Declarar un área de reserva temporal en el Páramo de Santurbán para prohibir la minería durante dos años, como pretende el Ministerio de Ambiente, sigue siendo una discusión sin acuerdos a la vista. En los últimos dos meses, esa cartera, a la que ya renunció Susana Muhamad, visitó seis municipios de Santander para dialogar con las comunidades sobre la iniciativa, pero hubo un traspié: hubo poca asistencia de público y rechazo de varios pobladores.
La idea de las reuniones, que se realizaron entre el 17 de enero y el 5 de febrero, era socializar el proyecto de resolución que tiene listo el Minambiente desde noviembre del año pasado. En este están todos los detalles de la iniciativa que busca crear la primera zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán, en un área que abarca 76.012 hectáreas de siete municipios: Suratá (34 %), Matanza (29 %), California (4,6 %), Vetas (2,4 %), Charta (14 %), Tona (7,7 %) y Bucaramanga (6,4 %), sobre las cuencas hidrográficas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur.
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A finales de noviembre, el Minambiente publicó el borrador de la resolución en su página web para recibir comentarios. Inicialmente, esta opción estaría abierta hasta el 16 de diciembre, pero finalmente la cartera decidió ampliar el plazo hasta hoy, 10 de febrero.
“Los diálogos programados y realizados fueron una medida adicional desarrollada para cualificar la participación informada de los interesados en la medida, pues los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar sus preguntas, de resolver sus dudas y de expresar sus visiones o propuestas”, le explicó el ministerio a El Espectador.
Desde que se empezó a hablar sobre la posibilidad de declarar esta figura en Santurbán, algunas comunidades han expresado su preocupación y rechazo. De hecho, esa fue una de las razones del paro de campesinos y mineros que se realizó en octubre del año pasado en varios sectores del país, en medio de la COP16.
La principal inquietud que han expresado las comunidades que habitan en el área que se busca declarar, es que la medida afecta a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos. “Lo que hemos entendido es que una vez declarada la zona de reserva temporal nos quitan el derecho a desarrollar actividades ganaderas, agrícolas y agropecuarias. Eso quiere decir que vamos a ser desconocidos en nuestra propia tierra”, sostiene Liliana Ortiz, habitante de una de las veredas cercanas al páramo de Santurbán, en jurisdicción de Charta. En este municipio, la zona de reserva tendría un área de 11.283 hectáreas, de las 76.000 que abarcaría en total.
Ortiz fue una de las pocas personas que estuvo presente en la reunión que se realizó en Charta el 4 de febrero. Asegura que supo de este evento solo dos días antes. “Debido a la falta de socialización y de información para las comunidades, hubo poca afluencia de público. Como alcalde, y con el fin de garantizar los derechos de toda la población, decidí abandonar la reunión”, manifestó Adolfo Portilla, alcalde de Charta.
La misma postura tomó el alcalde de Matanza, quien también se fue de la reunión antes de que se socializara completamente la medida. En este municipio tienen la misma duda que en Charta. “¿Si el tema es solamente minero, por qué incluyeron a Matanza que no tiene minería?”, dijo uno de los asistentes.
“Eso es algo que nos genera dudas: por qué la reserva cobija a Charta si acá no hay minería de ninguna clase. Ellos dicen que la razón es que hace unos años se habían generado unas alertas por unas solicitudes de títulos mineros, pero no nos dieron más detalles”, agregó Ortiz, de Charta.
En respuesta a esas dudas, el Ministerio de Ambiente le aseguró a El Espectador que la reserva no tendrá ningún efecto en la actividad agropecuaria, ni sobre el turismo, el desarrollo vial o el desarrollo de infraestructura. Sobre la minería, en el documento quedó establecido que no afectará los procesos de formalización que se están realizando con los mineros tradicionales, pues reconocen que la existencia de depósitos de oro en los municipios de Vetas, California y Suratá ha configurado una tradición minera en la región desde la Colonia.
Tampoco afecta los títulos mineros vigentes; es decir, que las actividades mineras en la zona que están en operación con sus instrumentos mineros y ambientales al día podrán continuar sus operaciones, según el documento que publicó el ministerio. Para esto se identificaron 655 hectáreas, que representan el 0,86 % de toda la zona que se piensa declarar, donde se podrían consolidar procesos de formalización de pequeña minería tradicional. O sea que serían zonas exentas de la medida.
Lo que sí ordenaría es que las autoridades mineras y ambientales competentes no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Tampoco se podrán tramitar solicitudes de modificación de licencia ambiental cuyo objeto sea ampliar nuevas áreas mineras o modificar el proyecto. Esto estará vigente hasta que se desarrollen los estudios técnicos, (dos años en el caso de Santurbán), especialmente para entender cómo funciona el ciclo del agua en esta parte del macizo, y así proteger y conservar los recursos naturales.
Para Fabio Maldonado, director de Consotonorte, una agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, (donde están ubicados los municipios donde quedaría la zona de reserva), este es uno de los puntos de mayor confusión, pues “solo un título minero, de 15 que hay en California, quedaría por fuera de la zona. El resto de titulares, que son pequeños mineros, quedaron incluidos”.
La otra queja de las reuniones
El otro punto que genera molestias en las comunidades es que aseguran que no fueron tenidos en cuenta desde que se empezó a construir el proyecto de resolución. En Matanza, por ejemplo, uno de los asistentes sostuvo que le han solicitado al ministerio participación efectiva, “y eso arranca teniéndonos en cuenta desde el inicio, no al final”.
En Tona, un municipio ubicado a poco menos de una hora de Bucaramanga, la postura fue similar. “Estamos defendiendo el derecho a la vida, al trabajo y a la propiedad privada. ¿Cuál es la seguridad para nosotros? Ninguna. Pedimos que nos respeten, que se sienten con los campesinos para nosotros poder proponer y defender lo nuestro”, dijo uno de los habitantes del páramo en este municipio.
Teniendo en cuenta estos reclamos, los mandatarios locales y representantes de organizaciones le pidieron al Ministerio de Ambiente que el documento se formule de la mano de las comunidades, o que se preparen espacios más planificados, con una convocatoria más amplia que explique claramente los puntos del proyecto de resolución.
“Le solicitamos al ministerio que escuche a las comunidades, que concertemos y lleguemos a acuerdos. También que avancemos en la formalización y que resolvamos los problemas antes de imponer uno nuevo, como lo es la determinante ambiental de la reserva. Nuestra cultura es minera y no dejaremos de ser mineros haya o no haya una reserva temporal”, afirmó el alcalde de California, Danilo Valbuena, al medio local Construyendo Región.
¿Qué sigue ahora? De acuerdo con el ministerio, se realizará una lectura integral de los diferentes aportes ciudadanos y se estudiará la viabilidad de su incorporación al proyecto. “El resultado del análisis de todos los aportes de la consulta será publicado para conocimiento de la ciudadanía”, advierte la cartera. Afirman que, de ser necesario, se podrán convocar mesas de trabajo previas al ajuste de la propuesta y luego se tomará la decisión en un nuevo acto administrativo.
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