El Atrato y su primera gota de esperanza

Las primeras semanas de julio de este año, Angélica Cuevas, periodista, y Luis Ángel, fotógrafo, ambos de El Espectador, hicieron un viaje al Pacífico colombiano para explorar uno de los rincones más olvidados de estas tierras. Tras navegar el río Atrato en panga llegaron a un municipio a 30 kilómetros de Quibdó, del que el país solo conocía noticias escabrosas. Como esa que decía que en aquel lugar casi toda la población aún vive con el 98 % de sus necesidades básicas insatisfechas y como esa otra que revelaba que Río Quito, con sus tres corregimientos (Villa Conto, San Isidro y Paimadó), era –es– el municipio más pobre de Colombia.

 

Lo que se encontraron fue la cara más cruda de la minería colombiana. Las desmedidas ansias de oro que empezaron a crecer cuando las dragas llegaron en 1999 con acento brasileño, habían destrozado el cauce del río, habían quebrado el paisaje chocoano y habían acabado con los principales medios de subsistencia: la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Río Quito, desde entonces, había tenido que lidiar con el abandono y con la maldición de tener diez de sus catorce especies de peces repletas de mercurio. Y con ello, había tenido que sortear también las amenazas guerrilleras y los caprichos paramilitares.

 

Esa población fue la que esta semana recibió un noticia que les cayó como una especie de alivio. Después de ocho años de denuncias, de superar filas y torpezas burocráticas, sus reclamos fueron escuchados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción popular a favor de aquellas comunidades afrodescendientes por la violación de varios de sus derechos: su derecho a un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad y seguridad públicas.

 

En la sentencia, la alta corte reconoce lo que desde hace más de una década organizaciones como Tierra Digna y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) les habían repetido a las autoridades y al Ministerio de Ambiente: que la minería ilegal, con sus dragas y sus balas, ha degradado todo el ecosistema, puesto en riesgo la salud de quienes están a orillas del río y acabado con la pesca y las actividades agrícolas.

 

Ante eso, el Tribunal le ordenó a la Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó) y al municipio mismo, presentar ante el Minambiente un proyecto para mitigar y controlar esa minería que alguna vez permitió que 27 dragas juntas removieran el río. El plan, que también debe prevenir los futuros daños de la explotación y la tala indiscriminada, deberá ejecutarse en seis meses.

 

La misma advertencia hacen los magistrados en términos de salud. Las autoridades tienen un mes para crear un programa que preserve la salud de los pobladores, en peligro por la exposición a mercurio: no son pocos los que se quejan de enfermedades en la piel o de infecciones vaginales. Y la cartera que encabeza Alejandro Gaviria deberá ayudar a cumplirlo en un semestre.

 

Para Ximena González, abogada de Tierra Digna, organización que ha apoyado jurídicamente a las comunidades desde 2011, esta sentencia representa un gran avance. Pero, dice, es apenas una gota de esperanza en medio de ese gran problema social y ambiental en que están sumidos Chocó y las comunidades a orillas del Atrato.

“Sabemos que los plazos son cortos, pero los entendemos como la ratificación de que se necesitan medidas urgentes. Hoy, además, hay un panorama político interesante: hay nuevo alcalde y nuevo gobernador. Ellos deben incluir proyectos de recuperación en sus planes de desarrollo”, explica.

 

González ve con buenos ojos el hecho de que el tribunal muestre la trascendencia de emprender acciones que apunten a la restauración social y ambiental, en vez de la implementación de “mano dura” y retenciones. Ya varios los líderes de consejos comunitarios han sido judicializados equívocamente.

 

Sin embargo, ella y su equipo de Tierra Digna creen también que la decisión se queda coja en un par de aspectos: no menciona a los actores armados ni la responsabilidad de la Policía en todos estos daños.

 

Pero la principal duda que queda en el aire es si las entidades asumirán con juicio sus responsabilidades. La población sabe que la omisión está entre la baraja de posibilidades, pero saben también que están ante una oportunidad única. Ahora tienen muchos más argumentos para exigir sus derechos. En últimas, lo que buscan es que Chocó, después de tanto sufrimiento, pueda ser algún día un escenario piloto que le permita a Colombia mirar hacia atrás y recuperar lo que le robó la minería ilegal.

