El “boom” por el cobre en Colombia se sobrepone con áreas de importancia ambiental

En Colombia, la única mina que extrae cobre a escala industrial es El Roble, que opera desde 1987. Pero varios proyectos más quieren empezar a hacerlo.

Foto: ANM

Colombia está viviendo un boom de solicitudes para extraer cobre en su territorio. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros que incluyen el cobre al año —contratos que otorga el Estado para explorar y explotar minerales en un área determinada—, en la última década la cifra aumentó a casi 60, según un análisis de datos realizado para esta investigación.

Además del boom de solicitudes que ha vivido el país en la última década, la ANM está impulsando, desde finales de 2025, la exploración de cobre en 14 áreas definidas por su alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales, según dijo esa entidad.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha señalado que el país tiene un gran potencial para la extracción de cobre “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente y desde hace más de 30 años, solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.

Mientras tanto, la producción de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos para la transición energética está haciendo que el mundo necesite cada vez más cobre. “Si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”, explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) —una ONG que apoya a países del sur global en la gestión transparente y responsable de las industrias extractivas.

Una sola turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.

A pesar de ese crecimiento en la demanda, la producción mundial de cobre no está dando abasto. La Agencia Internacional de Energía (IEA) alerta que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre cercano al 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos. Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”: la región concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de este metal, pero el desarrollo de proyectos de exploración y explotación aún sigue siendo bajo.

Con el potencial que tiene Colombia para producir este mineral, la Agencia Nacional de Minería (ANM) quiere posicionar al país entre los principales productores de América Latina, un listado que encabezan Chile, Perú y México.

Para dimensionar el avance de la minería de cobre en Colombia, una alianza periodística liderada por Climate Tracker, con participación de El Espectador, recopiló y geolocalizó, a partir de información oficial de la ANM, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral. El análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala en el país que incluyen al cobre entre sus minerales de interés. También se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).

El mapa del cobre en Colombia

Hasta mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó biogeográfico, una región reconocida por su abundante biodiversidad. Pero eso empezó a cambiar a mediados de ese mes, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.

Como estos, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética. Según información del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, en Colombia hay por lo menos 210 títulos activos, de mediana y gran escala, que incluyen al cobre entre sus minerales objetivo. De estos, uno se encuentra en etapa de evaluación técnica anticipada (una fase previa a la exploración para evaluar el potencial mineral del área), 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación (aunque la mayoría de estos no tienen al cobre como mineral principal).

Sin embargo, como advierte un informe de la UPME, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”. Por ejemplo, de los 210 títulos activos analizados, solo 10 establecieron el cobre como su único mineral objetivo. La mayoría, incluidos los grandes proyectos como El Alacrán y El Roble, abarca también minerales como oro, plata, platino, plomo, molibdeno, entre otros; aunque no necesariamente extraen todos esos minerales.

“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles en ese título [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera]”, explican desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.

En Colombia, datos de la ANM estiman que el 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría de protección que no permite las actividades mineras a menos que el área del título sea “sustraída” temporal o definitivamente, es decir, que se le retire su categoría de reserva—. Otro 22 % se encuentra en áreas donde se prohíbe hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

El análisis geográfico realizado para esta investigación evidenció que, de los 210 títulos de mediana y gran escala que se encuentran activos para buscar cobre en Colombia, hay por lo menos 118 que se superponen con zonas de importancia ambiental como reservas forestales, áreas naturales protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos, entre otras. De estos, al menos 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (donde la actividad minera está prohibida) como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo; y los páramos Chiles-Cumbal y Sotará.

Como explica Álvaro Pardo, expresidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y experto en derecho minero-energético, uno de los grandes desafíos al llegar al cargo (en 2022) fue la “depuración” y actualización del catastro minero. “Teníamos una herencia difícil, porque antes se permitía entregar títulos sin mayores restricciones o consideraciones ambientales. Y eso ha sido, históricamente, un problema muy grande en Colombia”.

