En estos días, América Latina y el Caribe celebra su semana del clima anual en República Dominicana. Se trata de un espacio para que gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil dialoguen sobre las respuestas necesarias para hacer frente al cambio climático. Este espacio puede ser decisivo para la discusión de acuerdos de mercados de carbono entre distintas instancias gubernamentales y privadas. ¿Es esta una buena noticia? ¿Son realmente los mercados de carbono una herramienta útil para reducir emisiones?
Permítanos explicarlo a través de una satírica iniciativa que utilizó hace unos años Climate Watch a través del proyecto Cheat Neutral, el cual promovía un mercado para la fidelidad amorosa, en donde si usted le es infiel a su pareja, puede comprar un bono a otra que sí sea fiel para compensar su metida de pata. Si bien le puede ayudar a usted a sentirse mejor, el beneficio final es nulo. Los mercados de carbono trabajan bajo esa misma premisa, en donde países y compañías que no reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono pueden comprar un bono que represente la reducción de cierta cantidad de emisiones en otro lugar del mundo. (Le puede interesar: Colombia exportó su primer petróleo que compensa el CO2. ¿Pero qué tan verde es?)
Latinoamérica y el Caribe, por su gran diversidad natural y estadío de desarrollo, se presenta como una de las áreas con más potencial para este mercado. En 2021, la región representó el 22% del mercado voluntario de créditos de carbono e históricamente alrededor del 15% del mercado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con participación mayoritaria de Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Guatemala. Este potencial regional conlleva una gran responsabilidad y oportunidad para los gobiernos latinoamericanos.
Recientemente en Colombia se creó la Comisión de Estudio para la Promoción y Desarrollo de los Mercados de Carbono, cuyo objetivo es analizar su potencial en el país para regularlos e impulsarlos.
El nuevo gabinete de Petro, incluidos los equipos de los entrantes Ministros de Hacienda y Ambiente, José Antonio Ocampo y Susana Muhamad, deberán hacer parte de la Comisión y tienen frente a sí la posibilidad de ejercer un liderazgo regional y mundial si recomiendan la adopción de criterios de uso claros, en línea con el Acuerdo de París. (Le sugerimos: Los “pendientes” que heredará Susana Muhamad, la próxima Ministra de Ambiente)
El presidente electo- así como su Ministra de Ambiente- ha mencionado que, a pesar de que los mercados de carbono no son la solución al problema que produjo el modelo de desarrollo vigente (i.e. el cambio climático), los dividendos por absorción del carbono pueden destinarse a ‘rescatar’ la selva Amazónica, por lo que habría que negociar con países altamente emisores sobre el hecho de que allá se emitan altamente gases de efecto invernadero (GEI) y aquí, con el Amazonas, se asuman esas emisiones.
Garantizar la protección de uno de los bosques tropicales más importantes del mundo es un objetivo loable, deseable y para lo cual se necesitan grandes inversiones. Es por eso que el presidente entrante ha estimado- aunque no sabemos de dónde sale la cifra-, que a través de la creación de un fondo de ‘bonos carbón internacionales’, el país podría recaudar anualmente 500 millones de dólares.
¡Pero ojo! No debemos caer en las soluciones inmediatistas que promueven el mercado como un fin en sí mismo y para rescatar las ya constreñidas finanzas públicas sin mirar su impacto final, sus riesgos, sin entender su objetivo último de facilitar la participación del sector privado para transformar la economía global en una que deje de depender de los combustibles fósiles y sea limpia, sustentable y renovable.
Entonces, ¿qué debería asegurar la Comisión de Mercados en Colombia para promover el uso correcto de estos?
- Es indispensable situar los mercados de carbono en el contexto de la emergencia climática actual y la urgencia de acciones ambiciosas, incluyendo el cumplimiento de las metas de reducir en 51% las emisiones nacionales a 2030 y ser carbono neutral a 2050, mismas que ya han puesto a Colombia a la vanguardia en los últimos años;
- Se deben incluir salvaguardas sociales que garanticen el derecho al territorio, la participación y el consentimiento previo de actores locales, indígenas, rurales y urbanos, dueños de la tierra, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, sectores vulnerables que puedan acceder a la distribución equitativa de las ganancias a través de contratos justos. Estos contratos deben beneficiar a estos actores y a la Tierra misma, y este no ha sido siempre el caso. Ya se han reportado diversas problemáticas con comunidades locales del país previamente, como lo reconoció la entrante Ministra de Ambiente. Se debe evitar bajo cualquier circunstancia que estos proyectos infrinjan los derechos de comunidades históricamente vulneradas, las cuales han tenido un papel central en las propuestas y discursos de Gustavo Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez;
- Estos contratos, y el mercado en general, deben poner un precio al carbono que represente realmente su valor, algo que en Colombia aún está pendiente. Si bien es un instrumento diferente, y solo para darnos una idea, el país cuenta con un impuesto al carbono de cinco dólares por tonelada que se aplica a ciertos combustibles. Estimaciones sobre la descarbonización del país respecto a las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) anterior -que no era ni la mitad de la ambición actual-, calculaba que el precio al carbono debía ser de 20 dólares la tonelada a 2030. Más aún, una encuesta realizada por Reuters recomienda un precio uniforme internacional de 100 dólares para alcanzar la carbono neutralidad a 2050. Estamos lejos, bien lejos, de tasar correctamente el carbono en el país (¡y en el mundo!).
- Es fundamental evitar cualquier tipo de doble contabilidad de emisiones o el uso de metodologías inadecuadas que lleven a sobreestimar el impacto de los proyectos, como ya ha ocurrido con dos de estos en el Amazonas colombiano.
El gobierno de Gustavo Petro tiene por delante un reto grande en el proceso de regulación de los mercados de carbono. Susana Muhamad ya ha mencionado que si el país entra a este tipo de iniciativas debe ser con reglas claras. Quedará en ellos determinar si Colombia se ubica como un ejemplo a seguir para otros países de la región latinoamericana, si lidera espacios en los que estos mercados únicamente son movilizados con el objetivo de reducir más emisiones de carbono, o si se une al anecdotario regional del cortoplacismo, el capitalismo a ultranza y la ignorancia sobre la dimensión de la amenaza del cambio climático para nuestra región y el planeta. (Lea también: Energías renovables necesitan minería: ¿pero cómo hacerla sin repetir los errores?)
*José Luis Díaz Ramos y equipo diplomacia Transforma.