Los defensores ambientales asesinados mientras se hundía el Acuerdo de Escazú

Arriba: Javier Francisco Parra y María Bernarda Juajibioy. Abajo: Jorge Iván Ramos, Juana Perea y Gonzalo Cardona.

Foto: Ilustración: Jonathan Bejarano

“Hoy radicamos ante el Congreso este proyecto de ley que fortalece el rol de la sociedad civil en la política ambiental con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales. Este acto confirma la voluntad del Gobierno de consolidar su liderazgo en materia ambiental, que muestra el compromiso con una gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable”, dijo Ricardo Lozano, entonces ministro de Ambiente, el 20 de julio de 2020. El funcionario acababa de radicar con mensaje de urgencia ante el Legislativo el proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú, que había firmado Guillermo Fernández de Soto, embajador de Colombia ante Naciones Unidas, siete meses antes: el 11 de diciembre de 2019.

Apenas seis días después de radicado el Acuerdo, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales, José Gustavo Arcila, líder de la guardia campesina de Corinto (Cauca), era asesinado en su finca en la vereda La Cominera, el 26 de julio. Además de ser guardia campesino, era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de Reserva Campesina de Corinto (Astrazonac) y miembro de su comité de tierras. Se convirtió en el primer defensor del territorio asesinado desde que Escazú fue radicado en el Congreso y luego lo seguiría una larga lista, mientras en el Senado y la Cámara saboteaban la discusión de este pacto.

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El 3 de septiembre el resguardo indígena awá Piguambí Palangala, en Tumaco (Nariño), perdió a uno de sus más queridos guardias y a un docente comprometido. A las 8 de la noche, Juan Pablo Prado Bolaños fue abaleado dentro del territorio ancestral. Estaba amenazado, dijo su resguardo, “por ejercer su magisterio, por actuar como líder y guardia indígena awá, en defensa de los derechos de nuestras comunidades. Por hablar en nombre de los indios, de sus derechos y por defender el territorio”.

Ese mismo día, más temprano, el Senado llevó a cabo una audiencia pública sobre Escazú en la que la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Fedepetróleo, la ANDI, Fedegán y el Consejo Gremial, entre otros, se opusieron férreamente a su ratificación. “Este tipo de leyes pueden utilizarse en fines particulares, no puede permitirse este tipo de mecanismos para ejercer presión sobre la tierra. Nos preocupa que cualquier proyecto productivo deba tener un permiso o consulta previa, por lo cual solicitamos no darle trámite al mismo”, aseguró Gonzalo Moreno, del Fondo Nacional Avícola.

Ese fue uno de los argumentos, junto con el de la soberanía territorial, con el que los gremios productivos, principalmente, se opusieron a la ratificación del Acuerdo. Sin embargo, lo que busca ese tratado es garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es el único acuerdo vinculante emanado de la conferencia Río+20 y ya lo han ratificado doce países de América Latina y el Caribe.

Además, su artículo 9 trata específicamente sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y estipula que “cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso”. Según ese mismo artículo, cada Estado que suscriba el acuerdo tomará medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores ambientales sufran en el ejercicio de su labor.

“El Acuerdo de Escazú es peor que cien acuerdos de impunidad entre Santos y las Farc. La soberanía colombiana sí queda en tela de juicio. ¡Mucho cuidado con el veneno de Escazú!”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, en su cuenta de Twitter, el 25 de octubre. Cuatro días después, el 29, Juana María Perea Plata, una de las más férreas defensoras ambientales del Pacífico chocoano, era asesinada por paramilitares de las Agc.

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Era una mujer que hablaba duro. Había llegado a Nuquí hacía cinco años y se había convertido en una lideresa social del sector, que creía que en ese paraíso se podía hacer un turismo sostenible. Por eso una de sus causas más grandes fue la oposición al puerto de Tribugá, que acabaría con los manglares, la biodiversidad y del que se beneficiarían solo unos pocos, según habitantes y líderes de la región. Sentar su posición con vehemencia ante los paramilitares, que en la zona son amos y señores, le costó la vida. Los armados la sacaron de su cabaña, en el corregimiento de Termales, la subieron a una lancha y cogieron por el río Nuquí hasta un sector conocido como Coquí, donde le dispararon y lanzaron su cuerpo al río.

Eran los meses en que se programaban audiencias públicas y foros de discusión sobre Escazú, donde académicos y expertos en la materia trataban de disipar los temores de quienes se oponían a su ratificación. En esas discusiones se les fue yendo el tiempo a los congresistas —muchos dicen que intencionalmente— y el Gobierno quitó el pie del acelerador.

