, el 61,8% vive en municipios con mala calidad de energía eléctrica; el 47,4% cocina con leña, carbón y desechos; y el 8 % está privado completamente de ese servicio.
Es por eso que, a lo largo del país, la construcción de subestaciones eléctricas se ha visto como una solución, pues, según Suescún, aumentan la calidad del acceso a energía e, incluso, conectan a nuevas personas. “Lo que encontré es que, en los territorios donde llegaron esas subestaciones, aumentaron las denuncias por violencia intrafamiliar”, dice.
Michael Weintraub fue el asesor del trabajo de Suescún. Él, politólogo y docente de la Universidad de los Andes, explica que para identificar la relación entre el acceso a energía eléctrica y el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar usaron una metodología conocida como “Diferencias en Diferencias”. Así analizaron los cambios de los territorios a nivel nacional antes y después de que llegaran las subestaciones eléctricas a partir de 2011.
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Algunas de las variables que incluyeron fue el número de miembros de la familia dentro del hogar, la edad y el nivel de educación de la mujer. También si el lugar donde vive tenía energía eléctrica o no. Luego, se pasó a preguntas que tenían que ver con la autonomía misma de las mujeres: ¿Quién suele decidir las grandes compras del hogar?, ¿quién suele decidir las compras para las necesidades diarias?, y ¿quién suele decidir sobre el cuidado de su salud?
Para identificar de qué manera el acceso a la energía eléctrica impactaba la denuncia de casos de violencia intrafamiliar, Suescún también rastreó información de tres fuentes: Medicina Legal, cuyos reportes por ese tipo de violencia corresponden a un examen médico-legal y ya deben tener una denuncia judicial; la Línea Púrpura nacional, en la que cada caso reportado es una llamada que no necesariamente implica un proceso judicial; y la Policía Nacional, con múltiples denuncias que llegan todos los días. “Sin embargo, mi estudio no está teniendo en cuenta que las mujeres sufren otro tipo de violencia, como la económica y psicológica. En Colombia, las autoridades no hacen una distinción entre qué tipo de violencia sufre la víctima del caso que están reportando”, cuenta Suescún.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se define como todo daño físico, psicológico o sexual perpetrado por un integrante del círculo familiar hacia otro.
En su investigación, Suescún menciona un estudio publicado en 2019 en la Revista Panamericana de Salud Pública que dice que, entre los 12 países de América Latina y el Caribe, Colombia se encuentra entre los cuatro primeros puestos con mayor violencia física y sexual por una pareja íntima y miembros del hogar. Además, reitera, los discursos que justifican la dominación del hombre sobre la mujer, e incluso sus múltiples formas de violencia, siguen siendo frecuentes.
De hecho, la ENDS de Profamilia demostró algunas de las creencias más comunes: más de la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres están de acuerdo con que “una buena esposa obedece a su esposo siempre”; el 60 % de hombres y mujeres concuerda con que “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta”; y un porcentaje similar cree que “los hombres necesitan de una mujer en la casa”. En la investigación de Suescún se lee que, “generalmente, estos discursos de género se encuentran más arraigados en individuos con niveles bajos de educación, en los quintiles de riqueza más bajos y en las zonas rurales”.
¿Qué cambios genera la electrificación en la vida de las mujeres?
Hace diez años, Ximena Peña, economista de la Universidad de los Andes, le regaló lavadoras a dos familias bogotanas. “De esto tan bueno no dan tanto”, dijeron Marcela Guerrero y su pareja Emerson Ortíz, quienes, como contó en su momento BBC Mundo, vivían en Suba, al norte de Bogotá, con su hijo recién nacido.
Su vida cambió de manera drástica: ambos comenzaron a dedicar menos tiempo en las labores del hogar y, cuando debían hacerlo, se dividían las cargas. Pero el cambio fue más evidente para Guerrero, pues consiguió trabajo en un comedor escolar y terminó sus estudios de bachillerato. El mismo resultado se repitió en la segunda familia a la que el proyecto de Peña le regaló una lavadora y, años más tarde, se planteó ir más lejos: subsidiar ese tipo de electrodomésticos a más de 200 familias en barrios marginales de Bogotá. Como resultado, Peña publicó la investigación “Lavadoras y roles de género: un estudio piloto para Colombia”.
