“Freno de mano” a la minería

 

Esta decisión, aunque temporal, amenaza una de las políticas con las que se pretende organizar el sector minero, diezmado por la extracción minera ilegal y en medio de una crisis generada por la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional. 

 

Según la exdirectora del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE) y actual consultora del sector, Claudia Jiménez, “las áreas fueron establecidas por el Gobierno con la intención de ordenar la entrada de los titulares mineros en el país. Buena parte del desorden es porque no hay barreras de entrada y cualquiera puede acceder a un título”. 

 

Las medidas cautelares decretadas por el alto tribunal se conocieron luego de que el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna iniciara una batalla judicial para demostrar que con las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía se vulneraban, además del derecho ya mencionado, también el de la alimentación, el acceso al agua y colectivos como el de un medio ambiente sano y al patrimonio cultural, estos últimos en estudio también por la Corte Constitucional para tomar una decisión de fondo.

 

La disposición de la cartera estableció que regiones como la Amazonia, Vaupés, Guainía, Vichada y el Chocó biogeográfico, más del 20% del país, eran potencialmente explotables y podían ser adjudicadas, a través de un proceso de “selección objetiva” en una “ronda minera”, a los empresarios que cumplieran con unas exigencias determinadas.

 

La preocupación por este proceso es que en él estarían siendo comprometidas zonas de importancia por su biodiversidad, como el Chocó y la Amazonia, pero también el Macizo Colombiano, la estrella hídrica más importante del país. 

 

“Colombia tiene un gran saldo en el inventario ambiental y una de las graves circunstancias que reflejan que no existen estos es que no hay zonas de páramo, de acuerdo con las antiguas obligaciones del Plan Nacional de Desarrollo, zonas de humedales y de recarga de acuíferos, todavía no están plenamente identificados. Y aún sin eso ya hay zonas decretadas para esas actividades mineras”, dijo Johana Rocha, una de las abogadas de Tierra Digna a cargo del caso.

 

César Rodríguez Garavito, director del Observatorio de Justicia Ambiental (OJA) y miembro fundador de DeJusticia, considera que la decisión debe analizarse desde dos puntos de vista. El primero es que el motivo de la suspensión es válido, pues el mensaje del alto tribunal es que el Gobierno no puede seguir pasando por alto el requisito de realizar consultas previas, pero al mismo tiempo también suspende un efecto benéfico que traían esas resoluciones y es la de entregar títulos de una manera más ordenada que la que fue implementada por el gobierno de Álvaro Uribe, donde se indicó que el único requisito para obtener un título minero era que el área solicitada se encontrara libre en el registro de catastro.

 

Aunque estas áreas fueron elegidas después de un estudio que realizó el Servicio Geológico Colombiano, en el que fueron invertidos US$50 millones, para Ximena González, abogada de Tierra Digna, “cuando se trata de una decisión sobre qué actividades productivas se pueden hacer sobre un territorio, no solo basta con que se haga un estudio que diga si hay minerales o no. Sino que se debe analizar ambientalmente qué ecosistemas existen, qué implicaciones tendrían las delimitaciones y a qué se dedican las comunidades”. Sin embargo, el argumento del Ministerio de Minas ha sido que como las áreas son apenas meras expectativas, dichos estudios serán realizados solo en el momento en que sean asignadas para su explotación.

 

A propósito, el Consejo de Estado consideró que “las resoluciones demandadas no crean meras expectativas de explotación minera, sino que pueden contener actividades con alta potencialidad de generar cambios y transformaciones notables en gran parte del territorio colombiano, de lo que se deduce que es necesario un estudio más acucioso y participativo para la expedición de estas medidas”.

 

Según la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, una de las consecuencias de la decisión, “que dilata el proceso”, es que “se generan incertidumbres sobre el mismo (para los interesados). Se retrasa el aprovechamiento del potencial minero con altos estándares.

 

Asimismo, advierte, en la planeación de la estrategia para el primer diseño de “selección objetiva” se han invertido entre 2013 y 2015 más de $1.281 millones.

Mientras el sector minero exige un replanteamiento de los alcances de la consulta previa que ofrezca certezas en las reglas del juego, quienes defienden el medio ambiente y quienes ancestralmente han habitado los territorios no se oponen a que la minería sea uno de los motores del desarrollo del país, pero exigen políticas integrales que eviten que los conflictos socioambientales se conviertan en una bomba de tiempo. 

 

 

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