El Covid-19 también develó lo insostenible que son las ciudades
En la última sesión de la cátedra Repensar Nuestro Futuro, cuatro panelistas hablaron sobre las claves para construir las ciudades del futuro.
Centro ODS
Las causas y los efectos de la crisis ambiental están presentes en las ciudades. Los problemas de contaminación del aire, el incremento de temperatura en determinadas zonas, las sequías o el aumento de lluvias son tan solo algunos de los ejemplos de las consecuencias ambientales que están atravesando las ciudades de América Latina y el Caribe. Este fue el tema central en la última cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental (FNA), titulada “Otra ciudad es posible: los retos de desarrollo urbano en América Latina y en Colombia”.
Manuel Rodríguez Becerra, presidente del FNA y quien moderó las 13 sesiones de la cátedra, agradeció a todos los participantes y explicó, a grandes rasgos, que estas conferencias lograron demostrar cómo el cambio climático y el declive de la biodiversidad son problemas relacionados con fenómenos sociales como la desigualdad, el aumento de la pobreza y el aumento del consumo. Para encontrar salidas a la crisis ambiental, Rodríguez mencionó aspectos fundamentales como la responsabilidad con el planeta, el respeto por los límites de la naturaleza y los derechos sociales fundamentales como la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida sana.
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Las ciudades en la crisis ambiental
Para comenzar con la conferencia, Alfonso Iracheta, coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio Mexiquense, señaló que las ciudades requieren de una transformación que esté guiada por los principios de progresismo, justicia social y sustentabilidad para “transitar hacia una nueva época post-neoliberal” .Este tránsito, añadió, debe tener en cuenta la necesidad de afrontar la crisis ambiental, por lo cual hay que reevaluar la expansión del parque automotor, así como el impulso que necesita la economía circular.
Avanzar en esa dirección, dijo el expositor, le abre paso a una “interpretación de la ciudad como un organismo vivo, sujeto a las leyes biológicas y a la ecología humana”. En las nuevas ciudades, los roles del Estado, el mercado y la sociedad son claves. Sin la participación de alguno de estos, no será posible generar un cambio socio ambiental. El Estado, por ejemplo, debe generar una redistribución de la riqueza, el sector privado debe dejar de ver a las ciudades como mercancías y la sociedad debe movilizarse por generar espacios habitables y equitativos socialmente.
Iracheta también habló de algunas cifras que demuestran cómo las ciudades están creando las condiciones para una crisis ambiental más grave: América Latina se ha convertido en la región más urbanizada del planeta, con un poco más de 502 millones de habitantes (80% del total) viviendo en ciudades; el coeficiente Gini en las ciudades es de 0.46 y el ingreso del 10% más rico equivale al 60% de la población con menor ingreso. Por otro lado, la informalidad económica se estimó en 93 millones de habitantes.
Un dato particular es el del crecimiento del parque automotor. Mientras que entre 2000 y 2015 la población urbana creció 29.6%, el parque automotor en las ciudades de América Latina y el Caribe tuvo un incremento del 130%, con tasas anuales de 7%. Adicionalmente, dijo el expositor, entre el 30 y el 40% del total de emisiones de GEI son generadas en las ciudades. La mayoría de fuentes son: consumo de combustibles fósiles, cambios de usos del suelo, generación y disposición de residuos y contaminación del agua. También, las ciudades de la región se caracterizan por una segregación socio espacial importante: en América Latina: el 25% de los hogares están ubicados en zonas informales, lo que equivale a cerca de 110 millones de habitantes.
Para terminar, Iracheta hizo énfasis en que ninguna de las ciudades latinoamericanas aparece dentro de las 50 urbes con mejor calidad de vida a nivel mundial. También señaló que el mercado inmobiliario usualmente no tiene interés en generar espacios públicos aunque se benefician de las plusvalías que estos generan. Para avanzar en la construcción de nuevas ciudades, por eso mismo, se debe gestionar un desarrollo diferente, en el que la esencia de lo público y la equidad sean temas prioritarios, dijo.
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La paz en las ciudades
La segunda expositora fue María Fernanda Valdés, coordinadora del proyecto Ciudades, Sostenibilidad y Posconflicto del Foro Nacional Ambiental. Valdés comenzó hablando sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc en 2016. El Acuerdo, señaló, no tuvo presenta a las ciudades, en donde viven el 76% de los colombianos. Teniendo en cuenta esta realidad, surgió una iniciativa del FNA y de Fescol para realizar una serie de foros sobre ciudades, sostenibilidad y posconflicto.
Un punto de partida importante para hablar sobre la construcción de paz en las ciudades es la segregación socioeconómica y ambiental. Valdés encontró, por ejemplo, una “segregación entrelazada” por temas como riesgos por desastres ambientales, asentamientos informales, movilidad, aguas residuales, mayor exposición a la contaminación, pérdida de biodiversidad, entre otros factores presentes en las principales ciudades de Colombia.
Esta segregación, agregó la expositora, no es resultado de un proceso natural. De hecho, el Estado “parece desconocer su rol y sus funciones en relación al crecimiento urbano y no ha frenado la expansión inmobiliaria que se ha dado tanto de manera formal como informal. Los gobiernos, además, han fomentado activamente la segregación por medio de la construcción de viviendas de interés social alejadas de los trabajos y de la ciudad. A manera de ejemplo están los proyectos Ciudad Equidad en Santa Marta y el proyecto Campo Verde en Bogotá”.
Para terminar, Valdés habló sobre el estallido social reciente que ha vivido el país y señaló que este tiene que ver en buena medida con las condiciones precarias y de segregación que viven muchas ciudades de Colombia y, por ende, recordó que “el camino hacia la paz solo puede sostenerse si se amplía la democracia en las áreas urbanas”. Entonces, para hacer ciudades sostenibles se deben crear mecanismos de acceso universal y ventajas para la vida en todos los sectores de la sociedad.
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Ciudades segregadas
Para terminar, la cátedra contó con la participación de Kenny Riascos Rentería, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y candidata a Magíster en Derechos Humanos y Democratización, y María Mercedes Maldonado, política, abogada y académica colombiana y exsecretaria de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá. Ambas exposiciones tuvieron en cuenta cómo se ha presentado una segregación histórica dentro de las ciudades de Colombia, en donde ha predominado la violencia y la exclusión social.
De acuerdo con Riascos, en el caso particular de Buenaventura existe un problema estructural y de base que está relacionado con la constitución de la ciudad como principal puerto en Colombia. Si bien es un lugar estratégico en donde se desarrollan inversiones multimillonarias, el desarrollo no se percibe en la mayoría de barrios de la ciudad, aún carentes de servicios públicos esenciales o de vías transitables. De hecho, Riascos señaló que en los proyectos de expansión portuaria no se tienen en cuenta las voces de las comunidades ni sus formas de habitar el espacio. De otro lado, aseguró que Buenaventura conecta a Colombia con el comercio mundial, pero allí ha estado exacerbado el conflicto armado y el Estado no ha logrado garantizar las condiciones mínimas siquiera para hablar de urbanismo, pues “la población sigue estando absolutamente marginada”.
Para terminar, María Mercedes Maldonado ahondó en esa interfaz que se presenta en la segregación, en donde aparece lo ambiental, lo social, lo económico, entre otros aspectos que se pueden ver en fenómenos como la apropiación desigual e inequitativa del territorio. Regular el derecho a la propiedad y el derecho ambiental ha sido uno de los grandes retos en ciudades como Bogotá y que ha tenido avances importantes en el terreno jurídico. Hoy, las responsabilidades están más claras y es posible hablar sobre las funciones ecológicas de la propiedad, redefiniendo “esa visión liberal de la propiedad”, en donde lo ambiental parece quedar en un segundo plano. Con el Covid-19, no solo quedaron en evidencia las desigualdades en acceso a la salud, sino también la necesidad de trabajar para cambiar la segregación socio espacial en las ciudades de América Latina.
