En lujosa hacienda, que era de Rodrígez Gacha, ahora talan bosque de manera ilegal

La hacienda Veracruz está en proceso de extinción de dominio desde el 31 de diciembre de 2004. Pero desde hace tres año se produce de manera ilegal carbón.

Foto: Juglans

En la hacienda Veracruz, ubicada en la vereda Guacamayas, en Guaduas (Cundinamarca), se está talando y quemando de manera ilegal el bosque seco tropical, provocando repercusiones negativas en el ecosistema, el hábitat de las especies nativas e, incluso, en la calidad del aire. La Asociación Ambiental para la Protección de las Especies Forestales en Vía de Extinción (Juglans), el 14 de marzo de 2020, denunció ante la CAR Cundinamarca que en este predio se producía carbón vegetal que luego era vendido en Soacha, una actividad que, explica, no cuenta con las mínimas técnicas ambientales. (Lea: Indígenas pijaos curan el bosque seco tropical)

“Un señor llamado Isaac Romaña, acompañado de aproximadamente 10 hombres, están quemando el bosque (…). Han talado y quemado cerca de 100 hectáreas en el último año”, señala la denuncia. Desde hace tres años, todos los viernes, sale para Soacha un camión con más de 1.500 bultos de carbón vegetal desde esta hacienda, uno de los tantos lujosos predios que eran del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y que quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde 2014.

En una visita, realizada a la zona en los últimos días de marzo, la CAR encontró que se ha seguido talando y quemando para producir carbón vegetal, que es el residuo sólido que queda de la madera. En parte del predio, en donde ya no había cobertura vegetal, estaban apilados más de 500 árboles de la especie pinus pinea o pino doncel que estaban listos para ser quemados, una actividad que, según las denuncias, no son controladas. En un nuevo operativo, el 29 de mayo, incautaron 106 bultos del carbón que se producía en esta finca. (Puede leer: Gonzalo Rodríguez Gacha, el brazo armado del cartel de Medellín)

Pero, ¿qué consecuencias traería hacer esta actividad sin ningún tipo de control? Greenpeace explica que, al no tener los protocolos adecuados, contribuye a la degradación de bosques y suelos, así como a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este ecosistema de Guaduas los daños que se registran, cuenta la CAR, son la pérdida de flora como el Quebracho o Diomate (Astronium graveolens), Guácimo (Guazuma ulmifolia) y Doncello o Trupillo (Prosopis juliflora), y fauna silvestre como el milpies o caracoles nativos.

“En la visita se evidenciaron restos calcinados de estos especímenes, que por su naturaleza no presentan una alta movilidad para resguardarse ante los disturbios. Así mismo, se observó que los nidos y refugios de especies nativas de aves como la especie Hemitriccus margaritaceiventer (Picochato perlado) han sido destruidas por la deforestación y perdida de hábitat”, dice la entidad. Recuperar este bosque seco tropical podría tardar de 10 a 15 años, si no hay una intervención adecuada.

Aunque este inmueble, de 1.240 hectáreas, está en proceso de extinción de dominio desde el 31 de diciembre de 2004, en la actualidad allí viven 60 familias que se niegan a desalojarlo. “Estos predios no han sido legalizados y han venido siendo ocupados por personas desplazadas (…). Ellos viven en cambuches, llegan y se apropian de un espacio y no tenemos cómo controlarlo. En algunas ocasiones, cuando se hacen operativos en los que entra la Policía o la camioneta de la CAR, se pierden”, cuenta Islena Valenzuela, directora regional de la CAR Bajo Magdalena. (Lea también: Declaran tres nuevas áreas protegidas en Boyacá, Norte de Santander y Antioquia)

Valenzuela aclara que la CAR, como entidad encargada de proteger el medioambiente, lleva dos años realizando operativos para evitar que estas actividades ilegales se siguieran practicando. “En agosto de 2018 enviamos un documento a la SAE para poner en conocimiento la problemática que teníamos por afectación en este predio, porque ellos eran los directamente responsables de su administración. Recibimos respuesta en octubre de 2018 y hasta la fecha seguimos con la misma problemática”, añade.

La SAE asumió en 2014 la administración de este predio, sin embargo, se presentaron falencias en las actas de entrega que debían ser verificadas y validadas. “La extinta Dirección Nacional de Estupefacientes nunca realizó la entrega física de los inmuebles a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (…) el 2 de agosto de 2016 se visitó el inmueble evidenciándose un estado de ocupación irregular (…) y el 8 de septiembre de 2017 se ordenó la asignación definitiva a la Agencia Nacional de Tierras”, cuenta la entidad.

Pese a que la SAE y la Agencia Nacional de Tierras han hecho énfasis en que, hasta la fecha, “ninguna de las personas que ocupan el predio ostentan un justo título o un contrato de arrendamiento con la SAE para la permanencia del mismo”, en la entrada hay un letrero que asegura que el predio es propiedad de la SAE, pero que está ocupado por la Asociación Agropecuaria Tejiendo Dignidad “Asated”, de la que es representante legal Isaac Romaña. (Le puede interesar: El turismo desmedido tiene en jaque a La Tatacoa)

Un cartel que, además de no estar aprobado por la entidad, es falso. Señala a la SAE como la Sociedad de Activos del Estado, cuando en realidad sus siglas hacen referencia a la Sociedad de Activos Especiales. El 30 de mayo de 2019, por medio de un derecho de petición, la Agencia Nacional de Tierras aclaró que “el predio sigue bajo la administración de la SAE y aún no se ha materializado la entrega del mismo, debido a que el inmueble no se encuentra debidamente saneado desde el punto de vista financiero, físico y administrativo”.

Además, resaltó que los “bienes solicitados podían ser adjudicados a algunos de sus actuales ocupantes si cumplían requisitos como sujetos de reforma agraria, sin embargo, en la actualidad no es posible adjudicar directamente los bienes a quienes se hallan en ocupación, aun cuando sean sujetos de ordenamiento social de la propiedad, razón por la cual los predios deberán ser desalojados en su totalidad”. Una orden que, aunque está vigente desde el 1° de marzo de 2018, no se ha podido cumplir.

Para desalojar a las familias ubicadas en el predio, la SAE debe garantizar que no se vulneren los derechos de las personas que lo ocupan. Por eso, desde el 2 de agosto de 2019, le solicitó a la Alcaldía de Guaduas garantes de derechos humanos y un consejo de seguridad para iniciar el proceso, una petición que replicó el 2 de marzo de 2020, pero que, hasta la fecha, no se ha hecho efectiva.

En la actualidad, en la CAR reposan tres trámites sancionatorios. A raíz de la demanda de la ONG, está en trámite un cuarto que está dirigido a Isaac Romaña y que está siendo revisado por la Fiscalía. Mientras la Alcaldía de Guaduas adelanta los trámites para realizar los desalojos, la CAR y la SAE, desde el 18 de mayo, desarrollan una jornada educativa ambiental con la comunidad. “Fue la trabajadora social, abogados e ingenieros ambientales. Les llevamos formularios, les dimos a conocer los problemas que tendrían si siguen afectando el medioambiente y les enseñamos cuáles eran los trámites para obtener un permiso con la Corporación para desarrollar actividades”, asegura Valenzuela.

Como la hacienda Veracruz, en la SAE están registrados 11.009 predios que siguen en pleitos judiciales o en procesos de extinción de dominio. Y, mientras la ley resuelve qué hacer con esos inmuebles, en algunos de ellos se realizan actividades no avaladas por esta entidad que, como en este caso, tiene en peligro de conservación de una parte del bosque seco tropical de Guaduas.