Dudas sin resolver tras la prohibición del mercurio

En municipios como Río Quito (Chocó) o Remedios (Antioquia), los mineros informales aún usan mercurio comprado en el mercado negro. / El Espectador

Las últimas dos décadas fueron difíciles para los ríos colombianos. La intensa explotación de materias primas que vivió el país desde los primeros años del siglo XXI tuvo consecuencias catastróficas para varios afluentes. Muchas toneladas de mercurio fueron vertidas al agua a medida que el precio del oro, una de las actividades en las que se suele usar el metal, crecía a un ritmo vertiginoso. En cifras del Ideam, alrededor de 200 toneladas cayeron a los ríos y a los suelos en un solo año (2014). Muchas personas resultaron perjudicadas. Sus ecosistemas se transformaron y su salud se quebrantó.

El camino para resolver esa situación no ha sido fácil, pero ayer el Gobierno anunció un paso clave: desde este 16 de julio, advirtió, entró en vigencia la prohibición del mercurio en la minería de Colombia. Como se lo había planteado hace cinco años (en la Ley 1658 de 2013), en 2018 los mineros con títulos legales y autorización ambiental tenían que abandonar el uso del metal.

En cifras de esa cartera, eso quiere decir que se dejarán de importar 95 toneladas de esa sustancia que entraban de manera legal al país y que, posiblemente, desembocaban en el uso de minería de oro. Tras extraer el material de la tierra, los mineros solían formar una amalgama con el mercurio que luego evaporaban con ayuda del fuego. Eso les permitía extraer el metal precioso con mucha más facilidad.

Los perjuicios de ese mecanismo se han repetido en varias ocasiones. Al evaporarse o al caer a los ríos, el mercurio termina llegando a los humanos. Lo más frecuente es que en el fondo del río se transforme en metilmercurio y sea transferido de especie en especie en una larga cadena alimenticia, en cuya cima están los humanos. Cuando eso sucede, como lo reitera la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo más posible es que perjudique los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones y los riñones. El mercurio también puede generar trastornos neurológicos y de comportamiento, temblores, pérdida de memoria, problemas neuromusculares y disfunciones cognitivas.

Con el paso que se dio ayer se logra un importante avance para evitar que eso siga sucediendo, pero quedan dos retos. El primero es prohibir por completo la utilización del mercurio en otros procesos productivos e industriales. Baterías, bombillas, algunos equipos electrónicos como monitores LCD y diversos elementos de odontología y medicina siguen empleándolo. La idea es que en 2023 deje de usarse el metal en esos procedimientos.

El segundo desafío es mucho más complejo: reducir y combatir el comercio de mercurio que se está empleando en la minería de oro informal, ilegal y criminal. Como cuenta un habitante de Río Quito, Chocó, uno de los municipios más afectados por la minería de oro criminal, “pese a la prohibición que ha hecho el Gobierno y pese a las normas y los comunicados de prensa, las dragas continúan usando mercurio para extraer oro de su río”. Estas máquinas, tan grandes como un edificio de dos o tres pisos, utilizan entre 10 y 12 libras de mercurio cada 20 horas. “Acá siguen haciendo minería como siempre lo han hecho. En el centro dicen una cosa, pero acá la realidad es otra”, advierte.

Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), concuerda con esa versión. A sus ojos el gran reto es frenar la comercialización de mercurio que continúa haciéndose pese a que las importaciones, de acuerdo con el Minambiente, se han reducido de 95 a 5 toneladas.

Cabrera lo explica con una anécdota: “Hace poco estuve en Remedios (Antioquia) y lo que ha sucedido es que el mercurio proveniente del mercado negro se ha encarecido. Antes un kilo costaba $150 mil y en este momento estaba bordeando los $800 mil”.

Es difícil saber de dónde proviene ese material, pero algunas pistas sugieren, según Cabrera, que puede estar entrando por Perú o Ecuador. Y la gran dificultad es que, como lo han dicho en repetidas ocasiones diferentes autoridades colombianas, más del 80 % de la minería aurífera que se explota en el país la hacen actores que no tienen un título legal.

¿Cómo resolver esta complejidad? ¿De qué manera frenar el uso de mercurio en comunidades como la de Río Quito, donde la minería ha estado atada a grupos al margen de la ley? Son preguntas que aún están sin responder.