El río que se roban en la tierra de Gabo

El martes de la semana pasada, 6 de febrero, Wilfrido Ayala bordeó de nuevo el río Aracataca. Esta vez fue por petición de los habitantes de Pueblo Viejo, un municipio magdalenense a una hora de Santa Marta. “Alcalde, el agua se está reduciendo, ya no tiene el mismo caudal, no tiene la misma fuerza”, le decían, y de tanta insistencia recorrió la cuenca con una comisión. Después vino la denuncia. (Lea: La espera por el agua continúa en Aracataca) 

Abrió su Twitter y posteó bajo el hashtag “ATENCIÓN” que el agua estaba siendo captada de manera ilegal. Grandes productores de aceite y banano habían improvisado trincheras con sacos y restos de madera para desviar la corriente y regar los cultivos de sus fincas. Por eso no llegaba agua a la desembocadura, ni al pueblo palafito asentado a sus orillas, llamado Bocas de Aracataca.

En ese pueblo nació Ayala. Es un asentamiento de pescadores que asistió a la disminución del afluente después de la mitad del siglo XX. En 1950, un grupo de consultores estimó que el caudal medio del río era de 28,8 metros cúbicos; 30 años después, la estimación ya iba en quince.

De hecho, entre los recuerdos del funcionario reposa la imagen alta y veloz del caudal del río. “La corriente era tanta que nuestros padres nos prohibían bañarnos por fuera de las embarcaciones. Las mujeres lavaban en la orilla y en alguna ocasión, una de esas madres perdió a su hijo porque cayó al agua. Ocho horas se tardaron para hallar el cuerpo, muy lejos, dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, cuenta Ayala.

En ese momento, el Aracataca era la cuenca más estudiada de la región, según el Plan de Manejo Integral de la época. Se sabía que, después de nacer en la Sierra Nevada, el río crecía de forma significativa por la lluvia al cruzar los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Que en febrero y marzo sus aguas eran mínimas, mientras que en septiembre y octubre se registraban los valores máximos. El caudal medio estaba en 13,4 metros cúbicos.

Pero en los años siguientes el monitoreo fue inconstante. Tanto así que en el Estudio Nacional del Agua, elaborado por el Ideam en 2014, donde está recopilado el estado actual de todas las cuencas hidrográficas del país, hay datos sobre el Aracataca de 1985 a 2004 y luego el registro desaparece.

Eso significa, en palabras de Sandra Vilardy, “una omisión estatal histórica”. Esta bióloga marina, Ph.D. en ecología y medio ambiente y profesora de la Universidad del Magdalena, ha puesto los ojos sobre este río desde hace una década. “Ya en 2009 que regresé al país existía la disminución del agua en el Aracataca”, comenta. El problema es que no había instrumentos técnicos para obtener datos del caudal.

Ese fue el panorama que encontró la secretaria de la Convención Ramsar cuando visitó la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sólo estaban los datos empolvados sobre el Aracataca, considerado el segundo río más importante del complejo lagunar. Con base en esa información, los expertos internacionales declararon en el informe de asesoramiento que “durante los últimos 20 años se ha dado una pérdida significativa del caudal de esta corriente”.

La única prueba que confirma ese deterioro es el testimonio de la gente de Bocas, donde el agua solía llegar ancha y caudalosa. Ahora sus habitantes no tienen ni para el consumo y les toca navegar hora y media hasta el Pancu, un río adentrado en la Ciénaga, con el fin de abastecerse.

La pregunta de todos es: ¿qué está pasando aguas arriba del Aracataca? Ese misterio impulsó hace dos años al alcalde a convocar a un recorrido por la margen del río. Invitó a Vilardy y llamó a la Policía Ambiental, a la Fiscalía y a los funcionarios de Corpomag. “Nos encontramos el mismo panorama actual. Siete fincas habían construido talanqueras para que la corriente entrara a sus predios. Estas son la finca Leyva, La Jaiyo, El Roble, Suramérica, San Marcos, Gavilán y el predio Australia”, denuncia Ayala.

En esa ocasión, Alfredo Martínez, subdirector de Gestión Ambiental de Corpomag, dio la orden de remover los diques y un par de motores industriales de 36 pulgadas con el fin de despejar el cauce. El cambio fue tan evidente que 72 horas después el agua volvía a correr junto a Bocas de Aracataca. Esa noche el ruido de la corriente asustó a los pobladores. Pensaron que se les venía una avalancha.