Las causas y los efectos de la crisis ambiental están presentes en las ciudades. Los problemas de contaminación del aire, el incremento de temperatura en determinadas zonas, las sequías o el aumento de lluvias son tan solo algunos de los ejemplos de las consecuencias ambientales que están atravesando las ciudades de América Latina y el Caribe. Este fue el tema central en la última cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental (FNA), titulada “Otra ciudad es posible: los retos de desarrollo urbano en América Latina y en Colombia”.
Manuel Rodríguez Becerra, presidente del FNA y quien moderó las 13 sesiones de la cátedra, agradeció a todos los participantes y explicó, a grandes rasgos, que estas conferencias lograron demostrar cómo el cambio climático y el declive de la biodiversidad son problemas relacionados con fenómenos sociales como la desigualdad, el aumento de la pobreza y el aumento del consumo. Para encontrar salidas a la crisis ambiental, Rodríguez mencionó aspectos fundamentales como la responsabilidad con el planeta, el respeto por los límites de la naturaleza y los derechos sociales fundamentales como la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida sana.
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Las ciudades en la crisis ambiental
Para comenzar con la conferencia, Alfonso Iracheta, coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio Mexiquense, señaló que las ciudades requieren de una transformación que esté guiada por los principios de progresismo, justicia social y sustentabilidad para “transitar hacia una nueva época post-neoliberal” .Este tránsito, añadió, debe tener en cuenta la necesidad de afrontar la crisis ambiental, por lo cual hay que reevaluar la expansión del parque automotor, así como el impulso que necesita la economía circular.
Avanzar en esa dirección, dijo el expositor, le abre paso a una “interpretación de la ciudad como un organismo vivo, sujeto a las leyes biológicas y a la ecología humana”. En las nuevas ciudades, los roles del Estado, el mercado y la sociedad son claves. Sin la participación de alguno de estos, no será posible generar un cambio socio ambiental. El Estado, por ejemplo, debe generar una redistribución de la riqueza, el sector privado debe dejar de ver a las ciudades como mercancías y la sociedad debe movilizarse por generar espacios habitables y equitativos socialmente.
Iracheta también habló de algunas cifras que demuestran cómo las ciudades están creando las condiciones para una crisis ambiental más grave: América Latina se ha convertido en la región más urbanizada del planeta, con un poco más de 502 millones de habitantes (80% del total) viviendo en ciudades; el coeficiente Gini en las ciudades es de 0.46 y el ingreso del 10% más rico equivale al 60% de la población con menor ingreso. Por otro lado, la informalidad económica se estimó en 93 millones de habitantes.
Un dato particular es el del crecimiento del parque automotor. Mientras que entre 2000 y 2015 la población urbana creció 29.6%, el parque automotor en las ciudades de América Latina y el Caribe tuvo un incremento del 130%, con tasas anuales de 7%. Adicionalmente, dijo el expositor, entre el 30 y el 40% del total de emisiones de GEI son generadas en las ciudades. La mayoría de fuentes son: consumo de combustibles fósiles, cambios de usos del suelo, generación y disposición de residuos y contaminación del agua. También, las ciudades de la región se caracterizan por una segregación socio espacial importante: en América Latina: el 25% de los hogares están ubicados en zonas informales, lo que equivale a cerca de 110 millones de habitantes.
Para terminar, Iracheta hizo énfasis en que ninguna de las ciudades latinoamericanas aparece dentro de las 50 urbes con mejor calidad de vida a nivel mundial. También señaló que el mercado inmobiliario usualmente no tiene interés en generar espacios públicos aunque se benefician de las plusvalías que estos generan. Para avanzar en la construcción de nuevas ciudades, por eso mismo, se debe gestionar un desarrollo diferente, en el que la esencia de lo público y la equidad sean temas prioritarios, dijo.
