1 Jan 2020 - 2:00 a. m.

El turismo desmedido tiene en jaque a La Tatacoa

La CAM anunció que el hotel Bethel será demolido por infracciones ambientales y no tener licencia. Frank Corredor, dueño, explica que al adquirir las tierras no le exigieron permiso. El aumento de turismo provocó privatización y ahora destapa un vacío en el control de actividades.

Paula Casas Mogollón / @PauCasasM

El desierto de la Tatacoa, una reserva natural de 56.000 hectáreas, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los turistas nacionales y extranjeros. Sus imponentes paisajes, donde sobresale el color rojizo de sus montañas, la exuberante flora y fauna que habita en el bosque seco tropical y la posibilidad de observar las estrellas en la noche han hecho que más de 300.000 personas lo visiten cada año, según la Gobernación del Huila. (Puede leer: Ordenan demoler un exclusivo hotel en el desierto de la Tatacoa por infracciones ambientales)

El incremento acelerado de visitantes por la popularización del desierto como destino turístico ha impulsado la construcción de hoteles y hostales. En la actualidad, en Villavieja hay 54 prestadores de servicios de alojamiento con Registro Nacional de Turismo activo, de los cuales 16 están en La Tatacoa. Este incremento desmedido ha hecho que los habitantes vendan sus terrenos a los constructores y que la mayoría de las tierras sean privadas. “Aunque es bueno potenciar el territorio, hemos perdido parte de nuestro patrimonio. A estas zonas ya no nos dejan acceder y no podemos buscar fósiles, que aquí es una actividad tradicional por ser terreno paleontológico”, dijo uno de los habitantes.

En una de estas zonas fue construido el Bethel Bio Luxury Hotel, uno de los hoteles más lujosos de la región. En la parte más alta de La Tatacoa están las imponentes instalaciones enmarcadas entre los ocres y grises del desierto, y el verde de los cactus. El espejo de agua que forman sus piscinas naturales es quizá su principal atractivo. Y, a lo largo de sus 320 hectáreas, están los Bioeggs, unos huevos gigantes inspirados en los dinosaurios que están al aire libre; la Casa Bethel, una construcción de cien años de madera de mangle; los Glampings, desde donde se puede observar las estrellas por la noche; los Eco Cavs y los Bed Pings. El precio por noche oscila entre $700.000 y $1’200.000. (Puede leer: Un coleccionista en el desierto de la Tatacoa)

A pesar de ser descrito como un hotel mágico que está basado en un concepto bio, el establecimiento ha acaparado los titulares luego de que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), en un documento, los acusara de violar las normas del manejo ambiental como, por ejemplo, alterar la hidrología y construir en zona de restauración. El 27 de diciembre de 2019, la entidad emitió la resolución 3569 en la que impuso una multa de más de $790 millones y ordenó el cierre y la demolición del establecimiento.

Pero, ¿cuáles son los daños ambientales de los que se acusa al hotel? Según el texto, la captación y el uso ilegal del agua, afectación de la calidad del recurso hídrico, desaparición por uso y aprovechamiento de la especie forestal acacia farnesiana y la contaminación del suelo por la inadecuada disposición de los residuos. Frank Sthoffer Corredor, dueño del hotel, se defiende argumentando que la entidad solo se basó en las visitas que realizó, en las que, según explicó, ni siquiera recolectaron pruebas técnicas, ni aceptaron los recibos de pago, ni recibieron las declaraciones extrajuramentadas de los campesinos a quienes les compró el terreno.

No obstante, esta no es la primera vez que el hotel Bethel es acusado por infringir las normas ambientales. El 5 de enero de 2017, mediante la resolución 015 la CAM le había notificado a Corredor que estaba provocando daños al medio ambiente, justo los mismos por los que hoy emiten una orden para cerrar y demoler el hotel. La CAM lo sancionó luego de recibir varias denuncias y realizar una visita.

Para esa época, Corredor alegó que la CAM, mediante la resolución 207 del 8 de febrero de 2011, le otorgó un permiso de concesión de aguas superficiales que tiene vigencia de diez años; es decir, se vence hasta 2021. Pero, según explicó la entidad, esta autorización solo entró en vigor a partir del pago de la publicación en la gaceta, que se efectuó el 24 de febrero de 2017. “Queda claro que la captación viene realizándose desde antes de esa fecha”, añadió. La primera fase del Bethel Bio Luxury Hotel fue en agosto de 2015 y hasta 2017 obtuvo el Registro Nacional de Turismo.

Además, la CAM señaló que el hotel estaba construido en una zona protegida. El desierto, en 2010, iba a ser un parque natural, pero con la medida cerca de 300 familias que vivían en la región terminarían afectadas. Por eso, la organización y los habitantes llegaron a un acuerdo: la mejor estrategia para proteger la zona era crear el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). La Tatacoa contó con 35.140 hectáreas, el 22 % de las cuales son zonas de preservación y 49 % de restauración para preservación. Es decir, en tres cuartas partes del desierto no se pueden realizar actividades que deterioren el ecosistema. 

En 2011 cambió la delimitación de la zona y hasta 2015 quedó registrado, en el Plan Ambiental de Manejo del DRMI de La Tatacoa, cómo iban a ser los límites. Corredor dijo que en 2010 fue aprobada la construcción del hotel y que, como comprueban los documentos, no iba a estar en áreas de protección ni necesitaba alguna licencia ambiental. Sin embargo, tras la modificación de régimen, la infraestructura del proyecto quedó en la “zona de restauración para la preservación” y en la “zona de restauración para el uso sostenible”. “La entidad nunca nos notificó que la ley que regulaba los predios, que compramos en 2010, se había transformado. Nos vinimos a enterar cuando nos pidieron un documento con las coordenadas del establecimiento”, afirmó Corredor.

También se le inculpó de que las aguas residuales del restaurante y de las habitaciones no tenían un sistema de tratamiento y se estarían infiltrando al suelo. Durante su visita, la CAM añadió que dicho sistema, de varias de las instalaciones, fue construido sobre el cauce de un drenaje sin el permiso de ocupación y “la generación se está haciendo de manera ilegal”. Ante las acusaciones, Corredor explicó que el hotel cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR), “que fue implementado por nosotros. Nos tocó hacer el sistema porque, después de enviarles muchas cartas no nos dieron una adecuada orientación. En la actualidad, cada tanque es para dos habitaciones”, refutó el arquitecto. (Le puede interesar: El pelao que salvó 12 millones de años de historia)

En su afán por defender el patrimonio de su familia, Corredor, el día que se conoció públicamente la decisión de la CAM, decidió contar por medio de su cuenta de Facebook que un funcionario de la entidad “pedía dinero a caficultores, constructoras, pesqueras y otros segmentos productivos del Huila a cambio de trámites en la entidad”. Una situación que, en su momento, denunciaron varios empresarios de la región durante las reuniones. Se trata de Óscar Daniel Pajoy Salazar, exdirector de la regional norte, quien se apartó de su cargo. Aunque la CAM nunca explicó si lo habían retirado de su puesto por las quejas o él había renunciado.

La situación del Bethel Bio Luxury Hotel aún es incierta. Corredor presentó su recurso de reposición el lunes 27 de enero, en el que alega, según él, las inconsistencias de la CAM en la entrega de permisos, como el del manejo de aguas y las licencias ambientales. Esta resolución, que aún no está en firme, se podría trasladar hasta un juez y, en caso de ser aprobada, solo se demolería el 50 % del establecimiento que está ubicado en la zona de protección, luego de que así lo determinara la nueva organización del desierto.

A pesar de que es un caso mediático, porque están involucrados dos pesos pesados de la región, es un ejemplo para evidenciar cómo el turismo desmedido ha afectado la zona, desde las prácticas que atacan al medio ambiente hasta la privatización de las tierras. Además, sirve de llamado a las autoridades para que ejerzan algún tipo de vigilancia y control que regule actividades como el senderismo o las caravanas de vehículos. De hecho, la más reciente denuncia de la comunidad se debe a que los turistas ahora hacen torres con piedras para pedir deseos, una práctica que pone en riesgo a especies de insectos y aves.

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