Pero en esa ocasión hubo un hueco investigativo. De acuerdo con Martínez, la corporación visitó los predios. “Les consultamos a los administradores de quién eran las fincas, nos daban un nombre y nosotros abríamos procesos sancionatorios. Al final resultó que esas personas no aparecían registradas como propietarios y se venían abajo los procesos”, sostiene el subdirector.

Por eso la caminata de hace una semana fue un déjà vu. Las mismas autoridades y las trincheras idénticas sobre el río, hasta las mismas fincas reincidentes. Según el registro más reciente sobre concesiones, fijado el pasado 31 de diciembre, la corporación ha otorgado de manera legal una parte del caudal a ocho predios en la región. De ellos, la única finca registrada es la Suramérica.

El resto de las tomas denunciadas por Ayala serían ilegales y sus propietarios estarían cometiendo un delito. Entre ellos estaría el dueño de la finca Australia que, según habitantes del lugar, estaría asociado con un representante a la Cámara por el Partido Liberal.

El asunto se repite porque las autoridades no tienen capacidad de control. Por suerte, el Ministerio de Ambiente escuchó las quejas de la experta y le ordenó al Ideam instalar estaciones hidrológicas en la desembocadura del Aracataca. Con esa información se podrá calcular cuándo y cuánto aumenta o disminuye la profundidad del río.

Ese es el primer paso para una solución. Lo siguiente, considera Vilardy, es crear una estrategia de cobranza del agua pensando en el bien público y fortalecer el Plan de Ordenación y Manejo (Pomca) del río. Esto empoderaría a la comunidad de Bocas y volvería a darle a Corpomag el control sobre el valioso ecosistema, más aún teniendo en cuenta que un tratado internacional como la Convención Ramsar le jaló las orejas al Gobierno al advertir la crisis ecológica que vive el Aracataca y todo el complejo lagunar al que pertenece.

Cortesía de la Alcaldia de Pueblo Viejo, Magdalena. 

El martes de la semana pasada, 6 de febrero, Wilfrido Ayala bordeó de nuevo el río Aracataca. Esta vez fue por petición de los habitantes de Pueblo Viejo, un municipio magdalenense a una hora de Santa Marta. “Alcalde, el agua se está reduciendo, ya no tiene el mismo caudal, no tiene la misma fuerza”, le decían, y de tanta insistencia recorrió la cuenca con una comisión. Después vino la denuncia. (Lea: La espera por el agua continúa en Aracataca) 

Abrió su Twitter y posteó bajo el hashtag “ATENCIÓN” que el agua estaba siendo captada de manera ilegal. Grandes productores de aceite y banano habían improvisado trincheras con sacos y restos de madera para desviar la corriente y regar los cultivos de sus fincas. Por eso no llegaba agua a la desembocadura, ni al pueblo palafito asentado a sus orillas, llamado Bocas de Aracataca.

En ese pueblo nació Ayala. Es un asentamiento de pescadores que asistió a la disminución del afluente después de la mitad del siglo XX. En 1950, un grupo de consultores estimó que el caudal medio del río era de 28,8 metros cúbicos; 30 años después, la estimación ya iba en quince.

De hecho, entre los recuerdos del funcionario reposa la imagen alta y veloz del caudal del río. “La corriente era tanta que nuestros padres nos prohibían bañarnos por fuera de las embarcaciones. Las mujeres lavaban en la orilla y en alguna ocasión, una de esas madres perdió a su hijo porque cayó al agua. Ocho horas se tardaron para hallar el cuerpo, muy lejos, dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, cuenta Ayala.

En ese momento, el Aracataca era la cuenca más estudiada de la región, según el Plan de Manejo Integral de la época. Se sabía que, después de nacer en la Sierra Nevada, el río crecía de forma significativa por la lluvia al cruzar los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Que en febrero y marzo sus aguas eran mínimas, mientras que en septiembre y octubre se registraban los valores máximos. El caudal medio estaba en 13,4 metros cúbicos.

