12 Jul 2021 - 2:00 a. m.

Decisiones sobre arroyo Bruno, ¿de espaldas a la comunidad wayuu?

Expertas y miembros de la comunidad denuncian que la sentencia que emitió la Corte en el 2017 no se está cumpliendo. Cuatro años después, aún no se ha acatado la medida provisional para determinar qué hacer con su cauce a corto plazo. Cerrejón y MinAmbiente dicen que ellos estaban en libertad de no cumplir esa medida.

En noviembre de 2017, la Corte Constitucional emitió una sentencia que fue calificada como histórica por la mayoría de los medios colombianos. Se trataba, de alguna manera, de una victoria que había logrado la comunidad wayuu frente al gigante Cerrejón, un proyecto de explotación de carbón ubicado en La Guajira desde los años 80, considerado una de las diez minas de carbón más grandes del mundo. Buscando expandirse, el Cerrejón desvió el arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros en la parte baja, reorientándolo 700 metros hacia al norte, para luego devolverlo a su cauce natural en el río Ranchería. Pero las comunidades wayuus de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero presentaron una tutela porque sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria se estaban vulnerando. Esa fue la tutela que falló la Corte, cuya implementación ha dejado un sabor amargo. (Lea Fernando Vela: un homenaje al médico ambientalista)

La decisión fue celebrada en su momento por varias razones. Tenía en cuenta escenarios de cambio climático, exploraba la pérdida de biodiversidad y se plantearon debates sobre el uso del suelo. Pero lo que más rescatan algunas expertas que estuvieron detrás de la sentencia es que su espíritu era la participación: lograr que las comunidades wayuus, así como instituciones y expertos, ayudaran a decidir qué debía pasar con el futuro del arroyo Bruno. (Puede leer aquí todas las noticias sobre la Amazonía)

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