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“Nadie nos avisó que el agua estuviera contaminada, pero la anemia y los problemas de salud de mi hijo acabaron explicándose cuando le hicieron análisis de sangre y salieron altas proporciones de metales pesados. Aunque hiervo y filtro el agua que nos dan, siempre me atormenta la idea de si estaré envenenando a mi hijo”. Ese es uno de los relatos que conoció Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento, quien visitó Perú.
10 millones de personas más están en riesgo, es decir, el 31% de la población de ese país, por ingerir tóxicos, como metales pesados a través del agua, según Arrojo. La contaminación está siendo generada por la minería y por aguas residuales. (Lea: Las mujeres también son protagonistas en la cumbre de biodiversidad)
En su informe, el relator especial sostuvo que, por ejemplo, más de la mitad de la población de Pasco, Puno, Amazonas, Callao, Madre de Dios, Moquegua, Cusco, Ucayali ingieren metales pesados, mientras que el porcentaje aumenta a un 100% en la población de Lambayeque.
Esta situación se suma a las múltiples afectaciones ambientales, entre las que resaltan la desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces. Pese a la gravedad de la situación, la Autoridad Nacional del Agua, niega la contaminación tóxica, según afirma Arrojo.
“Un ejemplo dramático es el de la ciudad de Cajamarca donde el 70% de la población bebe las aguas antes utilizadas por la empresa minera Yanacocha Newmont. Hace años que la empresa secó los manantiales del nacimiento del Río Grande, que históricamente abastecía a la ciudad. En la actualidad la empresa vierte al cauce los caudales previamente bombeados del acuífero y usados en sus procesos productivos para ser distribuidos a la población como agua potable, quebrándose así el precepto constitucional de prioridad”, cita el informe. (Lea: Organizaciones deportivas en el mundo firmaron acuerdo para proteger la naturaleza)
Además, afirma que hay dificultad para acceder a los análisis independientes sobre la presencia de contaminantes en el agua, ya que estos justamente son realizados por las mismas empresas mineras.
Ante esta situación, Arrojo Agudo hizo una serie de recomendaciones, entre las que resaltan: detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e implementar de manera efectiva la Ley respectiva, garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas; activar con urgencia la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales con la adecuada financiación; permitir la investigación y monitoreo independiente y transparente de la posible contaminación tóxica de abastecimientos y análisis epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública.