Pero en los años siguientes el monitoreo fue inconstante. Tanto así que en el Estudio Nacional del Agua, elaborado por el Ideam en 2014, donde está recopilado el estado actual de todas las cuencas hidrográficas del país, hay datos sobre el Aracataca de 1985 a 2004 y luego el registro desaparece.

Eso significa, en palabras de Sandra Vilardy, “una omisión estatal histórica”. Esta bióloga marina, Ph.D. en ecología y medio ambiente y profesora de la Universidad del Magdalena, ha puesto los ojos sobre este río desde hace una década. “Ya en 2009 que regresé al país existía la disminución del agua en el Aracataca”, comenta. El problema es que no había instrumentos técnicos para obtener datos del caudal.

Ese fue el panorama que encontró la secretaria de la Convención Ramsar cuando visitó la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sólo estaban los datos empolvados sobre el Aracataca, considerado el segundo río más importante del complejo lagunar. Con base en esa información, los expertos internacionales declararon en el informe de asesoramiento que “durante los últimos 20 años se ha dado una pérdida significativa del caudal de esta corriente”.

La única prueba que confirma ese deterioro es el testimonio de la gente de Bocas, donde el agua solía llegar ancha y caudalosa. Ahora sus habitantes no tienen ni para el consumo y les toca navegar hora y media hasta el Pancu, un río adentrado en la Ciénaga, con el fin de abastecerse.

La pregunta de todos es: ¿qué está pasando aguas arriba del Aracataca? Ese misterio impulsó hace dos años al alcalde a convocar a un recorrido por la margen del río. Invitó a Vilardy y llamó a la Policía Ambiental, a la Fiscalía y a los funcionarios de Corpomag. “Nos encontramos el mismo panorama actual. Siete fincas habían construido talanqueras para que la corriente entrara a sus predios. Estas son la finca Leyva, La Jaiyo, El Roble, Suramérica, San Marcos, Gavilán y el predio Australia”, denuncia Ayala.

En esa ocasión, Alfredo Martínez, subdirector de Gestión Ambiental de Corpomag, dio la orden de remover los diques y un par de motores industriales de 36 pulgadas con el fin de despejar el cauce. El cambio fue tan evidente que 72 horas después el agua volvía a correr junto a Bocas de Aracataca. Esa noche el ruido de la corriente asustó a los pobladores. Pensaron que se les venía una avalancha.

Pero en esa ocasión hubo un hueco investigativo. De acuerdo con Martínez, la corporación visitó los predios. “Les consultamos a los administradores de quién eran las fincas, nos daban un nombre y nosotros abríamos procesos sancionatorios. Al final resultó que esas personas no aparecían registradas como propietarios y se venían abajo los procesos”, sostiene el subdirector.

Por eso la caminata de hace una semana fue un déjà vu. Las mismas autoridades y las trincheras idénticas sobre el río, hasta las mismas fincas reincidentes. Según el registro más reciente sobre concesiones, fijado el pasado 31 de diciembre, la corporación ha otorgado de manera legal una parte del caudal a ocho predios en la región. De ellos, la única finca registrada es la Suramérica.

El resto de las tomas denunciadas por Ayala serían ilegales y sus propietarios estarían cometiendo un delito. Entre ellos estaría el dueño de la finca Australia que, según habitantes del lugar, estaría asociado con un representante a la Cámara por el Partido Liberal.

El asunto se repite porque las autoridades no tienen capacidad de control. Por suerte, el Ministerio de Ambiente escuchó las quejas de la experta y le ordenó al Ideam instalar estaciones hidrológicas en la desembocadura del Aracataca. Con esa información se podrá calcular cuándo y cuánto aumenta o disminuye la profundidad del río.

Ese es el primer paso para una solución. Lo siguiente, considera Vilardy, es crear una estrategia de cobranza del agua pensando en el bien público y fortalecer el Plan de Ordenación y Manejo (Pomca) del río. Esto empoderaría a la comunidad de Bocas y volvería a darle a Corpomag el control sobre el valioso ecosistema, más aún teniendo en cuenta que un tratado internacional como la Convención Ramsar le jaló las orejas al Gobierno al advertir la crisis ecológica que vive el Aracataca y todo el complejo lagunar al que pertenece.

Cortesía de la Alcaldia de Pueblo Viejo, Magdalena.