Este miércoles, 1 de octubre, el Gobierno radicó en la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de Ley Minera con el que busca darle un vuelco a la regulación de esta actividad en el país.
Al evento asistieron Edwin Palma, ministro de Minas y Energía; Lina Beatriz Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería; María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara; y varios congresistas más.
“Este es un proyecto de ley que quiere plantear un debate distinto alrededor de la minería, distinto al extractivismo tradicional que ha habido en el país”, dijo Palma durante la radicación del documento. De acuerdo con el funcionario, buscan que la discusión incluya temas como la protección del agua, la transición energética y la formalización minera.
La iniciativa de ley plantea varias cosas, entre ellas cambiar el licenciamiento ambiental para proyectos mineros, que ahora se haría desde la fase de exploración y no solo a la hora de explotar el recurso; establecer nuevos parámetros para el cierre de minas, que deberán plantearse desde el principio de los proyectos; y dejar en firme la sonada propuesta del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro: no entregar nuevos títulos para la explotación de carbón térmico, uno de los combustibles que más gases contaminantes genera.
“Esta ley no desconoce a los miles de familias que dependen de esta actividad”, dijo la viceministra de Minas, Sorrel Parisa Aroca, añadiendo que habrá un enfoque en la transición energética y las comunidades que se han dedicado a la minería durante años.
Por otra parte, el proyecto quiere cambiar la categorización de la minería. Lo que buscan, asegura el Minminas, es promover la formalización de la actividad de pequeños mineros y mineros artesanales.
El documento también propone ordenar el país en zonas aptas para la minería y zonas no aptas para la minería. Esto se relaciona con el decreto 044 del Ministerio de Ambiente, que faculta a esa entidad para crear zonas de exclusión de minería durante hasta 10 años, con el fin de hacer estudios para determinar si el área es apta o no para la actividad.
Este documento se viene trabajando desde hace más de dos años y ya había sido anunciado por el entonces ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Sin embargo, antes de presentarlo tuvo que surtir un proceso de consulta con comunidades indígenas y étnicas, ya que allí se regula la forma en la que se podría o no hacer minería en sus territorios. De acuerdo con el Minminas, la consulta incluyó a más de 20.000 personas.
“La nueva ley minera presenta un cambio frente al modelo vigente, pues supera los errores del código minero”, añadió Parisa en la rueda de prensa, en referencia a los conflictos que se han generado en el país por los espacios en los que se puede y no se puede hacer minería.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) tendrá un rol importante en caso de que este proyecto se convierta en ley, que lideraría el sistema de conocimiento minero del país. La información que genere la entidad será considerada como “un bien público”, según el Minminas.
Desde que empezó a formularse el proyecto de ley, han surgido algunas críticas. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha dicho que algunas de las propuestas podrían tener un impacto negativo en las empresas que se dedican a esta actividad, desincentivando sus inversiones.
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