Entre tanto, al menos 44 líderes ambientales y defensores del territorio perdieron la vida en medio de su labor. La cifra la obtuvimos luego de una revisión caso a caso a la base de datos del Programa Somos Defensores, sobre líderes sociales asesinados (en general) entre el 20 de julio del año pasado y el 30 de abril de este año. Los registros sobre mayo y junio, cuando finalmente se hundió el proyecto, aún no están disponibles. En la revisión aplicamos la metodología de la organización internacional Global Witness, que anualmente emite un informe mundial sobre líderes ambientales asesinados. En el más reciente, sobre 2019, Colombia ocupó el primer lugar en países con el mayor número de asesinatos, con 64 casos. Pronto revelarán las cifras sobre 2020.

Esa metodología, como explicó una de las encargadas en Global Witness de la elaboración del informe, quien recopila la información en América Latina, incluye autoridades y guardias indígenas, por su especial relación con el territorio en medio de la cual sus liderazgos están regularmente asociados a la defensa de su autonomía. Por ello, entran en lo que esa organización denomina personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

De los 44 defensores ambientales asesinados en este período, casi la mitad (21) eran autoridades o guardias indígenas. Y en particular el pueblo awá, en Nariño, fue el más afectado, con nueve homicidios en los resguardos Pulgande Campo Alegre, Piguambí Palangala, Pipalta Palbi Yaguapi, La Brava, Inda Sabaleta y El Gran Sábalo.

Entre los defensores de la tierra también están aquellos líderes que promovían la sustitución voluntaria de cultivos de coca por otro tipo de actividad agrícola. Jorge Iván Ramos era uno de ellos. Conocido en la guerra como Mario Morales, había sido combatiente de las Farc y comandante del frente 37 en los Montes de María. Cuando se firmó la paz, fue delegado por la exguerrilla para liderar el programa nacional de sustitución de cultivos de coca. Su tarea consistió en ir vereda por vereda, municipio por municipio, junto con funcionarios del Gobierno, a convencer a los campesinos cocaleros, históricamente desconfiados de las promesas del Estado, de que la sustitución voluntaria era el camino.

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El 28 de agosto, cuando se dirigía a verificar unos predios de la antigua guerrilla para la reparación de las víctimas en el sur de Bolívar, hombres del Eln lo abordaron, se lo llevaron y lo abalearon. Otros que como él defendían la sustitución de los cultivos de coca también fueron asesinados: Fermiliano Meses, concejal de Argelia (Cauca), fue abaleado el 15 de enero de 2021. Se oponía a la fumigación con glifosato en su territorio.

En el listado también figuran líderes que se opusieron a la instalación de proyectos agroindustriales en sus territorios, como Edis Manuel Caré Pérez, del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (Chocó), asesinado el 24 de agosto de 2020. Un líder en el proceso de los negros de ese consejo comunitario contra los empresarios y compradores masivos de tierras que, según informes entregados a la JEP por el CINEP, llegaron al territorio tras la arremetida paramilitar. En la práctica, según ha documento ese centro de estudios, el 95 % de la tierra productiva de las 107.000 hectáreas del consejo comunitario está en manos de una decena de empresarios que han explotado la madera, abierto potreros para reses y búfalos e instalado monocultivos de plátano y banano.

El 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, en el Día Internacional de la Madre Tierra, luego de que Argentina y México lo ratificaran y se alcanzaran doce países respaldándolo para su puesta en marcha. En Colombia varias voces se alzaban para pedirle al Gobierno que promoviera en el Congreso la ratificación. “Le hemos pedido al Gobierno que ratifiquen Escazú, pero en varias ocasiones nos ha demostrado que esto no es su prioridad. ¿Qué pasa si no lo ratificamos? Abrimos la puerta para que zonas que deben ser protegidas queden expuestas a exploración y explotación de multinacionales”, alertaba entonces Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

Algunos acusaron al Gobierno y su bancada de aplicar un “plan tortuga” que dilató el primer debate de Escazú en el Congreso, hasta que se llegó la última semana de la legislatura. El último día para haber votado el proyecto que lo ratificaba, el 20 de junio, no se hizo y oficialmente quedó hundido. Sin embargo, el pasado 22 de junio, 41 congresistas le enviaron una misiva al presidente Duque en la que le pidieron compromiso real con el Acuerdo y radicarlo una vez más el próximo 20 de julio, cuando arranque la nueva legislatura.