5 Feb 2020 - 3:34 a. m.

El enredo alrededor de la reserva Río Blanco

Ambientalistas y una gran constructora de Manizales llevan más de siete años enfrentados por un proyecto de vivienda aledaño a la reserva forestal Río Blanco, una zona de gran importancia hídrica para la región.

El Espectador

Colombia es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales. La intervención de la reserva Van der Hammen, en Bogotá; el puerto de Las Américas, en la bahía de Taganga, y la minería y el páramo de Santurbán, en Santander, son algunos de los ejemplos de disputas frente a ecosistemas vulnerables que terminan convirtiéndose en batallas jurídicas de años sin una respuesta clara. Eso mismo pasa en Manizales. A solo 20 minutos de la ciudad se encuentra la Reserva Forestal Protectora Río Blanco, considerada una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, según Corpocaldas, pero también una de las más amenazadas y menos estudiadas.

Con una extensión de 4.932 hectáreas de bosque, y por su ubicación en la zona alta de la cuenca del río Chinchiná, la reserva Río Blanco presta uno de los principales servicios ambientales a Manizales: suministra el 35 % del agua para consumo humano. Además, actúa como pieza clave en el corredor biológico que conecta el Parque Nacional Natural Los Nevados con las zonas boscosas de municipios aledaños y demás reservas forestales de la región, y es considerada de interés para la conservación y el avistamiento de aves (se puede encontrar cerca del 20 % de las especies del país).

En el predio La Aurora, una zona contigua a la reserva forestal, la constructora CFC & Asociados S. A. -una de las más importantes de la región- planea construir un gran proyecto de vivienda, llamado Biociudadela Tierraviva, que albergaría cerca de 10 mil personas en más de 2 mil viviendas. Aunque apoyados en la ley adelantaron los procesos necesarios para conseguir los permisos de construcción, la idea de una megaobra cerca de una reserva tan importante de inmediato generó respuestas ciudadanas y la creación de la convergencia “Todos Somos Río Blanco”. Alegatos, audiencias, investigaciones, demandas y la suspensión de la construcción han sido parte del conflicto de más de siete años.

La cronología y el enredo legal

La Ley 2 de 1959 creó siete zonas de protección de reserva forestal en el país, entre ellas la Zona de Reserva Forestal Central a la que pertenece la reserva Río Blanco. Esas zonas se encuentran dentro de la franja de 15 kilómetros que determina la ley a lo ancho de cada cordillera. El predio de La Aurora alcanzaba también a ser cobijado por la reserva de la cordillera Central.

En 2003 empezaron las complicaciones, . Con el artículo séptimo del Acuerdo 573 de 2003 se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2001, cambiando los usos del suelo e incluyendo a La Aurora, zona rural, como un área de expansión urbana. Es decir, permitiendo la construcción en ese terreno. Sin embargo, en 2017, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales declaró nula la incorporación de La Aurora como zona de expansión urbana en el POT de 2003, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para que el área adyacente a la reserva Río Blanco pasara de rural a zona de expansión urbana.

“En la Ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial se señala cuáles son las condiciones para que pueda cambiar una zona rural a convertirse en una zona de expansión urbana”, señala Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común y miembro de la convergencia. “Por un lado, si se daba la revisión de largo plazo, que no era posible porque el POT llevaba apenas dos años. Por otro lado, si existían estudios técnicos ambientales que demostraran la necesidad de hacerlo. Y nunca se presentó ningún informe. Por eso mismo la justicia decretó la ilegalidad de esa modificación”. “Lo que dice la ley es que, si se va a hacer cualquier otro desarrollo en las Zonas de Reserva Central, se tiene que tramitar una sustracción del área de reserva. El Concejo Municipal y la administración de Manizales se equivocaron al tramitar la reforma al POT de 2001 y declarar esta área como expansión urbana, porque primero debieron haber hecho el trámite ante el Ministerio de Ambiente de la sustracción, ya que el predio estaba establecido en una zona que en teoría es reserva forestal”, explica Andrés Felipe Betancourth, investigador en temas de hidrocuenca. Con el orden alterado, el trámite de sustracción se hizo hasta 2013, diez años después de la revisión del POT.

La constructora se defiende: “Ese era un terreno declarado urbano, y nosotros podíamos construir ahí si cumplíamos una función amortiguadora. Por eso comenzamos a hacer la concertación ambiental, en la que duramos tres años”, señala Carlos García, vocero de CFC & A.

Cuando se quitó en 2017 la zona de expansión de La Aurora, el Plan Parcial que la constructora había adelantado y que el alcalde de Manizales adoptó con el Decreto Municipal 0289 no tenía vuelta atrás, estaba protegido como una “situación jurídica consolidada”, que en palabras de García hace referencia a un derecho adquirido que, además, ya estaba ejecutado, pues se había construido una de las torres. En consecuencia, así se revisara el POT, el Plan Parcial no se podía eliminar y el perímetro de TierraViva permanece protegido. No obstante, desde agosto de 2018 las obras se encuentran suspendidas provisionalmente tras una demanda de nulidad simple a las licencias de urbanización y construcción otorgadas a CFC & A.

