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Durante los últimos días de mayo, en el Encuentro y Feria Renovables LATAM, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que su cartera está explorando la posibilidad de eliminar el requisito de la licencia ambiental a proyectos de energías renovables que no superen los 100 megavatios (MW), suficientes para abastecer a unos 50.000 hogares. De acuerdo con un comunicado de la entidad, más de la mitad de proyectos que estarían listos para empezar a construirse están “detenidos en las corporaciones autónomas”, lo que estaría retrasando el avance en una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En su llegada a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro se comprometió a alcanzar los 6 gigavatios (GW) de energías renovables no convencionales, principalmente eólica y solar, durante sus cuatro años de gobierno. Esto implica que una cuarta parte de la energía que hoy se produce en Colombia pasaría a ser generada con estas tecnologías. Aunque hay un avance importante en esa promesa (el país ya está cerca de los 2 GW), ese impulso ha estado marcado por los parques solares y no tanto por la energía eólica, que presenta retrasos.
Como hemos contado en El Espectador, los proyectos planeados para aprovechar el viento de La Guajira son claves para lograr el compromiso del Gobierno. Sin embargo, su avance está detenido por conflictos sociales con las empresas y por dificultades del Estado para resolverlos. La propuesta de Palma, entonces, busca solucionar lo que llama “cuellos de botella en materia ambiental, de licenciamiento social y en temas de regulación”.
Si bien el Minminas no ha dado más detalles de cómo funcionaría la “exoneración de la licencia ambiental” a 100 proyectos que cumplirían la condición de no superar los 100 MW, algunos expertos consultados por este medio creen que hay que tener cautela, pues la propuesta puede tener efectos negativos en la “transición energética justa” que prometió el Gobierno. Además, se trataría de un cambio drástico que no resuelve de fondo los problemas que tienen estancado el avance de la energía eólica.
Proyectos sin licencia
La licencia ambiental “es la autorización que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que tiene la potencialidad de generar impactos ambientales significativos”, según la página web del Ministerio de Ambiente, que regula cómo funciona ese trámite.
En Colombia este es un proceso que puede tardar más de 12 meses. Entonces, eliminarlo puede ser “una forma de disminuir la burocratización de esos trámites”, explica María Camila Aponte, consultora sénior de la firma de abogados Holland & Knight y experta en derecho ambiental. Para ella, la medida podría tener tres efectos positivos: “Impulsaría la transición energética, nos volvería un país más atractivo para la inversión de empresas en la región y generaría confianza en los inversionistas que ya están en Colombia”.
Santiago Ortega, magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional, comparte la idea de que los proyectos de energías renovables son un componente clave en la economía y la seguridad energética del país. Pero considera que eliminar la licencia ambiental va en contra de lo que el Gobierno planteó como transición energética justa. “Los estudios de impacto ambiental que requiere la licencia buscan que efectivamente los impactos de un proyecto no vayan a cambiar de forma abrupta y nociva las condiciones de un territorio”, señala.
Esos estudios son claves en las solicitudes de licenciamiento ambiental porque identifican los impactos que puede tener el proyecto en los ecosistemas en los que se va a construir; también reconocen las afectaciones que la construcción o la operación de estos puedan tener en la vida de las comunidades que viven cerca, sus costumbres y los recursos naturales de los que se benefician en el territorio.
José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI por su sigla en inglés), ha estudiado los conflictos que hay en La Guajira y han frenado varios proyectos de energía eólica. Para él, los estudios de impacto ambiental también funcionan como una garantía para la participación de las comunidades en los proyectos, pues “sin la licencia surgen preguntas sobre qué tan robustas van a ser las evaluaciones ambientales y la inclusión de las personas que se vean afectadas”.
A esto se suma que la mayoría de proyectos de energías renovables han reportado demoras durante la consulta previa y no durante el licenciamiento. Sobre esto, Aponte advierte que “eliminar la licencia ambiental no elimina el proceso de consulta previa. Eso es algo que ya se ha discutido jurídicamente en el país, y está claro que el requisito de la consulta aplica a proyectos con y sin licencia”. Entonces, la medida que está planteando el Gobierno podría estar enfocando sus esfuerzos en el “cuello de botella” equivocado, apunta Vega.
Un enfoque diferente
En algunas corporaciones autónomas regionales del país, cuenta Vega, del SEI, los funcionarios hacen un chiste: “Los estudios de impacto ambiental, antes de estudiarlos, se pesan”. Se refieren a que la información que remiten las empresas suele ser de varias cajas de documentos, que llegan a entidades que algunas veces no tienen los suficientes funcionarios para revisar la información en los cuatro meses que establece la ley.
Esto es importante, coincide Aponte, porque la labor de la ANLA y las corporaciones va más allá de verificar impactos ambientales: “deben hacer seguimiento desde antes a los proyectos y garantizar que se desarrollen cumpliendo las normativas”. Los tres expertos son enfáticos en que el Estado perdería una capacidad de control importante al eliminar la licencia.
“Se podrían reducir los requisitos para proyectos muy pequeños, que no tienen por qué cumplir los mismos criterios que un gran proyecto. Pero es que si hablamos de 100 MW, eso fácilmente puede ocupar 150 hectáreas, y ahí ya hay impactos significativos que tenemos que considerar”, afirma Ortega. Un ejemplo de esto es el Parque Solar Fundación, en Magdalena, que tiene una capacidad de 99,9 MW y ocupa alrededor de 237 hectáreas.
Desde El Espectador buscamos al Ministerio de Minas y Energía para conocer más detalles sobre esta propuesta, pero la entidad se limitó a responder que están “trabajando en esa dirección”. Con lo que se conoce hasta ahora, eliminar una de las garantías de las comunidades y los ecosistemas para su protección frente a los impactos de los proyectos de energías renovables plantea varios riesgos que deberían replantear el enfoque de la decisión, sugiere Vega.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