Las primeras semanas de julio de este año, Angélica Cuevas, periodista, y Luis Ángel, fotógrafo, ambos de El Espectador, hicieron un viaje al Pacífico colombiano para explorar uno de los rincones más olvidados de estas tierras. Tras navegar el río Atrato en panga llegaron a un municipio a 30 kilómetros de Quibdó, del que el país solo conocía noticias escabrosas. Como esa que decía que en aquel lugar casi toda la población aún vive con el 98 % de sus necesidades básicas insatisfechas y como esa otra que revelaba que Río Quito, con sus tres corregimientos (Villa Conto, San Isidro y Paimadó), era –es– el municipio más pobre de Colombia.

 

Lo que se encontraron fue la cara más cruda de la minería colombiana. Las desmedidas ansias de oro que empezaron a crecer cuando las dragas llegaron en 1999 con acento brasileño, habían destrozado el cauce del río, habían quebrado el paisaje chocoano y habían acabado con los principales medios de subsistencia: la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Río Quito, desde entonces, había tenido que lidiar con el abandono y con la maldición de tener diez de sus catorce especies de peces repletas de mercurio. Y con ello, había tenido que sortear también las amenazas guerrilleras y los caprichos paramilitares.

 

Esa población fue la que esta semana recibió un noticia que les cayó como una especie de alivio. Después de ocho años de denuncias, de superar filas y torpezas burocráticas, sus reclamos fueron escuchados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción popular a favor de aquellas comunidades afrodescendientes por la violación de varios de sus derechos: su derecho a un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad y seguridad públicas.

 

En la sentencia, la alta corte reconoce lo que desde hace más de una década organizaciones como Tierra Digna y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) les habían repetido a las autoridades y al Ministerio de Ambiente: que la minería ilegal, con sus dragas y sus balas, ha degradado todo el ecosistema, puesto en riesgo la salud de quienes están a orillas del río y acabado con la pesca y las actividades agrícolas.

 

Ante eso, el Tribunal le ordenó a la Corporación Autónoma del Chocó (Codechocó) y al municipio mismo, presentar ante el Minambiente un proyecto para mitigar y controlar esa minería que alguna vez permitió que 27 dragas juntas removieran el río. El plan, que también debe prevenir los futuros daños de la explotación y la tala indiscriminada, deberá ejecutarse en seis meses.

 

La misma advertencia hacen los magistrados en términos de salud. Las autoridades tienen un mes para crear un programa que preserve la salud de los pobladores, en peligro por la exposición a mercurio: no son pocos los que se quejan de enfermedades en la piel o de infecciones vaginales. Y la cartera que encabeza Alejandro Gaviria deberá ayudar a cumplirlo en un semestre.

 

Para Ximena González, abogada de Tierra Digna, organización que ha apoyado jurídicamente a las comunidades desde 2011, esta sentencia representa un gran avance. Pero, dice, es apenas una gota de esperanza en medio de ese gran problema social y ambiental en que están sumidos Chocó y las comunidades a orillas del Atrato.

“Sabemos que los plazos son cortos, pero los entendemos como la ratificación de que se necesitan medidas urgentes. Hoy, además, hay un panorama político interesante: hay nuevo alcalde y nuevo gobernador. Ellos deben incluir proyectos de recuperación en sus planes de desarrollo”, explica.

 

González ve con buenos ojos el hecho de que el tribunal muestre la trascendencia de emprender acciones que apunten a la restauración social y ambiental, en vez de la implementación de “mano dura” y retenciones. Ya varios los líderes de consejos comunitarios han sido judicializados equívocamente.

 

Sin embargo, ella y su equipo de Tierra Digna creen también que la decisión se queda coja en un par de aspectos: no menciona a los actores armados ni la responsabilidad de la Policía en todos estos daños.

 

Pero la principal duda que queda en el aire es si las entidades asumirán con juicio sus responsabilidades. La población sabe que la omisión está entre la baraja de posibilidades, pero saben también que están ante una oportunidad única. Ahora tienen muchos más argumentos para exigir sus derechos. En últimas, lo que buscan es que Chocó, después de tanto sufrimiento, pueda ser algún día un escenario piloto que le permita a Colombia mirar hacia atrás y recuperar lo que le robó la minería ilegal.