¿El medio ambiente gana una batalla en Santurbán?

La petición de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de declarar el páramo de Santurbán (Santander) como Parque Natural Regional y la decisión de un juez administrativo del circuito de Bucaramanga, que ordenaba al Ministerio de Minas y Energía “dejar sin efectos” el principal título minero de la empresa Eco Oro (conocido como el contrato de Concesión 3452), fueron las razones de peso para que la multinacional canadiense de explotación de metales preciosos tomara la decisión de anunciar un plan de retiro voluntario para sus empleados, al que estos podrán acogerse libremente.

Esta decisión, que podría interpretarse como una victoria de los ambientalistas y los defensores de los recursos naturales, estaba siendo esperada por quienes consideran que la canadiense no había dejado claras las reglas desde el comienzo, pues primero buscaron aprobación de una licencia que les permitiera la explotación a cielo abierto para luego –cuando las protestas de la comunidad tuvieron eco nacional– cambiar su propuesta por un proyecto minero subterráneo.

Y aunque la empresa asegura que “a la fecha se ha invertido más de US$ 200 millones en la fase de adquisición de títulos mineros, una fase de exploración de los mismos localizados en los municipios de Vetas y California, en Santander, así como una significativa inversión social en la región”, argumenta que “el plan de retiro voluntario, al cual los empleados podrán acogerse, es el resultado de una larga y cuidadosa revisión de las opciones que tiene la empresa para proteger y garantizar no solo la viabilidad del proyecto, sino asegurar la subsistencia de Eco Oro”.

La multinacional, en un artículo publicado por este medio de comunicación el pasado 25 de enero, comentó que “independientemente de cuál sea la modalidad de explotación subterránea que se proponga, el nuevo proyecto se estructurará bajo la premisa de no intervención en el páramo y el respeto a la preservación y protección de los recursos hídricos de la zona”.

Sin embargo, con el nuevo anuncio que acompaña este sonado caso, Eco Oro estaría reconociendo que el camino no está despejado y que es mejor empezar a liberar cargas que, en este caso, podrían ser las que representan los costos de mantener una plantilla sin tener aún la claridad del futuro del proyecto.

Así las cosas y “teniendo en cuenta que el estudio de prefactibilidad se encuentra en fase final, la nueva estructura de la empresa se dedicará principalmente a trabajar con las autoridades competentes para resolver nuestros obstáculos que a día de hoy nos impiden continuar con nuestro programa de estudios, desarrollo y construcción del proyecto subterráneo Angostura, que de ser superados todos y cada uno de ellos favorablemente, proporcionaría más de 1.000 puestos de trabajo y seria clave en el progreso de la región”, manifestó Joao Carrelo, presidente y CEO de Eco Oro en un comunicado oficial de la multinacional.

La petición de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de declarar el páramo de Santurbán (Santander) como Parque Natural Regional y la decisión de un juez administrativo del circuito de Bucaramanga, que ordenaba al Ministerio de Minas y Energía “dejar sin efectos” el principal título minero de la empresa Eco Oro (conocido como el contrato de Concesión 3452), fueron las razones de peso para que la multinacional canadiense de explotación de metales preciosos tomara la decisión de anunciar un plan de retiro voluntario para sus empleados, al que estos podrán acogerse libremente.

Esta decisión, que podría interpretarse como una victoria de los ambientalistas y los defensores de los recursos naturales, estaba siendo esperada por quienes consideran que la canadiense no había dejado claras las reglas desde el comienzo, pues primero buscaron aprobación de una licencia que les permitiera la explotación a cielo abierto para luego –cuando las protestas de la comunidad tuvieron eco nacional– cambiar su propuesta por un proyecto minero subterráneo.

Y aunque la empresa asegura que “a la fecha se ha invertido más de US$ 200 millones en la fase de adquisición de títulos mineros, una fase de exploración de los mismos localizados en los municipios de Vetas y California, en Santander, así como una significativa inversión social en la región”, argumenta que “el plan de retiro voluntario, al cual los empleados podrán acogerse, es el resultado de una larga y cuidadosa revisión de las opciones que tiene la empresa para proteger y garantizar no solo la viabilidad del proyecto, sino asegurar la subsistencia de Eco Oro”.

La multinacional, en un artículo publicado por este medio de comunicación el pasado 25 de enero, comentó que “independientemente de cuál sea la modalidad de explotación subterránea que se proponga, el nuevo proyecto se estructurará bajo la premisa de no intervención en el páramo y el respeto a la preservación y protección de los recursos hídricos de la zona”.

Sin embargo, con el nuevo anuncio que acompaña este sonado caso, Eco Oro estaría reconociendo que el camino no está despejado y que es mejor empezar a liberar cargas que, en este caso, podrían ser las que representan los costos de mantener una plantilla sin tener aún la claridad del futuro del proyecto.

Así las cosas y “teniendo en cuenta que el estudio de prefactibilidad se encuentra en fase final, la nueva estructura de la empresa se dedicará principalmente a trabajar con las autoridades competentes para resolver nuestros obstáculos que a día de hoy nos impiden continuar con nuestro programa de estudios, desarrollo y construcción del proyecto subterráneo Angostura, que de ser superados todos y cada uno de ellos favorablemente, proporcionaría más de 1.000 puestos de trabajo y seria clave en el progreso de la región”, manifestó Joao Carrelo, presidente y CEO de Eco Oro en un comunicado oficial de la multinacional.