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El gobierno del presidente Gustavo Petro inició un proceso para adquirir helicópteros y buques con parte de los recursos recuperados del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Este diario estableció que esta flota sería destinada para la atención de emergencias en el país y costaría, solo en el caso de los helicópteros, cerca de 33 millones de dólares.
“Esta inversión viene de recursos recuperados a través de una acción de inconstitucionalidad de la declaratoria de desastre nacional de 2022, con la que Olmedo se robó la plata. Parte de estos recursos, por todo el traumatismo en la Unidad, no se entregaron, y ahora los vamos a utilizar para fortalecer las capacidades del Estado”, contó Carlos Carillos, director de la UNGRD, a El Espectador.
En particular, estos dineros vendrán de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), unas bolsas de dinero creadas para atender emergencias, que estaban congelados y que serán utilizados para adquirir esta flota. En total, se han recuperado $614.000 millones.
Los helicópteros adquiridos serán dos de los conocidos Fire Hawk, especializados en la atención de incendios forestales y que fueron utilizados en las emergencias presentadas en California (EE. UU.) a principios de año.
Carrillo explica que la elección de este modelo de aeronave se debe al conocimiento que se tienen sobre los Black Hawk en Colombia, por la cooperación con Estados Unidos. En particular, en torno al modelo UH60 en el país ya existen líneas de mantenimiento, así como personal entrenado de las Fuerzas Armadas.
“Ese conocimiento debe emplearse no para la guerra, sino para la gestión del riesgo en eventos de incendios forestales o para búsqueda y rescate de personas. El objetivo es empezar a darle forma a esta flota, pues hoy dependemos de los helicópteros de la Policía, los cuales, por la situación con Estados Unidos, cerca de la mitad están en tierra”, precisó Carrillo.
Además de esto, se realizará un convenio con el astillero de la Armada Nacional, Cotecmar, para la construcción de un buque logístico con la capacidad de cargar más de 200 toneladas de carga. Este tendrá un costo de $60.000 millones. El objetivo es destinarlo para movilizar maquinaria amarilla, carrotanques o eventualmente evacuar a personas durante emergencias.
“Estamos aún perfeccionando el proceso, pero se realizará un convenio con la Armada Nacional para construir este buque logístico”, detalló Carillo. En total, se trata de una inversión de cerca de 47,3 millones de dólares que deberá concretarse para el final del gobierno Petro.
Además de esto, también se entregarán un subsidio único a 64.000 familias afectadas por emergencias en el país, a través de un programa de la UNGRD.
El Balance de Carlos Carrillo en la UNGRD
Hace poco más de un año, con el episodio de los carrotanques y, entre otros, la presunta compra de votos de congresistas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) pasó a ser, al menos ante la opinión pública, la imagen viva de la corrupción en Colombia.
Tras la crisis institucional que dejó el que es quizá el mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro, el encargado de asumir la dirección fue Carlos Carrillo, quien cumple un año en esta liderando la entidad que tiene la misión prevenir y atender los cada vez más frecuentes desastres naturales en Colombia.
En diálogo con El Espectador, Carrillo habló sobre la recuperación de los dineros comprometidos en el escándalo, la propuesta de volver la UNGRD un ministerio y, entre otros, las medidas que se adelantan para enfrentar la sequía en Bogotá
Cuando usted llegó a la entidad habló que era necesario realizar una depuración, ¿cómo ha avanzado en esta tarea?
Es un proceso en el que se ha avanzado mucho, pero que sigue incompleto. Hace poco un alcalde me llamó para decirme que le estaban cobrando 10 % para mandar la maquinaria amarilla, cuando todo el proceso ya estaba pago. Aún existen fugas de información y sigue habiendo gente parte de ese cartel dentro de la entidad. Lo que sí hay que dejar claro es que la inmensa mayoría de trabajadores de esta entidad son personas honestas, probas y capaces.
Otra misión que le delegó el presidente fue la recuperación de los recursos comprometidos durante la dirección de Olmedo López. ¿Cuántos recursos se han recuperado a la fecha?
Nosotros hemos recuerdo 614 mil millones de pesos de giros que se habían entregado de manera irregular por la administración anterior. Y no es solo una cuestión de voluntad hacerlo, pues ha sido un proceso detener ese flujo de recursos. Además de esto, hemos permitido ahorrarle al Estado más de tres billones de pesos en daño antijurídico a frenar pretensiones de demandas en nuestra contra.
Hablando de recursos, al principio de este año, como alertamos en este diario, aún no se había girado un peso para financiar la situación de desastre natural decretada por el gobierno a finales de año pasado. ¿Cuál es la situación?
