Francia se decide por las energías limpias

Invertirá 10.000 millones de euros en el plan medioambiental que pretende reducir a la mitad su consumo de energía para 2050.

Gabriela Cañas 'EL PAÍS'
02 de agosto de 2014 - 04:31 a. m.
Greenpeace colgó en 2014 este aviso en la planta nuclear de Fessenheim, Francia. “Paren de amenazar a Europa”, dice. / EFE
Greenpeace colgó en 2014 este aviso en la planta nuclear de Fessenheim, Francia. “Paren de amenazar a Europa”, dice. / EFE
Foto: EFE - PATRICK SEEGER

Francia, el país más nuclearizado del mundo —en proporción al número de habitantes—, quiere ser también un ejemplo en materia medioambiental. El Consejo de Ministros aprobó esta semana el ambicioso programa de la ministra de Ecología, Ségolène Royal. Se trata de una amplia batería de medidas con las que se pretende recortar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, introducir mayor eficiencia en el uso de la energía y, en consecuencia, reducir el consumo (a la mitad en 2050) y la factura energética. “Francia se dota así con la política medioambiental más avanzada de la Unión Europea”, aseguró Royal tras la aprobación de su plan.

Promocionar el uso de vehículos eléctricos o híbridos instalando siete millones de puntos de recarga en todo el país, extender las energías renovables y aislar convenientemente los edificios con el compromiso de que toda nueva construcción pública sea de energía positiva (que consuma menos de lo que produzca) son los ejes sobre los cuales Francia va a trabajar en los próximos tres años para ponerse a la cabeza en la lucha contra el cambio climático.

El gobierno francés va a movilizar en este ambicioso plan 10.000 millones de euros en tres años, una cifra que la oposición cuestiona en plenos recortes presupuestarios. Ségolène Royal, sin embargo, se mostraba ayer firme al respecto. Se ha dispuesto ya de un fondo especial de 1.500 millones de euros para apoyar las iniciativas locales ejemplares. El resto del dinero se adjudicará vía préstamos a interés cero o próximo a cero para obras de reacondicionamiento de edificios o para instalaciones de energías renovables.

Es un dinero que Royal considera que se puede recuperar con creces gracias a los puestos de trabajo que el proyecto va a impulsar (100.000 en tres años) y a la mayor actividad económica que puede generar gracias a la investigación e innovación de la tecnología verde. “Si no desarrollamos el vehículo eléctrico, lo harán los chinos o los indios”, advirtió Royal.

Francia apuesta, en definitiva, por el concepto de “crecimiento verde”, un asunto crucial para un país que observa con frustración el aumento del desempleo y la reducción de la actividad económica. Recortar la factura energética, que asciende a 65.000 millones de euros anuales, es uno de los beneficios más tangibles del proyecto. También el de acortar el déficit comercial en este terreno.

La dependencia de los combustibles fósiles, un talón de Aquiles para la mayoría de los países europeos, puede reducirse drásticamente con los medios que este Proyecto de Ley de Transición Energética va a poner en marcha. Se prevé una reducción del consumo de un 30% para 2050.

El aislamiento de los edificios, que suponen el 44% del total del consumo, se considera esencial. Cualquier obra de acondicionamiento, bien sea la instalación de dobles ventanas o de contadores individuales, podrá obtener créditos baratos y primas de hasta 16.000 euros para particulares.

La renovación del parque automovilístico es también un pilar importante. Los ciudadanos que cambien su vehículo de diésel por uno eléctrico o híbrido obtendrán un bono de 10.000 euros. Los organismos públicos se comprometen a reemplazar la mitad de su flota por “vehículos limpios”, es decir, eléctricos, híbridos recargables o de escasa emisión de gases. Es un punto conflictivo, por cuanto la primera propuesta de la ministra consistía en apostar por el vehículo eléctrico. Éste todavía tiene en Francia, como en el resto de Europa, una escasa implantación.

En la actualidad, apenas si hay 30.000 coches eléctricos —entre ellos, el de la propia Ségolène Royal, que lo utiliza desde que fue nombrada ministra en abril pasado—. La ausencia de puntos de recargas es un obstáculo mayor. De ahí que se imponga ahora la obligación de instalarlos en los edificios de nueva construcción y, especialmente, en todos los nuevos aparcamientos. También habrá créditos baratos para extender la red y que haya puntos de recarga en las gasolineras.

Los créditos baratos y la simplificación de los procedimientos administrativos se aplican a todos los proyectos de energía verde: procesamientos de residuos, estaciones eólicas en alta mar o la producción de biocombustibles, en abundancia en un país tan agrícola como Francia.

Esta importante apuesta ecologista no incluye la energía nuclear. Francia dispone de 58 reactores en 19 centrales y no va a renunciar a la enorme fuente de energía que le aporta: 63,2 gigavatios de potencia anual. La prometida inversión en seguridad nuclear apenas si aparece en el proyecto de ley que a la vuelta del verano empezará a analizar la Asamblea Nacional. En su lugar hay un compromiso de no aumentar la capacidad nuclear, situándose el techo en los 63,2 gigavatios actuales, la de reducir a la mitad el consumo nuclear en la electricidad, sin medida concreta alguna, y la promesa de dotar de mayor transparencia a las facturas. “Todos los ciudadanos deben saber qué es lo que pagan”, dijo ayer Ségolène Royal.

Medioambientalmente, la energía nuclear tiene la ventaja de no emitir gases de efecto invernadero. Es un dato crucial para un país que se dispone a organizar la Cumbre Mundial del Clima en 2015. Para entonces, el proyecto ya estaría en marcha y las energías renovables ya habrían ganado terreno. El objetivo es lograr que éstas, que suponen ahora el 15% del total de las fuentes energéticas, sean ya el 40% en 2025.

El éxito de este plan depende de la voluntad del gobierno de François Hollande de mantener una apuesta no exenta de dificultades e incertidumbres en un panorama económico complicado. La fortaleza de Royal dentro del Ejecutivo es probablemente su mayor garantía. Muestra de esa fortaleza es el veto que acaba de imponer a la construcción de 60 kilómetros de la autopista A831 que toca unas marismas protegidas en el oeste del país, entre Fontenay-le-Comte y Rochefort. Frente a las ácidas críticas de algunos dirigentes locales, la ministra ha respondido que están cargadas de misoginia.

Por Gabriela Cañas 'EL PAÍS'

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar