El “mico” en la resolución de sustracción de bosques del Minambiente

A principios de esta semana el Ministerio de Ambiente publicó una nueva resolución sobre cuál es el procedimiento para sustraer las Zonas de Reservas Forestal en Colombia. Se trata de un documento que ha causado preocupación en el sector ambiental, ya que establece las reglas del juego que debe seguir una empresa energética, minera, de hidrocarburos o infraestructura cuando quiere desarrollar un proyecto que está dentro de una zona delimitada bajo la figura de Reserva Forestal, la cual se creó en 1959, bajo la ley segunda, buscando la protección del suelo y los bosques de ciertas áreas clave para el país. (Le puede interesar: MinAmbiente expide resolución para la “sustracción” en reservas forestales)

La idea, desde ese entonces, es que ningún tipo de actividades extractivas o perjudiciales para el medioambiente se realicen en estas zonas, a menos de que la empresa logre demostrar que se trata de “una actividad de utilidad pública” en el país y, después de un estudio, las autoridades ambientales sustraigan o “eliminen” la figura para que esas actividades se puedan desarrollar. Esa sustracción puede ser solicitada para que sea definitiva o temporal.

Pero mientras que para el Ministerio de Ambiente la nueva resolución aclara o actualiza mejor las reglas, para algunos expertos consultados por El Espectador lo que hace es flexibilizarlas, ya que el trámite ahora será más fácil. “Todo este nuevo procedimiento está hecho con criterios fáciles para que las empresas cumplan y las autoridades ambientales, por ende, lo permitan. Lo normatiza”, explica Álvaro Pardo, experto en derecho minero energético y quien le ha seguido la pista al tema desde hace 20 años.

Aunque aparentemente la mayor parte de la resolución no presenta grandes cambios a la norma anterior, el “mico”, señalan algunos, está en el artículo 5, en donde dice que “para los casos en que las actividades previstas en el presente numeral cuatro (4) no requieran aprovechamiento forestal, ni remuevan la cobertura boscosa, ni generen fragmentación o degradación de bosques, el usuario deberá informar y presentar en los términos de la Ley 1755 de 2015 para conocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo a la realización de la actividad la siguiente información”.

En otras palabras, esto se puede interpretar como que, si la minera o el proyecto de infraestructura no va a talar el bosque, debe limitarse a solo informar al Ministerio que hará su proyecto. Lo que aplicaría para “estudios, trabajos y obras de exploración mineras, tempranas o iniciales, que se realicen por métodos de subsuelo necesarias para establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados y la geometría del depósito dentro del área de la concesión, en cantidad y calidad económicamente explotables”.

Lo ilógico, comenta una persona que trabaja en el sector ambiental, pero que prefirió no dar su nombre, es que a través de esta resolución el Ministerio de Ambiente estaría ignorando el impacto que un proyecto extractivo puede tener en un bosque o Reserva Forestal va más allá de talarlo, puede implicar contaminación de agua y cambios del uso del suelo, por lo que no es ideal flexibilizar las condiciones a este tipo de proyectos.

“Es muy grave que esta resolución permita la exploración minera en las Reservas de Ley 2da sin sustracción, bajo el argumento de que no se talen los bosques. Eso es ilegal. La ley no exige la sustracción por la tala del bosque, sino por el cambio en el uso del suelo”, señaló Julia Miranda, ex directora de Parques Nacionales Naturales en un comunicado.

En el abecé sobre la resolución que mandó el Ministerio de Ambiente a los medios de comunicación tras preguntar por las dudas que tenían los expertos, no se refieren a este punto. Explican, por ejemplo, que no siempre que una empresa solicita una sustracción de Zonas de Reserva Forestal esta se otorga. “La decisión de sustracción depende de la evaluación técnica que adelanta la autoridad ambiental, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica y las características biofísicas del área que se pretende sustraer, en relación con el resto de la reserva”. Además, señalan que “si se llegase a evidenciar una presunta infracción conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se dará traslado al grupo sancionatorio de la autoridad ambiental”.

Sin embargo, el punto, precisamente, es que para actividades que no talen el bosque, pero que potencialmente sí contaminen los recursos, no se tendrá que hacer ningún tipo de solicitud de sustracción, sino solo informar al Ministerio.

No es la primera vez que intentan debilitar las normas que rodean a las Zonas de Reserva Forestal. Durante las discusiones en Congreso para sacar adelante la Ley de Acción Climática, que terminó siendo sancionada por Duque en diciembre del año pasado, hubo una proposición que buscaba modificar la ley segunda de las zonas de reservas forestales. Y aunque la idea no pasó ni fue discutida, sí generó la primera alerta de personas en el sector ambiental de que habría un interés porque fuera más fácil permitir actividades extractivas en estas zonas. (Le puede interesar: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Como lo explicó Rodrigo Botero, director general de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), en ese entonces, las reservas forestales cubren el área más grande del país con restricción de uso de suelo y cobertura forestal que, precisamente, permite mitigar los efectos del cambio climático. Bajo esta figura están amparados más del 90 % de la Amazonia, más del 85 % de la zona del Pacífico en el país, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía de San Lucas (cordillera Central), la serranía de San Lucas (que desemboca en el río Catatumbo) y la parte sur de la cordillera Oriental.