Cuando asumió la dirección de la ANM, tuvo a cargo la revisión de más de 7.000 títulos mineros para, justamente, evitar que avanzaran en áreas con restricciones o prohibiciones. Aunque más de 600 títulos en áreas excluibles fueron archivados, caducaron o fueron devueltos, el problema —insiste— “es que en el pasado se blindó jurídicamente cualquier posibilidad de quitarlos. Cada título que se suprima alegando temas ambientales se convierte en una posibilidad de una demanda”, señala.

En algunos casos, los títulos mineros se solicitaron cuando las zonas excluibles aún no estaban declaradas como tal. Por ejemplo, los páramos que actualmente tienen títulos mineros vigentes —Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos)— fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en 2018, pero los títulos mineros que se encuentran allí se solicitaron entre 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009, antes de la delimitación. Ese sigue siendo uno de los mayores retos en el ordenamiento minero y ambiental en Colombia.

También hay solicitudes de títulos mineros que se han tramitado en áreas excluibles incluso después de que estas han sido declaradas áreas de conservación. En 2022, por ejemplo, se tramitó ante la ANM una solicitud —actualmente en evaluación— para un título de gran minería (más de 9.000 hectáreas) que se superpone con el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida declarada en 1977 y cuyo páramo terminó su delimitación en 2016. “Cuando un titular minero hace una solicitud sobre esas áreas, no se prohíbe inmediatamente, sino que el titular, a riesgo propio, avanza en los trámites y luego la entidad evalúa su procedencia”, aseguran desde la ANM.

Hay otra parte de los títulos activos en Colombia —94— que se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas que también tienen vocación de conservación, pero que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” o permiten solicitar la sustracción del área protegida para realizar actividades mineras con condiciones, como las Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Según el análisis, hay más de 170.000 hectáreas de reservas forestales de Ley Segunda que se traslapan con títulos activos.

Si se tienen en cuenta, además, las solicitudes para nuevos títulos de mediana y gran minería que ingresaron a la ANM (entre 1994 y 2026) y que se encuentran en trámite, al menos 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

“Desde mi punto de vista, necesitamos los minerales. Y para reindustrializar el país vamos a necesitar cobre. Pero necesitamos que esos minerales se extraigan con el cumplimiento de todas las normas ambientales que hay y teniendo en cuenta a las comunidades que viven allí”, señala Pardo, quien dejó en 2025 la presidencia de la autoridad minera. “No hacerlo, o flexibilizar esas normativas que llevan tantos años construyéndose, generaría una conflictividad terrible”, insiste.

El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios. En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujetos de derechos y de especial protección. En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la Consulta Previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.

El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen con tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.

El cobre latinoamericano, en la mira de las potencias

El impulso de la exploración de cobre no se ha vivido solo en Colombia. Países como México, Ecuador y Argentina también han impulsado el desarrollo de nuevos proyectos de este mineral, lo que ha generado que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región.

China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios estadounidenses Barack Obama, George Biden y Donald Trump. El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe (una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo) que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.

El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero ahora la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.

Pero no son los únicos. La Unión Europea ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50 % para 2050, y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Donald Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero de 2026 le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.

En palabras de González, de NRGI, Colombia y otros países de América Latina han avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, esos avances podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales.

Para Castrillón-Kerrigan, “hay una responsabilidad muy grande de que los gobiernos de la región no se queden de brazos cruzados y vean qué pasa, sino que tomen acciones para que el resultado sea lo más positivo posible”. De eso depende, asegura, que la extracción de cobre en la región se convierta en una oportunidad para el desarrollo industrial, o mantenga a países como Colombia en el rol de proveedores de materias primas.

En lugar de flexibilizar sus regulaciones, añade González, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para defender esos estándares mínimos, pedir a los proyectos que generen valor agregado y que aporten al desarrollo local. “Sabemos —dice— que la demanda [de cobre] tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina. Allí puede consultar una versión extendida de este reportaje, que incluye el análisis realizado con los datos de Argentina.

*Nota metodológica: El análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero).

**Daniela Quintero Díaz es editora de investigaciones en Mongabay Latinoamérica.

**Matías Avramow es periodista de Dialogue Earth.

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