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Después de varios intentos, Colombia será el primer país en la región en reconocer a las víctimas de desplazamiento por el cambio climático. En la Plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en cuarto debate la ley de desplazados por cambio climático, propuesta por los representantes Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, y Julia Miranda del Nuevo Liberalismo.
Esto quiere decir que las personas afectadas por inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y otros eventos extremos ya no serán damnificados temporales, sino que ahora deberán ser reconocidos como víctimas con derechos, que requieren atención integral, continua y preventiva.
“Hasta hoy, estas personas quedaban atrapadas en un vacío legal: el Estado respondía a la emergencia, pero no existía un marco jurídico que garantizara seguimiento, protección y soluciones de fondo. Esta ley busca cerrar esa brecha”, explicó el congresista Sánchez.
La ley contempla, además del reconocimiento jurídico, la creación de un Registro Único de Desplazados Climáticos, coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que permitirá identificar, caracterizar y hacer seguimiento a las familias afectadas por eventos relacionados con el clima.
También obliga al Gobierno Nacional a formular una política pública específica para prevenir, atender y dar soluciones duraderas a este tipo de desplazamiento. Asimismo, contempla un cambio de enfoque: pasar de la reacción a la emergencia a la prevención, planificación y protección de derechos.
“Con este avance legislativo, Colombia se perfila como un país pionero en América Latina en reconocer y regular el desplazamiento forzado por causas climáticas, anticipándose a un fenómeno que ya impacta la vida de miles de comunidades en todo el territorio nacional”, menciona Sánchez.
En Colombia, la Corte Constitucional reconoció el año pasado el desplazamiento forzado por efectos del cambio climático y desastres naturales como una causa legítima de desplazamiento, similar al conflicto armado, que activa la protección estatal. Esto se dio en la sentencia T-123 de 2024, calificada por varios expertos como un fallo histórico.
La ley recientemente aprobada se había hundido varias veces en el Senado. Sánchez y el entonces senador Humberto De la Calle, quien también impulsó la iniciativa, contaban en este artículo, que uno de los mayores obstáculos para que el proyecto de ley saliera a flote era una confusión en la definición de desplazamiento forzado. Durante años se había creído que todas las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares lo hacen por situaciones que involucran al conflicto armado.
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