El ajuste de cuentas a los responsables de detener la deforestación

Presidencia: tan sólo palabras

Aunque la Corte Suprema de Justicia le ordenó hace más de un año a Presidencia dos tareas específicas para frenar la deforestación en la Amazonia, sus avances hoy son pobres. La primera de ellas era formular un plan de acción que contrarrestara el problema; la segunda, crear el Pacto Intergeneracional por la Vida. Si bien Presidencia le delegó ambas responsabilidades al Ministerio de Ambiente, no hay un adelanto sobre la creación de dicho plan, ni un interés del Gobierno de Duque por cumplir la sentencia según los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. 

Ministerios limpiándose las manos

La mayoría de carteras han comparecido ante los jueces. Algunos, como MinComercio y MinCultura, ni siquiera se han presentado a las audiencias. Otros, en el caso de MinDefensa,  MinMinas y MinTransporte, han enviado funcionarios ajenos a la tarea de implementar la sentencia para proteger la Amazonía. MinAgricultura y MinInterior han afirmado que muchos temas relacionados con la deforestación no están entre sus responsabilidades. El primero refiriéndose al control territorial de cultivos de palma ilegal; el segundo, justificando que crear un plan de acción articulado para combatir la tala no es su competencia. Aunque a todas las carteras se les ordenó ejecutar proyectos en el Amazonas, en las audiencias no se ha visto ninguna de sus iniciativas. 

MinTic aislado

Por ser uno de los actores responsables de crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas, el Ministerio de Tecnologías ha asumido las tareas de conectar las zonas de deforestación y promover allí sistemas para informar a las comunidades sobre bosques y biodiversidad. Prometen que el próximo año estos lugares tendrán centros y zonas digitales en cada departamento. Pero en esa labor, la cartera no ha tenido contacto con los locales tales como medio y radios comunitarios para ampliar el alcance hasta los puntos más apartados. 

MinEducación sin datos

Aunque su prioridad se ha convertido en educar frente al cambio climático y a impulsar proyectos ambientales escolares (PRAE), los jueces los criticaron por no estar evaluando el impacto de la educación ambiental en los jóvenes de la amazonia colombiana. 

MinAmbiente a medias

Si bien se echó al hombro todas las órdenes atribuidas al Gobierno, el fruto de estos deberes está aún en el aire. Hasta el momento, sobre el Plan de Acción exigido por la Corte solo existe un borrador construido con las comunidades de las cabeceras municipales de la Amazonia, sin escuchar a los habitantes de las áreas apartadas. Del PIVAC, asimismo, solo se tiene una propuesta de cronograma a la que le falta tiempos, responsables y presupuesto. En su defensa aseguran tener delimitado los motores de la deforestación y contar con una actualización de las alertas de deforestación de este año. Lo último, no obstante, no está disponible en línea para la divulgación ciudadana de acuerdo con DeJusticia. 

Guaviare: sin información

Las gobernaciones debían generar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación. Los municipios, por su parte, debían actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, Guaviare, el tercer departamento más deforestado del país en 2018 sorprendió a los magistrados. Su rendición de cuentas dejó más dudas que certezas. La gobernación del departamento no estuvo en capacidad de mostrar los alcances ni resultados obtenidos, y se presentó con una exposición genérica y sin información clara sobre quiénes podrían ser los grandes deforestadores del territorio, pese a la gravedad de la situación de la zona, en la que confluyen cultivos de coca, ganadería extensiva, grupos armados, acaparamiento y especulación de tierras. Aunque la gobernación resaltó la creación de comités y mesas para discutir la problemática, también aseguró no tener avances en la formulación de estrategias para frenar la deforestación. También quedó expuesta la desconexión entre el Gobierno Central y las autoridades locales y la falta de conocimiento de las autoridades frente a las comunidades étnicas del departamento. “Nos preocupa cómo se han gestado todos esos planes de los que hablan, si lo que se evidencia es un desconocimiento de sus territorios y sus gentes”, aseguró la Defensoría del Pueblo.

Gobernación de Putumayo

Tras la cuarta semana del juicio, los jueces encontraron la existencia de planes de acción aparentemente estructurados por la Gobernación de Putumayo, pero imposibles de ser cumplidos por parte de los gobiernos locales debido, principalmente, a la ausencia de personal, presupuesto, falta de apoyo del Gobierno nacional y condiciones de seguridad. El tribunal solicitó aterrizar las promesas en acciones efectivas y pidió a los municipios llevar cifras y necesidades puntuales. También, la construcción de un cronograma y no solo los cumplimientos formales de la sentencia. 

Las alertas de Meta y Vichada

Voceros de los gobiernos locales y regionales advirtieron de tres problemáticas que han impedido llevar a cabo acciones concretas mientras la deforestación en sus departamentos aumenta. Aseguran que Presidencia y Minambiente no han difundido efectivamente el fallo en las regiones y que las autoridades locales tampoco se han interesado en conocerlo. También de la presencia de grupos al margen de la ley que impiden el ingreso a los territorios, y sitúan la ganadería, quemas de bosques, la ampliación de la frontera agrícola y la llegada de nuevos colonos con maquinaria pesada y cabezas de ganado como los principales motores de deforestación que no están siendo detenidos. Para la Procuraduría el peso de las acciones no puede caer solo en las autoridades regionales y Minambiente, Minagricultura y el ICA deben crear una estrategia nacional para controlar la ganadería. Los magistrados, por su parte, pidieron a voceros presentar informes detallados y organizados sobre la deforestación especificando acciones y planes de acción previstos. 

Parques, con mañita

Cinco son los operativos que ha realizado Parques Nacionales para combatir la tala de bosque amazónico en el Parque Nacional Natural La Paya, Chiribiquete y Los Picachos. Estos hechos, gracias a los que se recuperaron 4 mil hectáreas deforestadas, han sido denunciados por organizaciones campesinas a causa de presuntos abusos, entre ellos, haber incinerado pertenencias, casas y animales durante las intervenciones. En su defensa, Parques sostiene estas labores están dirigidas a dar con las cabezas de las mafias que destruyen el ecosistema, pero los jueces insisten en que tal estrategia no debe ser reactiva y debe, en cambio, proteger a la población. 

CARS sin plata

Reforestar es muy caro. Esa fue la queja de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), Cormacarena y Corpoamazonia. Las tres, encargadas de realizar un plan de acción para enfrentar la tala ilegal, fueron apoyadas por los magistrados del Tribunal. Los jueces exigen que el Gobierno les garanticen medidas de protección porque están actuando solas en zonas fuertes de seguridad y criminalidad. 

Municipios de la Amazonia, ausentes

Aunque la Corte le ordenó a los 81 municipios que conforman la Amazonia actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial, la tarea todavía está en veremos. Tan bajo es el compromiso que solo dos alcaldes, el de Puerto Nariño (Amazonas) y Taraira (Vaupés), de los 5 municipios y 12 áreas no municipalizadas que debían comparecer se presentaron a las audiencias citadas en Bogotá, Leticia y Mitú. Sus ausencias, que podría ser causa de desacato, han sido justificadas por lo difícil que les queda trasladarse y por la falta de viáticos que el Gobierno nacional no les garantizó. 

Puerto Nariño a salvo

Este municipio, ubicado en el Amazonas, está constituido principalmente por resguardos indígenas. Esa realidad ha hecho que, según su alcalde José Alberto Lozada, no exista la deforestación en el territorio. De ahí que la tarea que han asumido tras la sentencia de la Corte sea conservar y proteger los ecosistemas. Un ejemplo de ello es la reciente declaración de los Lagos Tarapoto como el primer sitio Ramsar de la Amazonia colombiana. 

Taraira sin fuerza pública

La deforestación en este municipio del Vaupés aumentó un 60 % de 2017 a 2018. Este problema, que devastó 155 hectáreas el año pasado, se debe a que el territorio es “boscoso y de difícil acceso y la Policía llega solo hasta un límite”, según su alcalde César Mauricio Martínez. El problema es que la degradación de bosque en Taraira no se debe solo a la tala ilegal sino también a la minería y a las aguas contaminadas desde Brasil. Ese panorama, sin embargo, no ha sido amortiguado por las autoridades como la fuerza pública que le adjudican la responsabilidad a la viceministra para las Políticas y Asuntos Internacionales, Diana Abaunza. Jueces reprueban la falta de apoyo. 

