Esta semana se confirmó la cancelación definitiva de la construcción de dos parques eólicos claves para el país, que prometían generar energía para 823.000 viviendas. EDP Renewables (EDPR), la empresa encargada de construirlos, anunció la subasta pública de las hélices, los transformadores y todos los materiales que habían comprado en 2021 para construir Alpha y Beta, que serían dos de los proyectos eólicos más grandes de Colombia.
Cuando se inició la planificación de Alpha y Beta, en 2019, se esperaba que entraran en operación en 2023 y 2024, respectivamente. Sin embargo, la empresa había adelantado en diciembre de 2024 que “estos proyectos no cumplen con los criterios de inversión y perfil de riesgo de la compañía”, por lo que no harían las inversiones que hacen falta para terminarlos. Hoy, la mayoría de estas obras en La Guajira están detenidas y no tienen un futuro claro.
Empresas como EDPR han argumentado problemas regulatorios en el país y demoras en la construcción de las líneas de conexión para llevar la energía al resto de Colombia. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, como Indepaz, han señalado conflictos sociales y con las empresas en varios proyectos eólicos de La Guajira, que han generado malestar y bloqueos durante las obras, así como problemas estructurales en este territorio.
El abandono de Alpha y Beta es una muestra de lo que está ocurriendo en la región que prometía impulsar la transición energética en Colombia. Solucionar los problemas no parece una tarea fácil e implicaría cambios que involucran a varias entidades del Gobierno, las empresas y las comunidades wayuu.
Los conflictos sociales detrás de la transición energética
El caso de Alpha y Beta “es la conclusión de lo que le ha ocurrido a todos los actores en La Guajira”, señala Claro Cotes, abogado y consultor jurídico de la firma Holland & Knight, una consultora de temas jurídicos que ha asesorado a empresas de energías renovables. Para él, hay dificultades en los permisos ambientales y sociales que deben obtener los proyectos para poder iniciar su construcción, que están llevando a las empresas a retirarse del país.
En Colombia, los proyectos de generación de energías renovables que superan los 50 megavatios (Alpha y Beta buscaban generar 500), deben obtener un permiso por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Para lograrlo, tienen que hacer un proceso de consulta previa con las comunidades que se encuentren en el área de influencia del proyecto, con el fin de garantizar sus derechos y acordar una serie de compensaciones por los impactos que genera en su territorio. En La Guajira, las comunidades wayuu están divididas en clanes que se distribuyen por todo el departamento.
En 2023, Joanna Barney, investigadora de Indepaz, ya señalaba algunos de estos problemas en el libro “Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento wayuu”. Por ejemplo, alrededor de la construcción de Beta había un conflicto social que involucraba a dos comunidades. El acuerdo de las compensaciones durante la consulta previa se hizo con una autoridad reconocida por entidades del Gobierno local, pero, no por los miembros de la comunidad. Es decir, la empresa habría dialogado con personas que no cuentan con la legitimidad de autoridad ancestral en su comunidad.
En noviembre de ese mismo año, el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés) también explicó que este problema es usual en las consultas previas que se adelantan en La Guajira. En los registros de la Dirección Nacional de Consulta Previa figuran como “autoridades tradicionales” personas que no son reconocidas como la autoridad de una comunidad wayuu. Las empresas negocian con estas porque son las que están formalmente reconocidas.
Otro problema durante la consulta previa del parque eólico Beta tendría que ver con el monto de las compensaciones. En el libro, la investigadora muestra que se acordó una compensación de $1.500.000 mensuales por aerogenerador para cada comunidad. Este monto se entregaría por medio de proyectos productivos en pagos anuales. Sin embargo, en los últimos años hubo un cambio en la tecnología de aerogeneradores, que aumentaron su tamaño para producir más energía instalando menos turbinas. “Los acuerdos con las comunidades no se modifican, aunque eso significa que la empresa va a tener más ganancias y las comunidades recibirán menos”, se lee en el documento de Indepaz.
Este tipo de conflictos han generado desacuerdos al interior de las comunidades y entre las comunidades y las empresas. Por eso, para Barney, esta “es una situación que ya se veía venir, no solo con EDPR, sino con todos los proyectos eólicos de La Guajira”.
Además de estos retrasos, desde SER Colombia, la agremiación de empresas de energías renovables en el país, también han señalado “dificultades normativas” que empujan a las empresas a irse del país. Una de estas es la fecha en la que las empresas se comprometieron a empezar a entregar energía al sistema eléctrico nacional.
En medio de esta situación, el Ministerio de Minas y Energía anunció medidas para evitar que las empresas abandonen los proyectos que impulsarían la transición energética que ha promovido el Gobierno. Como parte de esas acciones, emitió el miércoles la resolución 40140, que busca dar un alivio a las empresas.
Las medidas del Gobierno
Cuando las empresas que construyen proyectos de energía en el país no cumplen con la fecha de entrada en operación, deben pagar unas sanciones. La resolución del Minminas dice, en resumen, que cuando haya problemáticas que involucran a terceros, como comunidades u otras empresas, podrán solicitar una extensión del plazo para entrar en operación, de manera que no tengan que pagar estas sanciones.
Con esto, indica la resolución, se busca “promover la permanencia de las empresas” de energías renovables en el país. Sin embargo, para Cotes, de Holland & Knight, esta medida “soluciona un problema de mil”. Aunque reconoce que puede significar un alivio para las empresas, sigue habiendo una “incertidumbre jurídica” relacionada con las demoras que están teniendo todos los proyectos.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, coincide en que “es una medida que va en la dirección correcta” para solucionar un problema. “Sin embargo, es importante seguir trabajando en darle prioridad a que los trámites de permisos para los proyectos se cumplan en los tiempos que dicen las normas”, afirma. Por ejemplo, para las licencias ambientales, el trámite se ha extendido en proyectos eólicos por varios años, mientras que la ley establece que su aprobación dure 120 días.
Pero, Barney, de Indepaz, pide tener en cuenta que estos problemas no son “una retaliación de la institucionalidad contra las empresas. Realmente hay muchas falencias de tipo ambiental y social”. Como ejemplo, menciona la solicitud de licencia para conectar los proyectos Alpha y Beta al sistema eléctrico nacional, que fue autorizada hace pocas semanas, pero había sido negada en 2022 por no cumplir con los requisitos de información en los estudios de impacto ambiental y las consultas previas.
¿Una alternativa?
Antes de su salida del Ministerio de Minas y Energía, el exministro Andrés Camacho dijo a El Espectador que el camino a seguir tras la salida de empresas como EDPR, sería buscar que una nueva empresa compre el proyecto y lo construya. Desde este diario consultamos a EDPR hace algunas semanas sobre posibles ofertas para que esto ocurra, pero la empresa no se ha pronunciado al respecto.
Sin embargo, desde Indepaz aseguran que esta no es una alternativa “tan fácil” de lograr. “Los problemas de estos proyectos no son tan fáciles de solucionar porque están ligados al relacionamiento inicial de la empresa con la comunidad”, advierte Barney.
Además, la investigadora considera que hay varios problemas estructurales y sociales en La Guajira, como el acceso a agua potable, y que “es muy delicado buscar que estos proyectos permanezcan sin haberlos resuelto”. Para ella, se necesita que el Gobierno tenga una oferta institucional fuerte en esta región para que las comunidades puedan hacer procesos de concertación “sanos” con las empresas durante las consultas previas.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