“El ahorro de tiempo que implica para una mujer tener una lavadora en algunos sectores precarios de Colombia es supremamente importante”, explica Weintraub. “El trabajo de Suescún sigue esa línea”.
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De acuerdo con datos de la ENDS de Profamilia, las mujeres son quienes tienden a estar a cargo de las tareas domésticas: alrededor del 50 % de aquellas que respondieron la encuesta afirmaron que se encargan de la limpieza de la casa; el 60.8 % de la preparación de la comida; el 61.2 % de la limpieza de los baños; y el 68.8 % de lavar la ropa.
Las colombianas también dedican el doble de tiempo -7 horas y 44 minutos- que los hombres -3 horas y 6 minutos- a actividades domésticas no remuneradas, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2020-2021).
Entre los resultados de su estudio, Suescún encontró evidencia para afirmar que el acceso a la electricidad tiene impactos determinantes en el cambio de hábitos de las mujeres. ¿Por qué? “Porque, como está comprobado que siguen siendo ellas las que se ocupan en mayor medida de las actividades del hogar, cuando logran tener acceso a electrodomésticos que funcionan con electricidad, como las lavadoras de Peña, ellas ya no tienen que pasar horas y horas lavando a mano. El tiempo que les queda disponible lo pueden utilizar para estudiar, descansar o trabajar remuneradamente”, explica.
Además, encontró que, en los territorios donde llegó el acceso a energía eléctrica, las actitudes de hombres y mujeres estaban cambiando, sobre todo en la negociación dentro del hogar, la repartición de las tareas domésticas y la concesión sobre lo que es la violencia familiar como tal.
Sin embargo, no se encontró que el acceso a la energía influyera en la denuncia de feminicidios y otro tipo de violencia de género en específico, como la violencia sexual. Los resultados solo fueron para la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, que, según Suescún, sigue teniendo una gran cantidad de casos que no se registran por falta de denuncia. “Muchas mujeres no lo hacen porque creen que la violencia es algo común”, dice Suescún. “Los feminicidios tienen menos problema de casos que no se reportan porque, para hacerlo, obligatoriamente se necesita un levantamiento de cuerpo”.
El estudio aclara que, si bien para algunos países -como Colombia- la electricidad podría ayudar a que las mujeres denuncien más la violencia intrafamiliar, en otros podría servir también a los agresores para que tomen represalias contra sus víctimas.
Otra cosa que para Suescún es importante mencionar es que, el hecho de que se esté denunciando en mayor medida los casos de violencia intrafamiliar donde hay subestaciones eléctricas no quiere decir que los casos estén aumentando, sino que las mujeres tienen mayor información para comprender que lo que les sucede es, de hecho, violencia. “Y, de manera más significativa, ahora tienen más medios de comunicación por los que se pueden enterar de las rutas que existen para denunciar”, dice Suescún. “Además, usando datos a nivel individual entre 2005 y 2010, muestro evidencia sugestiva a favor del aumento en el empoderamiento femenino como un posible mecanismo detrás de estos resultados”.
En palabras de Weintraub, aunque no se conocen con certeza, y en el largo plazo, los efectos positivos que podría tener un mayor acceso a la energía sobre la violencia de género como tal, “sería interesante que investigaciones futuras indaguen sobre las consecuencias producto de ese empoderamiento y, también, sus influencias reales en el mercado laboral”, dice.
“Por eso, es importante pensar no solo en cómo podemos prevenir la violencia, sino en aumentar la divulgación de canales para las mujeres puedan identificar cuándo los víctimas”, añade Suescún. “Las mejoras en infraestructura o servicios públicos pueden ser claves para superar la barrera de la denuncia, y otro tipo de intervenciones, como el empoderamiento femenino, pueden incidir en esa decisión”.
