Expresidente de constructora es declarado culpable del asesinato de Berta Cáceres

América Latina es quizás la región más peligrosa para los líderes ambientales. Solo en 2019 fueron asesinados 210 defensores ambientales en el mundo, de los cuales 140 pertenecían a esta zona. Y aunque muchos de estos casos terminan en la impunidad, este lunes 5 de julio, en Honduras se hizo historia al condenar a un alto ejecutivo como culpable de un homicidio a un activista ambiental. Se trata de David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). (Lea: 2020, otro año negro para el medio ambiente en Latinoamérica)

Castillo fue señalado como coautor en la orden del asesinato de la lideresa ambiental hondureña, Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por liderar la campaña para detener la construcción de la represa de 22 megavatios Agua Zarca, que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

La decisión fue tomada por el tribunal superior de Tegucigalpa, Honduras, tras 49 días de juicio y luego de evaluar los mensajes y llamadas que Castillo intercambió con los sicarios y con los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de Cáceres. Según informó el Tribunal, “las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen”. (Puede leer: “Se ocultó información de autores intelectuales del asesinato”: Hija de Berta Cáceres)

El tribunal además señaló que Castillo utilizó informantes pagados, sus contactos y habilidades militares para monitorear a Cáceres durante años y, esta información recopilada fue posteriormente retroalimentada con los ejecutivos de la empresa. Además, Castillo coordinó, planificó y obtuvo el dinero para pagar el asesinato, que fue ejecutado por siete hombres condenados en diciembre de 2018.

Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y era el presidente de la hidroeléctrica en el momento en que se impulsó la construcción de la presa a la que se oponía Cáceres. Fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras.

Anteriormente, la defensa de Castillo afirmó que el expresidente era amigo de Cáceres, sin embargo, el tribunal rechazó este señalamiento y aseguró que los datos telefónicos demostraron que Castillo mantuvo contacto con Cáceres solo para obtener información sobre su paradero y los movimientos que tenía la activista. (Podría leer: Berta Cáceres, la guardiana de los ríos)

Tras la decisión emitida por el tribunal, Laura Zúñiga Cáceres, hija menor de Berta, aseguró que esta es una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad (...) el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia”. Aseguró que “la causa no termina con esta resolución, sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”, que es la dueña de DESA, a quienes la familia de Cáceres consideran culpables de estar al frente de la estructura criminal que dirigió el asesinato.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ONG que dirigía Cáceres, insistió en que “la condena contra Castillo debe ser el inicio del proceso para juzgar a las personas involucradas en el crimen”. Hasta el momento hay siete personas condenas por ser los actores materiales del asesinato de Cáceres, la condena de Castillo se conocerá el próximo 4 de agosto. (Lea también: Los defensores ambientales asesinados mientras se hundía el Acuerdo de Escazú)

América Latina es quizás la región más peligrosa para los líderes ambientales. Solo en 2019 fueron asesinados 210 defensores ambientales en el mundo, de los cuales 140 pertenecían a esta zona. Y aunque muchos de estos casos terminan en la impunidad, este lunes 5 de julio, en Honduras se hizo historia al condenar a un alto ejecutivo como culpable de un homicidio a un activista ambiental. Se trata de David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). (Lea: 2020, otro año negro para el medio ambiente en Latinoamérica)

Castillo fue señalado como coautor en la orden del asesinato de la lideresa ambiental hondureña, Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por liderar la campaña para detener la construcción de la represa de 22 megavatios Agua Zarca, que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

La decisión fue tomada por el tribunal superior de Tegucigalpa, Honduras, tras 49 días de juicio y luego de evaluar los mensajes y llamadas que Castillo intercambió con los sicarios y con los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de Cáceres. Según informó el Tribunal, “las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen”. (Puede leer: “Se ocultó información de autores intelectuales del asesinato”: Hija de Berta Cáceres)

El tribunal además señaló que Castillo utilizó informantes pagados, sus contactos y habilidades militares para monitorear a Cáceres durante años y, esta información recopilada fue posteriormente retroalimentada con los ejecutivos de la empresa. Además, Castillo coordinó, planificó y obtuvo el dinero para pagar el asesinato, que fue ejecutado por siete hombres condenados en diciembre de 2018.

Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y era el presidente de la hidroeléctrica en el momento en que se impulsó la construcción de la presa a la que se oponía Cáceres. Fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras.

Anteriormente, la defensa de Castillo afirmó que el expresidente era amigo de Cáceres, sin embargo, el tribunal rechazó este señalamiento y aseguró que los datos telefónicos demostraron que Castillo mantuvo contacto con Cáceres solo para obtener información sobre su paradero y los movimientos que tenía la activista. (Podría leer: Berta Cáceres, la guardiana de los ríos)

Tras la decisión emitida por el tribunal, Laura Zúñiga Cáceres, hija menor de Berta, aseguró que esta es una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad (...) el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia”. Aseguró que “la causa no termina con esta resolución, sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”, que es la dueña de DESA, a quienes la familia de Cáceres consideran culpables de estar al frente de la estructura criminal que dirigió el asesinato.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ONG que dirigía Cáceres, insistió en que “la condena contra Castillo debe ser el inicio del proceso para juzgar a las personas involucradas en el crimen”. Hasta el momento hay siete personas condenas por ser los actores materiales del asesinato de Cáceres, la condena de Castillo se conocerá el próximo 4 de agosto. (Lea también: Los defensores ambientales asesinados mientras se hundía el Acuerdo de Escazú)