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La paz en las ciudades
La segunda expositora fue María Fernanda Valdés, coordinadora del proyecto Ciudades, Sostenibilidad y Posconflicto del Foro Nacional Ambiental. Valdés comenzó hablando sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc en 2016. El Acuerdo, señaló, no tuvo presenta a las ciudades, en donde viven el 76% de los colombianos. Teniendo en cuenta esta realidad, surgió una iniciativa del FNA y de Fescol para realizar una serie de foros sobre ciudades, sostenibilidad y posconflicto.
Un punto de partida importante para hablar sobre la construcción de paz en las ciudades es la segregación socioeconómica y ambiental. Valdés encontró, por ejemplo, una “segregación entrelazada” por temas como riesgos por desastres ambientales, asentamientos informales, movilidad, aguas residuales, mayor exposición a la contaminación, pérdida de biodiversidad, entre otros factores presentes en las principales ciudades de Colombia.
Esta segregación, agregó la expositora, no es resultado de un proceso natural. De hecho, el Estado “parece desconocer su rol y sus funciones en relación al crecimiento urbano y no ha frenado la expansión inmobiliaria que se ha dado tanto de manera formal como informal. Los gobiernos, además, han fomentado activamente la segregación por medio de la construcción de viviendas de interés social alejadas de los trabajos y de la ciudad. A manera de ejemplo están los proyectos Ciudad Equidad en Santa Marta y el proyecto Campo Verde en Bogotá”.
Para terminar, Valdés habló sobre el estallido social reciente que ha vivido el país y señaló que este tiene que ver en buena medida con las condiciones precarias y de segregación que viven muchas ciudades de Colombia y, por ende, recordó que “el camino hacia la paz solo puede sostenerse si se amplía la democracia en las áreas urbanas”. Entonces, para hacer ciudades sostenibles se deben crear mecanismos de acceso universal y ventajas para la vida en todos los sectores de la sociedad.
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Ciudades segregadas
Para terminar, la cátedra contó con la participación de Kenny Riascos Rentería, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y candidata a Magíster en Derechos Humanos y Democratización, y María Mercedes Maldonado, política, abogada y académica colombiana y exsecretaria de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá. Ambas exposiciones tuvieron en cuenta cómo se ha presentado una segregación histórica dentro de las ciudades de Colombia, en donde ha predominado la violencia y la exclusión social.
De acuerdo con Riascos, en el caso particular de Buenaventura existe un problema estructural y de base que está relacionado con la constitución de la ciudad como principal puerto en Colombia. Si bien es un lugar estratégico en donde se desarrollan inversiones multimillonarias, el desarrollo no se percibe en la mayoría de barrios de la ciudad, aún carentes de servicios públicos esenciales o de vías transitables. De hecho, Riascos señaló que en los proyectos de expansión portuaria no se tienen en cuenta las voces de las comunidades ni sus formas de habitar el espacio. De otro lado, aseguró que Buenaventura conecta a Colombia con el comercio mundial, pero allí ha estado exacerbado el conflicto armado y el Estado no ha logrado garantizar las condiciones mínimas siquiera para hablar de urbanismo, pues “la población sigue estando absolutamente marginada”.
Para terminar, María Mercedes Maldonado ahondó en esa interfaz que se presenta en la segregación, en donde aparece lo ambiental, lo social, lo económico, entre otros aspectos que se pueden ver en fenómenos como la apropiación desigual e inequitativa del territorio. Regular el derecho a la propiedad y el derecho ambiental ha sido uno de los grandes retos en ciudades como Bogotá y que ha tenido avances importantes en el terreno jurídico. Hoy, las responsabilidades están más claras y es posible hablar sobre las funciones ecológicas de la propiedad, redefiniendo “esa visión liberal de la propiedad”, en donde lo ambiental parece quedar en un segundo plano. Con el Covid-19, no solo quedaron en evidencia las desigualdades en acceso a la salud, sino también la necesidad de trabajar para cambiar la segregación socio espacial en las ciudades de América Latina.