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Pese a que el Gobierno Nacional logró recientemente un acuerdo con los pequeños mineros carboneros que adelantaban un paro desde el 4 de agosto, las negociaciones con los campesinos que habitan en los páramos del país aún continúan.
Según un comunicado de la Federación de Parameros del Oriente Colombiano, son varias las razones por las cuales los campesinos decidieron protestar. “Los productores agrícolas de los páramos seguimos completamente inconformes con las respuestas del Ministerio de Agricultura y de Ambiente, y ante la falta de soluciones reales por tantos años decidimos protestar”, manifestó la federación.
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Por un lado, los campesinos manifiestan que han sido estigmatizados como los responsables de la degradación de los páramos. Ante esto, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, nombrada tras la salida de Lena Estrada, sostuvo que “este Gobierno dice que los campesinos que son habitantes de páramo no son ilegales, ni criminales. Tienen derecho a las actividades productivas, particularmente a las de producción de alimentos”.
Por otro lado, hay una serie de medidas legales con las que los manifestantes no están de acuerdo. Una de estas es el decreto 044 de 2024, que permite crear zonas de reserva temporal en el país. Estas tienen el objetivo, en parte, de determinar en qué áreas es permitida, restringida y excluida la minería para la protección del medioambiente.
La declaratoria de estas áreas podrá tener una duración de hasta cinco años, prorrogable por una única vez. En el páramo de Santurbán ya fue creada una que abarca cerca de 75 mil hectáreas. Aunque el Ministerio de Ambiente ha aclarado que la medida no afecta las actividades agrícolas en los páramos, las comunidades siguen manifestando su descontento.
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Esta es la segunda vez que los parameros, a nivel nacional, realizan un paro en menos de un año por esta razón. En octubre del año pasado, más de 800 mineros, campesinos y agricultores provenientes de siete departamentos también protestaron ante esta medida. En aquella ocasión, la ministra encargada de las negociaciones fue Susana Muhammad, quien renunció a este cargo en febrero de este año.
El otro punto clave de las discusiones es la delimitación de los páramos, una medida con más años de antigüedad. En términos generales, esto permite conocer cuál es el área de los páramos y las actividades que se pueden realizar -y las que no- allí, con el fin de conservar el ecosistema.
Esta figura de conservación está amparada bajo la ley 1930 de 2018, que establece a los páramos como ecosistemas estratégicos, y fija las directrices que propendan por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento.
Esta ley ordena la delimitación de los páramos del país, prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la construcción de refinerías de hidrocarburos, las expansiones urbanas, la construcción de nuevas vías, el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias, la disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos, y la degradación de cobertura vegetal nativa.
Sin embargo, a los ojos de los campesinos de los páramos del país, la medida, más allá de proteger el ecosistema, los ha limitado a desarrollar sus actividades. “Ahora nos ha tocado vetar las Corporaciones Autónomas Regionales, pues lo único que hacen es ejecutar toda esa normatividad y limitan y perjudican la obligatoria inversión del Estado, e incluso la privada, pues ya no permiten que uno ingrese maquinaria amarilla para alguna necesidad del desarrollo de la producción de las fincas como nivelación, construcción o mantenimiento de las acequias, senderos, caminos o vías”, indicó la federación de campesinos en el comunicado.
Por esto, piden que se derogue la ley que ordena la delimitación de los páramos. Ante esta petición, Irene Vélez, la ministra (e), sostuvo que “no podemos levantar de un plumazo una estrategia de protección ambiental que lo que hace es delimitar un páramo para cuidarlo”.
Sin embargo, mencionó que es posible hablar de una revocatoria directa de la ley que debe estar suficientemente motivada. Asimismo, reiteró que “hoy por hoy hay un riesgo máximo al dejar un páramo sin protección ambiental”. Por esto, en un posible escenario de la revocatoria de la ley, habría que pensar en otro instrumento que permita proteger a los páramos del país.
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