Flexibilizar que entren a estas zonas proyectos extractivos, explican los expertos, va en contravía de los compromisos que hizo el país ante la COP26 para reducir el 51% de los gases efectos invernadero para 2030. Ya que los bosques son una de las mejores estrategias de mitigación. (Lea también: Colombia se compromete a reducir en 51% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030)

A principios de esta semana el Ministerio de Ambiente publicó una nueva resolución sobre cuál es el procedimiento para sustraer las Zonas de Reservas Forestal en Colombia. Se trata de un documento que ha causado preocupación en el sector ambiental, ya que establece las reglas del juego que debe seguir una empresa energética, minera, de hidrocarburos o infraestructura cuando quiere desarrollar un proyecto que está dentro de una zona delimitada bajo la figura de Reserva Forestal, la cual se creó en 1959, bajo la ley segunda, buscando la protección del suelo y los bosques de ciertas áreas clave para el país. (Le puede interesar: MinAmbiente expide resolución para la “sustracción” en reservas forestales)

La idea, desde ese entonces, es que ningún tipo de actividades extractivas o perjudiciales para el medioambiente se realicen en estas zonas, a menos de que la empresa logre demostrar que se trata de “una actividad de utilidad pública” en el país y, después de un estudio, las autoridades ambientales sustraigan o “eliminen” la figura para que esas actividades se puedan desarrollar. Esa sustracción puede ser solicitada para que sea definitiva o temporal.

Pero mientras que para el Ministerio de Ambiente la nueva resolución aclara o actualiza mejor las reglas, para algunos expertos consultados por El Espectador lo que hace es flexibilizarlas, ya que el trámite ahora será más fácil. “Todo este nuevo procedimiento está hecho con criterios fáciles para que las empresas cumplan y las autoridades ambientales, por ende, lo permitan. Lo normatiza”, explica Álvaro Pardo, experto en derecho minero energético y quien le ha seguido la pista al tema desde hace 20 años.

Aunque aparentemente la mayor parte de la resolución no presenta grandes cambios a la norma anterior, el “mico”, señalan algunos, está en el artículo 5, en donde dice que “para los casos en que las actividades previstas en el presente numeral cuatro (4) no requieran aprovechamiento forestal, ni remuevan la cobertura boscosa, ni generen fragmentación o degradación de bosques, el usuario deberá informar y presentar en los términos de la Ley 1755 de 2015 para conocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo a la realización de la actividad la siguiente información”.

En otras palabras, esto se puede interpretar como que, si la minera o el proyecto de infraestructura no va a talar el bosque, debe limitarse a solo informar al Ministerio que hará su proyecto. Lo que aplicaría para “estudios, trabajos y obras de exploración mineras, tempranas o iniciales, que se realicen por métodos de subsuelo necesarias para establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados y la geometría del depósito dentro del área de la concesión, en cantidad y calidad económicamente explotables”.

Lo ilógico, comenta una persona que trabaja en el sector ambiental, pero que prefirió no dar su nombre, es que a través de esta resolución el Ministerio de Ambiente estaría ignorando el impacto que un proyecto extractivo puede tener en un bosque o Reserva Forestal va más allá de talarlo, puede implicar contaminación de agua y cambios del uso del suelo, por lo que no es ideal flexibilizar las condiciones a este tipo de proyectos.

“Es muy grave que esta resolución permita la exploración minera en las Reservas de Ley 2da sin sustracción, bajo el argumento de que no se talen los bosques. Eso es ilegal. La ley no exige la sustracción por la tala del bosque, sino por el cambio en el uso del suelo”, señaló Julia Miranda, ex directora de Parques Nacionales Naturales en un comunicado.

En el abecé sobre la resolución que mandó el Ministerio de Ambiente a los medios de comunicación tras preguntar por las dudas que tenían los expertos, no se refieren a este punto. Explican, por ejemplo, que no siempre que una empresa solicita una sustracción de Zonas de Reserva Forestal esta se otorga. “La decisión de sustracción depende de la evaluación técnica que adelanta la autoridad ambiental, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica y las características biofísicas del área que se pretende sustraer, en relación con el resto de la reserva”. Además, señalan que “si se llegase a evidenciar una presunta infracción conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se dará traslado al grupo sancionatorio de la autoridad ambiental”.

Sin embargo, el punto, precisamente, es que para actividades que no talen el bosque, pero que potencialmente sí contaminen los recursos, no se tendrá que hacer ningún tipo de solicitud de sustracción, sino solo informar al Ministerio.

No es la primera vez que intentan debilitar las normas que rodean a las Zonas de Reserva Forestal. Durante las discusiones en Congreso para sacar adelante la Ley de Acción Climática, que terminó siendo sancionada por Duque en diciembre del año pasado, hubo una proposición que buscaba modificar la ley segunda de las zonas de reservas forestales. Y aunque la idea no pasó ni fue discutida, sí generó la primera alerta de personas en el sector ambiental de que habría un interés porque fuera más fácil permitir actividades extractivas en estas zonas. (Le puede interesar: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Como lo explicó Rodrigo Botero, director general de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), en ese entonces, las reservas forestales cubren el área más grande del país con restricción de uso de suelo y cobertura forestal que, precisamente, permite mitigar los efectos del cambio climático. Bajo esta figura están amparados más del 90 % de la Amazonia, más del 85 % de la zona del Pacífico en el país, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía de San Lucas (cordillera Central), la serranía de San Lucas (que desemboca en el río Catatumbo) y la parte sur de la cordillera Oriental.

Flexibilizar que entren a estas zonas proyectos extractivos, explican los expertos, va en contravía de los compromisos que hizo el país ante la COP26 para reducir el 51% de los gases efectos invernadero para 2030. Ya que los bosques son una de las mejores estrategias de mitigación. (Lea también: Colombia se compromete a reducir en 51% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030)