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El Fondo Soberano de Noruega, oficialmente llamado Government Pension Fund Global (GPFG), es uno de los mayores fondos de riqueza estatal del mundo. Fue creado a comienzos de los años noventa para invertir los ingresos excedentes del petróleo y el gas del país y así asegurar los recursos del Estado en el largo plazo, pensando en las generaciones futuras. La mayor parte de su crecimiento proviene de las rentas obtenidas mediante una estrategia de inversión global y diversificada en acciones —entre ellas, participaciones en empresas como Ecopetrol—, así como en renta fija, bienes raíces e infraestructura de energías renovables.
En una decisión histórica, fundamentada en la constatación de violaciones a los derechos humanos de comunidades en los territorios donde opera Ecopetrol, el Consejo de Ética del Fondo, un órgano independiente encargado de evaluar si las empresas en las que invierte el Fondo cumplen con estándares éticos mínimos, en particular en materia de derechos humanos y conducta empresarial, acaba de excluir a Ecopetrol de su universo de inversión.
En la práctica, el Consejo de Ética investiga de oficio o a partir de información pública, denuncias de comunidades, informes judiciales, académicos y de organizaciones de derechos humanos. Cuando constata un riesgo inaceptable o probado de violaciones graves —como la afectación sistemática de derechos humanos de comunidades en los territorios donde opera una empresa— elabora una recomendación motivada que puede incluir la exclusión o la observación activa de la compañía. Esa recomendación se envía al gestor Financiero del Fondo (Norges Bank Investment Management – NBIM) que toma la decisión final de desinvertir o excluir, usualmente siguiendo el criterio del Consejo. El énfasis no está en castigar retroactivamente, sino en evitar que el capital público noruego contribuya, directa o indirectamente, a daños éticos graves, haciendo de la conducta corporativa un criterio central de gobernanza financiera global.
Aunque el documento de la recomendación del Consejo de Ética no es hoy accesible —como resultado de un retroceso en los estándares de transparencia del Fondo, que dejó de publicar estas decisiones—, la base fáctica que sustenta la exclusión de Ecopetrol es contundente y está ampliamente documentada. En particular, la Sentencia T-390 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia que reconoció la vulneración grave, continua y acumulativa de los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá como consecuencia de los derrames petroleros asociados a la operación del Oleoducto Transandino, ordenando su reparación integral. El fallo concluyó que tanto el Estado colombiano —accionista mayoritario de Ecopetrol— como la empresa y su filial incumplieron el deber de debida diligencia en derechos humanos, al no prevenir, mitigar ni reparar impactos que han puesto al pueblo Awá en riesgo de exterminio físico y cultural. Estas constataciones judiciales, que hemos documentado y denunciado desde Dejusticia junto con las propias autoridades Awá, constituyen evidencia sólida de una conducta empresarial negligente, plenamente compatible con los estándares que activan los mecanismos de exclusión ética del Fondo Soberano de Noruega.
Esta decisión tiene al menos dos implicaciones centrales. La primera es financiera y de alcance global: la exclusión de Ecopetrol obliga al Fondo Soberano de Noruega a vender sus activos en la empresa y le impide volver a adquirir sus acciones mientras no se demuestre, de manera verificable, que la compañía ha corregido su conducta conforme a las recomendaciones del Consejo de Ética. Dada la posición del Fondo como referente mundial en inversión, esta decisión puede generar un efecto dominó en los mercados financieros, llevando a que otros fondos soberanos y privados revisen o sigan el mismo camino. La segunda implicación es política y ética: tanto Ecopetrol como el Gobierno Nacional tienen ahora la obligación ineludible de explicarle al país y a las comunidades afectadas —en particular al pueblo Awá— qué medidas concretas adoptarán para garantizar la debida diligencia, evitar nuevas violaciones a los derechos humanos y reparar de forma integral los daños causados, si quieren recuperar legitimidad, confianza y acceso al capital global.
*Colaborador de El Espectador y director ambiental académico de Dejusticia.
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