Son 1,9 billones de pesos que aún no se han entregado. Ya se creó la subcuenta para los recursos, pero a día de hoy no nos han entregado un peso. Hay que aclarar que estos no son solo recursos para la UNGRD, sino para distintos sectores como los ministerios de Transporte, Minas y Energía y, entre otros, Agricultura.
¿Qué responden al respecto desde el Ministerio de Hacienda?
Yo he hablado varias veces con el ministro Guevara, y creo que tiene toda la disposición a girar los recursos. Lo que es cierto es que esos recursos tienen que entregarse, es mandato legal que puede llevar a acciones disciplinarias. Si se declara una situación de desastre nacional, luego no se puede decir que no hay plata. De hecho, por esta situación ya me están investigando los entes de control.
Esa emergencia tiene una vigencia de un año, ya hemos perdido tres meses y el llamado urgente es a que esa disponibilidad presupuestal se asigne. No podemos decirle al país que hay un desastre de esa magnitud, hacer la declaratoria y luego no entregar la disponibilidad presupuestal.
Como parte de la declaratoria de desastre nacional también se habló de medidas para los problemas de abastecimiento de agua en Bogotá. ¿Se ha podido avanzar en esta materia?
Una de nuestras subdirecciones anunció el primer proyecto para la recolección de aguas lluvia en Bogotá, pero aún se están concretando los recursos. Con el alcalde Galán hemos tenido una relación respetuosa, y por nuestra parte hay varios proyectos en los que estamos avanzando como reasentamientos urbanos y de reciclaje urbano de los que esperamos darle noticias concretas a la ciudad pronto.
Con toda esta controversia en torno a la entidad se ha llegado considerar reformar o incluso eliminar la UNGRD. ¿Se ha avanzado en esta propuesta?
Eso sigue andando, y nosotros ya le hemos planteado una ruta al presidente para que tome una decisión y para que se abra un debate en el Congreso. La discusión tiene que girar en torno a cómo fortalecer la gestión del riesgo en Colombia, y yo creo que en el país se necesita un Ministerio de la Adaptación al Cambio Climático que dirija de manera integral esta política en el país.
¿Cómo sería esto diferente al Ministerio de Ambiente?
Porque el Ministerio de Ambiente no es el rector de este sistema, lo que pasó es que en los últimos años hubo una confusión respecto a esto. Por un lado, la ministra de Ambiente creía que era directora de la UNGRD, pero la ley dice otra cosa, y por otro, porque se tenía una figura en la sombra como Olmedo López, que no tenía presencia política. El objetivo es tener una entidad que asuma y represente la gestión del riesgo.
¿Cómo respondería entonces esta propuesta a los problemas que enfrenta hoy el sistema?
El objetivo es reunir a todos los institutos de conocimiento que hoy están regados en el país, como lo son el Servicio Geológico Colombiano (SGC) del Ministerio de Minas o el Ideam, del Ministerio de Ambiente, que están desfinanciados y trabajando con migajas. El objetivo es crear una entidad que fusione varios de estos objetivos. Esto al final dependerá de la voluntad del presidente.
La entidad avanza en procesos complejos en varias zonas del país, como La Mojana. En esta región, el reciente plan que lanzó la UNGRD para atender las inundaciones ha sido recibida con rechazo por parte de la comunidad. ¿Qué responde a estas críticas?
En La Mojana hay actores políticos y económicos que siempre han tenido una serie de intereses. Durante la presidencia de Iván Duque se dejó estructurado un proyecto cuyo único propósito era desecar esta zona del país para crear poteros para ganado. En este gobierno defendemos la protección de la naturaleza, y por eso estamos haciendo una obra de $17.000 millones con 25.000 horas de maquinaria amarilla para reducir sustancialmente el paso del agua en el punto del boquete.
Una de las peticiones desde la gobernación del Sucre es que se cierre el dique de Caregato, ¿qué acciones se tienen pensadas desde la UNGRD?
Esa obra se está estructurando para que sea una obra permanente, con diseños de prefactibilidad, factibilidad y diseños de detalle. Es algo que se está adelantado desde la subdirección de reducción, pero es algo que tomará más tiempo.
¿Cómo se logrará destrabar la situación en Mocoa, luego de diez años sin soluciones claras para la población?
En Mocoa hay unas situaciones muy complejas, y como sucede en La Mojana, que hay unos actores políticos que instrumentalizan las cosas. Para la construcción de vivienda hay algunas personas que no quieren desalojar los predios de la UNGRD para este fin, motivadas por algunos actores políticos que quieren sabotear este proceso.
Sobre las obras de mitigación encontramos contratos absolutamente desastrosos, incluso algunos con diseños plagiados. Se trata de casi medio billón de pesos en cerca de 80 contratos en lo que esperamos llegar a acuerdos y otros tendrán que ser demandados.
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Por Fernán Fortich
