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En la bahía de Cispata, al sur del golfo de Morrosquillo, hay un bosque que pocos conocen. Allí, rodeados por ciénagas donde se mezclan el agua dulce del río Sinú y la salada del Caribe, crecen cinco especies de mangles en 8.700 hectáreas.
Hoy, esos bosques son los mejor conservados del Caribe colombiano, según le contó hace unos meses a El Espectador Paula Cristina Sierra, bióloga del Invemar. Son tan importantes que hace siete años fueron protegidos por la Corporación Autónoma de los Valles de los Ríos Sinú y San Jorge (CVS) y el Invemar, y este año la Unión Europea aportó 1,4 millones de euros para un proyecto de desarrollo sostenible en esa región.
Por eso los habitantes del municipio de San Antero (Córdoba) ven hoy estupefactos cómo, contra estas decisiones, avanzan los trámites para construir un puerto marítimo de aguas profundas en una zona que, según la legislación actual, está blindada contra este tipo de proyectos.
Un historia de más de dos décadas
En 1999, un grupo de empresarios cordobeses le pagó $102 millones a la firma holandesa Haskoning para que trazara una X sobre el lugar del golfo de Morrosquillo más idóneo para un puerto de carga. Un artículo de la época del periódico El Tiempo señaló que, luego del estudio, la compañía concluyó que el punto ideal para la construcción estaba entre Punta Bello y Punta Bolívar, dos pequeños cabos del municipio de San Antero.
Al mismo tiempo, el Invemar y la CVS tocaban puertas para financiar un estudio que les permitiera conocer el estado de los tupidos manglares de la bahía de Cispata. En 2002, el Ministerio de Ambiente les dio luz verde y, junto con financiación japonesa, por fin lograron desentrañar la importancia biológica del delta del río Sinú.
Ese estudio no sólo encontró que allí estaban los manglares mejor conservados de todo el Caribe, sino que demostró la urgencia de proteger de alguna manera el complejo bosque marino. Por años, mangleros y pescadores habían explotado los recursos de la bahía. El estudio señaló que si no se armonizaba ese aprovechamiento con metas ambientales, existía la posibilidad de que la zona fuera destruida.
Por eso las entidades se pusieron manos a la obra y en 2006 consiguieron la aprobación del Distrito de Manejo Integrado Bahía de Cispata (DMI Cispata). Esa declaración obligaba a las entidades a trazar un plan de manejo para el área, que indique, por ejemplo, en qué zona se puede pescar, aprovechar madera, hacer ecoturismo o investigaciones científicas, o qué actividades quedan terminantemente prohibidas. Tras cuatro años de conversaciones con la comunidad y de estudios científicos, la CVS e Invemar publicaron en 2010 el plan de manejo integrado para el DMI Cispata.
En la página 98 de ese documento se resumieron las actividades prohibidas dentro del DMI, entre ellas la construcción de “obras de infraestructura de alto impacto sobre los objetos de conservación del DMI, como puertos, carreteras, instalaciones de telecomunicaciones, oleoductos, entre otras”. Esa decisión fue aceptada por la CVS el 1º de julio de ese año.
Pero mientras los pescadores y mangleros celebraban el modelo de desarrollo sostenible que ellos mismos habían ayudado a crear, se cocinaba la construcción de dos puertos más arriba, entre Punta Bello y Punta Bolívar, tal como lo proyectó aquel informe de 1999.
Sin claridades
En 2016 estalló la bomba mediática. El actual director de la CVS, José Fernando Tirado, había autorizado la construcción de un puerto de carbón en un área protegida: el DMI de la bahía de Cispata. La presión en contra fue tal que Tirado revocó la licencia a los pocos días, sólo para reactivarla unos meses más tarde y suspenderla “de manera indefinida”.
Sin embargo, la construcción de otro puerto, no de carbón, pero sí de gran calado, para recibir todo tipo de contenedores, pasó de agache frente a los medios, a pesar de que parte de su infraestructura también se encuentra dentro del área protegida, donde está prohibido hacer ese tipo de construcciones.
Según los documentos oficiales a los que tuvo acceso El Espectador, la empresa Sociedad Portuaria de San Antero S.A. asegura que su proyecto es legal, pues, de acuerdo con el POT de San Antero, Punta Bello es un área para construcciones portuarias. No obstante, el POT es de 2007, por lo que todavía no está incluida la ampliación del DMI de Cispata, que, en su versión de 2010, acoge a Punta Bello.
No está muy claro por qué la Sociedad Portuaria de San Antero S.A. decidió ignorar la existencia del área protegida del DMI para planear su proyecto. Desde el 5 de junio El Espectador se puso en contacto con la empresa, pero no recibió respuesta. Lo cierto es que el año pasado el alcalde de San Antero se enteró de que la empresa seguía moviéndose para conseguir su licencia ambiental. Como una forma de blindarse, decidió presentarle al Concejo Municipal una propuesta para prohibir en todo el municipio la construcción de puertos. Logró aprobarlo por unanimidad el 5 de diciembre de 2017.
Con ese acuerdo y con el DMI en mano, el alcalde empezó a tocar las puertas de las distintas entidades para que pararan el proceso de concesión portuaria. La respuesta: el Ministerio del Interior le notificó que el 7 y 8 de mayo dos funcionarios de esa entidad harían las preconsultas con las comunidades afros afectadas por el proyecto.
“En la reunión, nosotros nos paramos de la mesa, porque hay un acuerdo municipal que prohíbe la construcción de estos puertos”, le explicó a este diario Roberth Angulo, asesor jurídico de la Alcaldía. “Es absurdo: es como si el Ministerio hiciera una preconsulta en un parque natural. Eso no tiene sentido porque están haciendo un proceso para un proyecto ilegal en esa área”, agrega.
La única forma de que el proyecto se “legalice” es que, cuando la empresa esté tramitando su licencia ambiental, pida la sustracción del área protegida al consejo directivo de la CVS, el mismo que aprobó la ampliación hace siete años. José Fernando Tirado, director de la CVS, dijo que “la Corporación siempre le apuesta a lo verde”, pero se abstuvo de dar una opinión oficial si esto llegara a ocurrir. “Mientras no existan esos estudios ninguna autoridad podría decir cómo pensaría. Confío en que los 13 miembros del consejo directivo, en el que tienen asiento el Ministerio de Ambiente y la Presidencia, tendrá la sabiduría para actuar”, concluye.