Presidencia: tan sólo palabras

Aunque la Corte Suprema de Justicia le ordenó hace más de un año a Presidencia dos tareas específicas para frenar la deforestación en la Amazonia, sus avances hoy son pobres. La primera de ellas era formular un plan de acción que contrarrestara el problema; la segunda, crear el Pacto Intergeneracional por la Vida. Si bien Presidencia le delegó ambas responsabilidades al Ministerio de Ambiente, no hay un adelanto sobre la creación de dicho plan, ni un interés del Gobierno de Duque por cumplir la sentencia según los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. 

Ministerios limpiándose las manos

La mayoría de carteras han comparecido ante los jueces. Algunos, como MinComercio y MinCultura, ni siquiera se han presentado a las audiencias. Otros, en el caso de MinDefensa,  MinMinas y MinTransporte, han enviado funcionarios ajenos a la tarea de implementar la sentencia para proteger la Amazonía. MinAgricultura y MinInterior han afirmado que muchos temas relacionados con la deforestación no están entre sus responsabilidades. El primero refiriéndose al control territorial de cultivos de palma ilegal; el segundo, justificando que crear un plan de acción articulado para combatir la tala no es su competencia. Aunque a todas las carteras se les ordenó ejecutar proyectos en el Amazonas, en las audiencias no se ha visto ninguna de sus iniciativas. 

MinTic aislado

Por ser uno de los actores responsables de crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas, el Ministerio de Tecnologías ha asumido las tareas de conectar las zonas de deforestación y promover allí sistemas para informar a las comunidades sobre bosques y biodiversidad. Prometen que el próximo año estos lugares tendrán centros y zonas digitales en cada departamento. Pero en esa labor, la cartera no ha tenido contacto con los locales tales como medio y radios comunitarios para ampliar el alcance hasta los puntos más apartados. 

MinEducación sin datos

Aunque su prioridad se ha convertido en educar frente al cambio climático y a impulsar proyectos ambientales escolares (PRAE), los jueces los criticaron por no estar evaluando el impacto de la educación ambiental en los jóvenes de la amazonia colombiana. 

MinAmbiente a medias

Si bien se echó al hombro todas las órdenes atribuidas al Gobierno, el fruto de estos deberes está aún en el aire. Hasta el momento, sobre el Plan de Acción exigido por la Corte solo existe un borrador construido con las comunidades de las cabeceras municipales de la Amazonia, sin escuchar a los habitantes de las áreas apartadas. Del PIVAC, asimismo, solo se tiene una propuesta de cronograma a la que le falta tiempos, responsables y presupuesto. En su defensa aseguran tener delimitado los motores de la deforestación y contar con una actualización de las alertas de deforestación de este año. Lo último, no obstante, no está disponible en línea para la divulgación ciudadana de acuerdo con DeJusticia. 

Guaviare: sin información

Las gobernaciones debían generar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación. Los municipios, por su parte, debían actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, Guaviare, el tercer departamento más deforestado del país en 2018 sorprendió a los magistrados. Su rendición de cuentas dejó más dudas que certezas. La gobernación del departamento no estuvo en capacidad de mostrar los alcances ni resultados obtenidos, y se presentó con una exposición genérica y sin información clara sobre quiénes podrían ser los grandes deforestadores del territorio, pese a la gravedad de la situación de la zona, en la que confluyen cultivos de coca, ganadería extensiva, grupos armados, acaparamiento y especulación de tierras. Aunque la gobernación resaltó la creación de comités y mesas para discutir la problemática, también aseguró no tener avances en la formulación de estrategias para frenar la deforestación. También quedó expuesta la desconexión entre el Gobierno Central y las autoridades locales y la falta de conocimiento de las autoridades frente a las comunidades étnicas del departamento. “Nos preocupa cómo se han gestado todos esos planes de los que hablan, si lo que se evidencia es un desconocimiento de sus territorios y sus gentes”, aseguró la Defensoría del Pueblo.