La preocupación ambiental

El principal punto de debate es si la zona de La Aurora debe cumplir funciones de amortiguamiento para proteger la reserva Río Blanco o si en ella se pueden llevar a cabo proyectos de vivienda sostenible, como argumenta la constructora. Después de tantos años, la respuesta no es clara.

Para la constructora, el proyecto TierraViva iba a ser su máximo exponente de la construcción sostenible. “Diseñamos un proyecto con la intención de que fuera ejemplo de construcción muy saludable y benéfica con el ambiente en una zona limítrofe, con una compensación ambiental muy por encima de la que exigen. Ese territorio nunca ha sido una zona amortiguadora, entonces esa es una zona donde puede haber un desarrollo urbanístico con unos altos estándares ambientales. Seguimos con la certeza de que podremos demostrar cómo se debe construir protegiendo realmente a los ecosistemas estratégicos”, señala.

“Creo que si ese proyecto se hiciera en otro lugar, probablemente sería un gran proyecto. El lío es que lo están haciendo en un área de interés ambiental supremamente importante para Manizales, donde la ley prohíbe hacerlo”, explica Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común y miembro de la convergencia. “Nuestra acción popular, impuesta desde el año 2012, lo que busca finalmente es resguardar los derechos colectivos al equilibrio ecológico, al ambiente sano”.

Aunque Betancourth se distancia de la convergencia en cuanto a las posibles afectaciones hidrológicas que los ambientalistas le achacan a la construcción, asegurando que “el predio queda aguas abajo, por debajo de los puntos de toma de agua para el acueducto y al no quedar dentro de la reserva no hay una afectación directa”, insiste en que su cercanía a la reserva sí puede afectar de manera significativa la conservación de fauna. “Habrá flujo vehicular, habrá ruido, luces, animales que, sin duda, generarán una perturbación e impactos en la fauna y la flora”.

¿Qué dice el informe del perito designado por el Tribunal Administrativo de Caldas? En primer lugar, que para un caso de tal magnitud e interés en términos ambientales y de desarrollo urbano para el municipio, sería conveniente la creación de un comité científico técnico. También que, si bien las medidas de manejo propuestas en el Plan Parcial son importantes y tienen la capacidad de mitigar el impacto, no pueden evitarlo en su totalidad, “con lo que se permite concluir que la propia realización del proyecto posee el potencial de ocasionar una serie de afectaciones o presiones sobre la reserva y las demás áreas colindantes. Afectaciones sobre las cuales se desconoce su verdadera magnitud, lo que genera cierto grado de incertidumbre frente a si pueden tener un efecto negativo significativo que ponga en riesgo la biodiversidad”. Además, asegura que uno de los impactos que no fueron previstos en el Plan Parcial se relaciona con el componente hidroecológico, por lo que concluye que dada la importancia del área en términos de regulación hidríca y la cercanía con la reserva Río Blanco, cabe la duda en cuanto al principio de precaución sobre la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto urbanístico.

Para oponerse al peritaje realizado, CFC & A contrató a un investigador de la Universidad de El Bosque para mostrar nuevos estudios sobre el tema, que fueron presentados en una audiencia el martes 4 de febrero. Los ambientalistas, por su parte, aseguran que no cuentan con los recursos para contratar una investigación propia que respalde sus argumentos. “No tenemos expertos de renombre, porque no contamos con dineros propios, todo lo que hacemos es con plata de muchos de nosotros”

, en comparación a una defensa de expertos pagados como lo hace la constructora”, afirma Juan Pablo Gómez, de la convergencia, quien pide la ayuda de expertos para seguir haciéndole frente al proyecto de vivienda.

Por ahora, la suspensión de las licencias se mantiene con el fin de que se aporten elementos de juicio adicionales a los que ya existen para poder tener una “conclusión fiable sobre los reales efectos que el macroproyecto TierraViva puede ocasionar en la reserva forestal Río Blanco”, insiste el Tribunal.

Si bien las diferencias son muchas, todas las partes coinciden en los graves daños que causa la dilación en la toma de decisiones. “Todo este tiempo que pasa ha generado más tensiones, ha generado especulaciones y va a terminar en que, cuando se falle, sea cual sea el resultado, la afectación para la gente va a ser mucha”, dice Betancourth. “Después de muchos ires y venires y de demoras exageradas, ya vamos casi para una década de este proceso y no se falla de fondo”, añade Arenas. “El proyecto lleva mucho tiempo suspendido porque esa juez no ha hecho nada, ni siquiera ha convocado a las partes a presentar sus argumentos, ella ha tenido el proceso quieto y no entendemos por qué esa dilación”, señalan desde la Constructora. ¿Llegarán más respuestas después de la audiencia del martes?

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