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Desde el 2022, el Estado colombiano ha vacilado en la urgente tarea de controlar la ganadería que está afectando gravemente los Parques Naturales del país donde, se supone, está prohibida. Ese año, y después de un regaño de la Procuraduría, el entonces presidente Duque ordenó cancelar los Registros Sanitarios de Predio Pecuario (RSPP) dentro de los Parques, sin el cual los ganaderos no pueden vacunar sus animales, ni comercializarlos y se exponen a sanciones.
La medida enfrentó grandes protestas del campesinado y un preocupante bloqueo por parte de grupos armados, entre 2022 y 2024. El Gobierno Petro suspendió entonces su ejecución dos veces y, en julio del 2024, dio pasó a un modelo diferenciado que exceptúa del registro sanitario a ganaderos campesinos vulnerables (siempre que cuenten con acuerdos de conservación) mientras lo cancela para ganaderos terratenientes, en la Resolución 7440 del ICA. .
Grupos ambientalistas han reclamado por esta vacilación, mientras la Procuraduría inició una investigación y adoptó medidas cautelares en contra de las entidades responsables para requerir de nuevo un enfoque más estricto contra los ganaderos.
¿Por qué vacila tanto el Gobierno frente a esta medida tan necesaria? ¿Por qué no insistir en la mano dura y prohibir de tajo la vacunación del ganado? Contrario a la opinión mayoritaria, consideramos que el modelo diferenciado que adoptó el Gobierno tiene una buena orientación, pero es insuficiente, y, por eso, debería buscarse una alternativa que permita enfrentar mejor el dilema entre conservación y reconocimiento del campesinado vulnerable.
Presentamos nuestras razones y propuestas al respecto.
El dilema es complejo. Por un lado, mantener la vacunación puede ser un incentivo perverso para la permanencia y expansión de la ganadería y seguir destruyendo los ecosistemas protegidos. Por el otro, una parte de los ganaderos son campesinos vulnerables que requieren de reconocimiento y apoyo para transitar hacia modos de vida más sostenibles dentro o fuera de las áreas protegidas; para ello necesitan vacunar a sus animales, mientras ocurre la transición.
Sumado a esto, todo el problema ocurre, en paralelo, en territorios alejados y usualmente controlados por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC-EP, quienes se aprovechan de la economía ganadera y amenazan la seguridad de los funcionarios que pretenden controlarla en el terreno.
El principal problema es que la resolución que adopta el modelo diferencial implica al menos tres tareas difíciles que aún están pendientes, antes de aplicar la cancelación y su excepción: la realización de un censo de los campesinos ganaderos y con ella, la identificación y distinción de grandes terratenientes de aquellos en condición de vulnerabilidad (distinción que el Estado aún no tiene clara). La definición de los modelos de transición y el avance en la reglamentación y financiación de los acuerdos de conservación.
Sin embargo, con los problemas de gobernanza que tiene el Estado en los Parques Naturales, la presencia de los actores armados y la velocidad con que se mueve la economía ganadera, es probable que la destrucción continúe mientras la política está lista para implementarse.
Frente a este dilema, proponemos dos alternativas intermedias:
Primero, cambiar el orden de la implementación del modelo diferencial: cancelar todos los registros de un solo tajo, primero, y luego aceptar la aplicación de la excepción campesina caso a caso, según los individuos u organizaciones que lo requieran. Con eso, se podría acelerar la implementación del desincentivo mientras se van consolidando gradualmente las condiciones para atender al campesinado afectado.
Segundo, implementar la cancelación y la excepción al tiempo, como parte de intervenciones conjuntas, en los territorios donde el Estado tenga la oportunidad para llegar al terreno a implementar acuerdos de conservación.
No son alternativas perfectas. La primera pone la presión en la cabeza del campesinado vulnerable y podría conducir a un escalamiento de las presiones por grupos armados; y la segunda, también podría demorarse dependiendo de cómo avance la agenda de acuerdos de conservación. Lo seguro es que la solución no es fácil, pero es una discusión que debe darse. Experiencias como la Operación Artemisa han enseñado que solamente la mano dura no arregla el asunto y, al contrario, agudiza los conflictos alrededor de los Parques Naturales.
Esperamos al menos que el Gobierno pueda llegar a un balance adecuado teniendo en cuenta que hay varias rutas disponibles.
*Coordinadora de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia
**Investigador de la Línea de Tierras y Campesinas de Dejusticia.
Declaración de conflicto de intereses: Carlos Olaya trabajó en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo cuando la medida discutida en la columna se estaba replanteando, pero no participó directamente en la elaboración de las decisiones relacionadas.
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