Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen visiones diametralmente opuestas frente a la extracción de gas y petróleo, y el rol de las energías renovables en el abastecimiento de hogares e industrias en el país. Mientras De la Espriella plantea que el fracking se haga con “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente, que permitan decidir con evidencia”, Cepeda propone “una política energética integral orientada a diversificar la economía, superar la dependencia de los combustibles fósiles y evitar los errores que nos llevaron a concentrar el desarrollo en la exportación de materias primas”.
El debate entre las dos ideas se da en medio de las alertas que han hecho gremios del sector energético, como Acolgen y Naturgas, asegurando que hay un déficit entre la oferta de energía de los próximos años y el crecimiento de la demanda, que podría llegar al –3,5 % para 2027. Las reservas de gas, aseguran desde los gremios, han caído un 57 % durante la última década y en escenarios de escasez de agua, como el que plantea el fenómeno de El Niño durante este año, “la probabilidad de déficit de gas de por lo menos un mes, podría alcanzar el 53% en 2026 y el 70% en 2027, lo que eleva significativamente el riesgo de racionamientos, incrementos tarifarios y afectaciones a la competitividad del país”.
Del otro lado, el Panel Científico para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) y organismos internacionales, como la Agencia Internacional de Energía, han hecho un llamado para acelerar el abandono de los combustibles como el gas y el petróleo, para lograr el objetivo de reducir las emisiones contaminantes que están acelerando el cambio climático.
Además, han resaltado que, si Colombia iniciara pilotos de fracking a finales de 2026, estos proyectos entrarían en operación, al menos, la próxima década. Según el GEM, los proyectos de gas y petróleo ahora están tardando alrededor de 15 años en entrar en operación, tres veces más de lo que se demoraban en los mejores años para explotación de estos combustibles.
En este contexto, la campaña presidencial ha vuelto a abrir la discusión sobre si Colombia debería hacer fracking o no. El debate ya se venía dando desde 2018, cuando una comisión de expertos independientes evaluó los riesgos asociados a esta técnica y la capacidad del país para implementarla. En la discusión hay varios mitos, preocupaciones ambientales y una pregunta de fondo por el futuro del gas y el petróleo.
¿Qué es el fracking?
La fracturación hidráulica, conocida como fracking, es una técnica de explotación de combustibles fósiles que se empezó a desarrollar desde mediados del siglo XX. Carlos Vargas Jiménez, geólogo y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, explica que con esta técnica se “busca extraer petróleo y gas que se encuentra atrapado en formaciones rocosas de muy baja permeabilidad, casi siempre profundas, en donde los hidrocarburos no pueden fluir fácilmente hacia un pozo”.
También conocidos como yacimientos no convencionales, requieren de perforaciones que pueden tener más de dos kilómetros de profundidad. Allí “se inyecta agua, arena (que componen el 99 % de la mezcla) y unos aditivos, como vinagre o algunos detergentes (que corresponden al 1% o menos de la mezcla)”, añade Vargas. La inyección tiene que hacerse a alta presión y su objetivo es generar fracturas en la roca, con el objetivo de que el gas o el petróleo fluya hacia un punto en el que pueda extraerse.
Los riesgos ambientales asociados al fracking
Vargas hizo parte de una comisión de expertos independientes en 2019, que reunió a científicos de Colombia y otras partes del mundo, para analizar los riesgos de hacer fracking en Colombia. Una de las ideas con las que se encontraron en ese momento era que las fracturas artificiales que se generaban al inyectar la mezcla podrían generar contaminación en las fuentes de agua superficiales.
“Es muy difícil que ocurra. Esas fracturas se hacen solamente a 2 km o 2,5 km de profundidad y no se expanden a la superficie. De hecho, por la misma carga de la roca, las fracturas se sellan”, indica el científico, añadiendo que los acuíferos de abastecimiento humano suelen estar a menos de 500 metros de profundidad, por lo que hay una distancia muy grande con la ubicación de las fracturas.
Sin embargo, esto no quiere decir que no existan riesgos para los ecosistemas y el agua. “No existe actividad industrial con riesgo cero”, dice Vargas.
Uno de los principales está en la perforación que se hace para llegar a las rocas en las que se encuentran los hidrocarburos, pues por allí pasa la mezcla que genera las fracturas. La cementación de esos pozos requiere de altos estándares de integridad para garantizar que no haya fugas que sí puedan contaminar las fuentes de agua superficiales. También, existen riesgos en el manejo de las aguas residuales y de los hidrocarburos que resultan de la inyección de la mezcla para fracturar la roca, procesos en los que podría haber fugas o derrames por “errores humanos”, de acuerdo con Vargas.
