Hay nuevas decisiones que conciernen a las obras del Canal del Dique. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió en las últimas horas una nueva resolución con la que revoca tres actos administrativos que había emitido en 2024 y adopta nuevas determinaciones frente al proyecto. Se trata de una intervención de gran escala que contempla obras como los complejos de esclusas de Calamar y Puerto Badel, además de trabajos de dragado, ampliación del canal y protección de sus orillas.
Para entender esto, hay que hacer algo de memoria. Hace un par de años, en 2024, la ANLA había tomado una decisión que llevó a que se exigiera que las obras del Canal del Dique tramitaran una nueva licencia ambiental, lo que implicaba elaborar y presentar un Estudio de Impacto Ambiental antes de avanzar hacia la ejecución de las intervenciones planeadas. Esa decisión se tomó precisamente porque el Ministerio de Ambiente de entonces había advertido que la información disponible no era suficiente para establecer con claridad los impactos sobre ecosistemas como las ciénagas, los manglares y los corales, entre otros.
Ahora la ANLA revoca esas decisiones y cambia de criterio: considera que el proyecto puede continuar bajo el denominado Plan Hidrosedimentológico que ya existe como instrumento de manejo ambiental, aunque con obligaciones adicionales de actualización de información, seguimiento y control. Es decir, el proyecto ya no tendría que reiniciar el trámite para obtener una nueva licencia ambiental como se había ordenado en 2024.
Fabio Arjona, el ministro de Ambiente designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, ya se había pronunciado sobre el Canal del Dique, y de hecho, sus declaraciones fueron un adelanto y ayudan a entender la decisión que acaba de tomar la ANLA.
En julio, Arjona defendió que se levantara la exigencia de una nueva licencia ambiental que, según su lectura, estaba frenando el proyecto. También cuestionó el tiempo y el costo de algunos de los estudios realizados. Eso ocurrió justo cuando el gobierno entrante anunciaba que quería destrabar las obras del canal y llevarlas a ejecución. De hecho, el propio gobierno electo anunció que buscaría remover las trabas del trámite ambiental, mientras el gobierno saliente de Gustavo Petro defendía continuar con el proceso de licenciamiento y señalaba que el Estudio de Impacto Ambiental tenía un avance del 64 %.
Precisamente, la exministra de ambiente del gobierno Petro, Irene Vélez, criticó la decisión. “Esta es la ANLA en un gobierno que desprecia a los pobres: de un plumazo borra la necesidad de licencia ambiental en el Canal del Dique. PILAS GENTE: el desarrollo de obras hidráulicas sin evaluar sus impactos de cargas contaminantes y sedimentarias oculta los impactos sobre las poblaciones más vulnerables”, publicó la exfuncionaria en sus redes.
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