Gobernación de Putumayo

Tras la cuarta semana del juicio, los jueces encontraron la existencia de planes de acción aparentemente estructurados por la Gobernación de Putumayo, pero imposibles de ser cumplidos por parte de los gobiernos locales debido, principalmente, a la ausencia de personal, presupuesto, falta de apoyo del Gobierno nacional y condiciones de seguridad. El tribunal solicitó aterrizar las promesas en acciones efectivas y pidió a los municipios llevar cifras y necesidades puntuales. También, la construcción de un cronograma y no solo los cumplimientos formales de la sentencia. 

Las alertas de Meta y Vichada

Voceros de los gobiernos locales y regionales advirtieron de tres problemáticas que han impedido llevar a cabo acciones concretas mientras la deforestación en sus departamentos aumenta. Aseguran que Presidencia y Minambiente no han difundido efectivamente el fallo en las regiones y que las autoridades locales tampoco se han interesado en conocerlo. También de la presencia de grupos al margen de la ley que impiden el ingreso a los territorios, y sitúan la ganadería, quemas de bosques, la ampliación de la frontera agrícola y la llegada de nuevos colonos con maquinaria pesada y cabezas de ganado como los principales motores de deforestación que no están siendo detenidos. Para la Procuraduría el peso de las acciones no puede caer solo en las autoridades regionales y Minambiente, Minagricultura y el ICA deben crear una estrategia nacional para controlar la ganadería. Los magistrados, por su parte, pidieron a voceros presentar informes detallados y organizados sobre la deforestación especificando acciones y planes de acción previstos. 

Parques, con mañita

Cinco son los operativos que ha realizado Parques Nacionales para combatir la tala de bosque amazónico en el Parque Nacional Natural La Paya, Chiribiquete y Los Picachos. Estos hechos, gracias a los que se recuperaron 4 mil hectáreas deforestadas, han sido denunciados por organizaciones campesinas a causa de presuntos abusos, entre ellos, haber incinerado pertenencias, casas y animales durante las intervenciones. En su defensa, Parques sostiene estas labores están dirigidas a dar con las cabezas de las mafias que destruyen el ecosistema, pero los jueces insisten en que tal estrategia no debe ser reactiva y debe, en cambio, proteger a la población. 

CARS sin plata

Reforestar es muy caro. Esa fue la queja de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), Cormacarena y Corpoamazonia. Las tres, encargadas de realizar un plan de acción para enfrentar la tala ilegal, fueron apoyadas por los magistrados del Tribunal. Los jueces exigen que el Gobierno les garanticen medidas de protección porque están actuando solas en zonas fuertes de seguridad y criminalidad. 

Municipios de la Amazonia, ausentes

Aunque la Corte le ordenó a los 81 municipios que conforman la Amazonia actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial, la tarea todavía está en veremos. Tan bajo es el compromiso que solo dos alcaldes, el de Puerto Nariño (Amazonas) y Taraira (Vaupés), de los 5 municipios y 12 áreas no municipalizadas que debían comparecer se presentaron a las audiencias citadas en Bogotá, Leticia y Mitú. Sus ausencias, que podría ser causa de desacato, han sido justificadas por lo difícil que les queda trasladarse y por la falta de viáticos que el Gobierno nacional no les garantizó. 

Puerto Nariño a salvo

Este municipio, ubicado en el Amazonas, está constituido principalmente por resguardos indígenas. Esa realidad ha hecho que, según su alcalde José Alberto Lozada, no exista la deforestación en el territorio. De ahí que la tarea que han asumido tras la sentencia de la Corte sea conservar y proteger los ecosistemas. Un ejemplo de ello es la reciente declaración de los Lagos Tarapoto como el primer sitio Ramsar de la Amazonia colombiana. 

Taraira sin fuerza pública

La deforestación en este municipio del Vaupés aumentó un 60 % de 2017 a 2018. Este problema, que devastó 155 hectáreas el año pasado, se debe a que el territorio es “boscoso y de difícil acceso y la Policía llega solo hasta un límite”, según su alcalde César Mauricio Martínez. El problema es que la degradación de bosque en Taraira no se debe solo a la tala ilegal sino también a la minería y a las aguas contaminadas desde Brasil. Ese panorama, sin embargo, no ha sido amortiguado por las autoridades como la fuerza pública que le adjudican la responsabilidad a la viceministra para las Políticas y Asuntos Internacionales, Diana Abaunza. Jueces reprueban la falta de apoyo.