Hacer fracking también significa utilizar más agua para producir combustibles. En Estados Unidos, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science en 2019, el uso de agua por pozo de extracción se incrementó en un 770 % entre 2011 y 2016. Esto, decían los científicos en ese momento, “resultará en mayores volúmenes de aguas residuales de petróleo y gas producidos”. Cuando el agua se extrae de acuíferos cercanos a la zona de explotación, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su siga en inglés) en una revisión de evidencia científica en 2018, genera un riesgo de disponibilidad de agua en zonas en las que este recurso es escaso.
Además, la EPA también señala en su revisión que los malos manejos de las aguas residuales, aunque sean tratadas, podrían resultar en eventos de contaminación del agua potable en acuíferos superficiales. Otra revisión de estudios científicos, hecha por la Oficina Gubernamental de Responsabilidad de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés), revisa otros riesgos, como el aumento de la sismicidad en zonas de fracturación hidráulica y explica que este puede variar dependiendo de las condiciones geológicas de cada proyecto.
Publicaciones científicas más recientes, como una de la revista Water en 2023, coinciden con que la práctica del fracking plantea importantes desafíos ambientales por “una potencial contaminación del agua y el suelo y la sismicidad inducida”. Sin embargo, insisten en que se requieren más estudios para confirmar el riesgo que implican. Señalan, además, que es fundamental un monitoreo ambiental continuo y que haya regulaciones que se adapten a las especificidades geológicas que tiene cada región.
Para Vargas, este último punto es clave. Por ejemplo, asegura, “es posible disminuir significativamente los riesgos asociados a las fallas en la integridad de pozos. Si tenemos un buen Ministerio de Minas o una agencia que haga la respectiva vigilancia en el cementado de los pozos, entonces ese riesgo de falla en la integridad del pozo se reduce”. Pero, esto abre otra discusión: ¿Colombia tiene la capacidad de hacer esa vigilancia?
Las capacidades del Estado colombiano
Cuando se reguló la realización de pilotos de fracking en Colombia, durante la presidencia de Iván Duque, se estableció que “las capacidades del Estado en esa materia son insuficientes, y eso no ha cambiado”, señala Carlos Lozano, abogado y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La comisión de expertos señaló en varios apartes de su informe que se requería, por ejemplo, fortalecer las capacidades del Ideam y de algunos ministerios.
Para Lozano, la regulación actual “resulta insuficiente para precisar los requisitos técnicos y ambientales que permitan adoptar medidas de prevención y control sobre los efectos adversos del fracking”. Aprobar proyectos de este tipo iría, según el abogado, “en contra del principio constitucional de precaución”, que plantea abstenerse de aprobar proyectos con incertidumbre sobre sus impactos, en este caso ambientales, con el fin de prevenir daños.
Frente a esto, Vargas considera que es importante hacer una distinción entre los proyectos comerciales que utilizan la fracturación hidráulica y los pilotos previos. “Los pilotos tienen como propósito generar evidencia antes de tomar decisiones de mayor escala. Es decir que es una buena práctica para la promulgación de políticas públicas”, dice el geólogo. Pero, si se implementan, también deben cumplir con unos parámetros importantes: “solo tienen sentido si cuentan con independencia científica, acceso público a los resultados y cuando hay participación de las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan”, añade.
Además de los retos normativos, queda otra pregunta: en un mundo que produce cada vez menos combustibles fósiles, ¿Colombia necesita elevar su producción a largo plazo?
El panorama a futuro
Una de las preocupaciones de los gremios del sector energético tiene que ver con que Colombia exporte más gas del que produce, pues esto generaría incertidumbre en el abastecimiento. Frente a esto, el Ministerio de Minas y Energía ha asegurado que para después de 2030 el abastecimiento de gas estaría garantizado con las reservas de Sirius, uno de los yacimientos de este combustible más importantes del país. Sin embargo, la preocupación de los gremios tiene que ver con el abastecimiento de los próximos años.
En ese sentido, la apuesta del actual Gobierno ha sido por la instalación de nuevas plataformas de importación de gas. Un informe publicado recientemente por el Global Energy Monitor, una organización que hace seguimiento a la demanda y la oferta de energía en el mundo, asegura que los nueve proyectos de importación de gas planeados en Colombia entre 2026 y 2030 abastecerían más del doble del crecimiento de la demanda. Amalia Llano, investigadora sénior del GEM y autora de ese informe, explica que, además, “los contratos de importación de gas suelen hacerse a largo plazo, por lo que se generaría una dependencia de este combustible durante varios años más”.
La Agencia Internacional de Energía ha dicho en varias ocasiones que, para lograr cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático, el crecimiento en la demanda de combustibles fósiles debería alcanzar su punto máximo en 2030. A partir de ese año, se proyecta una reducción en su consumo, lo que desincentivaría también la creación de nuevos proyectos.
Como explicó Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y PhD en Ecología, en una columna publicada en este diario, la decisión de hacer fracturación hidráulica para generar más ingresos al Estado podría ser un arma de doble filo, pues el costo de eliminar las emisiones contaminantes que esto generaría sería más alto. “Es como vender un riñón para pagar la diálisis del otro”, dijo la científica.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
