Gobierno, dividido por título minero en Apaporis

Aunque las actividades mineras dentro de las áreas naturales protegidas de Colombia se encuentran prohibidas desde 1977 (con la firma del decreto 622), en la práctica, la realidad es otra: en las últimas décadas fueron entregados 37 títulos mineros a empresas y particulares en terrenos del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Esta irregularidad, han explicado los expertos, pudo deberse a la facilidad para acceder a estos permisos de exploración por medio de ventanillas que exigían poca información sobre quien solicitaba el título y sobre los lugares donde se otorgaban.

De estos títulos, uno de los que más han estado rodeados de polémica es el que le fue otorgado a la minera canadiense Cosigo Resources para la extracción de oro en 2.000 hectáreas del municipio de Taraira (Vaupés), dentro del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. El permiso, que fue entregado tan sólo dos días después de que se creara el parque, ha generado la división de las comunidades indígenas locales y dentro del propio gobierno nacional.

Algunos aseguran que la llegada de la minería les traerá una bonanza económica y otros defienden la protección de sus sitios sagrados y de los ecosistemas que garantizan su supervivencia. Producto de esta situación, la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) interpuso una acción de tutela para tumbar la declaratoria del Apaporis, tutela que sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.

Si bien en varias oportunidades, la Procuraduría y la dirección de Parques Nacionales han pedido la terminación de estos contratos de concesión, e incluso su revocatoria, alegando que dentro de estas áreas no puede haber actividades incompatibles con la conservación, la Agencia Nacional de Minería (ANM) aún no resuelve el futuro de 28 de estos permisos (nueve ya fueron cancelados).

En el caso del título otorgado a Cosigo Resources en Yaigojé Apaporis, las actividades mineras se suspendieron en el parque desde 2011 gracias a la resolución 112 de ese año, pero el título sigue vigente pues la minera canadiense se está negando a dar por terminado de forma voluntaria el contrato de concesión.

El pasado 4 de junio la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, le envió a la ANM una carta en la que pide que se le informe por qué, en los últimos dos años, la autoridad minera no ha tomado medidas para dar por terminado el título. (vea la carta enviada por Julia Miranda)

“Después de emitida la resolución 112 de 2011 la Autoridad Minera informó que el caso debía llevarse ante el Contencioso Administrativo, pero no se ha adelantado este procedimiento (...) solicitamos un pronunciamiento de la Agencia para que nos informen las razones por las cuales no se ha presentado esta acción judicial tendiente a dejar sin efecto el título minero”.

Lo que llama la atención es la respuesta que la ANM le envió a Parques el 15 de julio pasado. En ella la directora de la agencia, María Eugenia Sánchez, elude la petición de Parques y en su lugar enumera las causales de terminación de un título minero dispuestas en el Código de Minas vigente (muerte de un concesionario, caducidad, renuncia, mutuo acuerdo, vencimiento del término) y responde que la situación del título de Yaigojé Apaporis “no se ha enmarcado en ninguna de estas formas de terminación”. (vea la respuesta de la ANM)

Especialistas como el abogado Rodrigo Negrete, dicen que la ANM debería respetar las disposiciones del Código de Recursos Naturales de 1977. “Tampoco se puede realizar la sustracción de las mismas para realizar actividades mineras ni de ningún otro tipo, por expresa disposición de la Corte Constitucional. Los títulos mineros que hayan sido otorgados en los parques nacionales deben ser revocados o las autoridades deberán decretar su caducidad”, explica.

El Espectador consultó a la ANM, que a través de un comunicado concluyó que “viene estudiando cuidadosamente el expediente del título en el Yaigojé Apaporis para establecer las alternativas que tiene la autoridad dentro del marco de la normativa. No se descarta la demanda de nulidad del mismo ante la jurisdicción ordinaria del tribunal administrativo”.

acuevas@elespectador.com

@angelicamcuevas

Aunque las actividades mineras dentro de las áreas naturales protegidas de Colombia se encuentran prohibidas desde 1977 (con la firma del decreto 622), en la práctica, la realidad es otra: en las últimas décadas fueron entregados 37 títulos mineros a empresas y particulares en terrenos del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Esta irregularidad, han explicado los expertos, pudo deberse a la facilidad para acceder a estos permisos de exploración por medio de ventanillas que exigían poca información sobre quien solicitaba el título y sobre los lugares donde se otorgaban.

De estos títulos, uno de los que más han estado rodeados de polémica es el que le fue otorgado a la minera canadiense Cosigo Resources para la extracción de oro en 2.000 hectáreas del municipio de Taraira (Vaupés), dentro del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. El permiso, que fue entregado tan sólo dos días después de que se creara el parque, ha generado la división de las comunidades indígenas locales y dentro del propio gobierno nacional.

Algunos aseguran que la llegada de la minería les traerá una bonanza económica y otros defienden la protección de sus sitios sagrados y de los ecosistemas que garantizan su supervivencia. Producto de esta situación, la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) interpuso una acción de tutela para tumbar la declaratoria del Apaporis, tutela que sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.

Si bien en varias oportunidades, la Procuraduría y la dirección de Parques Nacionales han pedido la terminación de estos contratos de concesión, e incluso su revocatoria, alegando que dentro de estas áreas no puede haber actividades incompatibles con la conservación, la Agencia Nacional de Minería (ANM) aún no resuelve el futuro de 28 de estos permisos (nueve ya fueron cancelados).

En el caso del título otorgado a Cosigo Resources en Yaigojé Apaporis, las actividades mineras se suspendieron en el parque desde 2011 gracias a la resolución 112 de ese año, pero el título sigue vigente pues la minera canadiense se está negando a dar por terminado de forma voluntaria el contrato de concesión.

El pasado 4 de junio la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, le envió a la ANM una carta en la que pide que se le informe por qué, en los últimos dos años, la autoridad minera no ha tomado medidas para dar por terminado el título. (vea la carta enviada por Julia Miranda)

“Después de emitida la resolución 112 de 2011 la Autoridad Minera informó que el caso debía llevarse ante el Contencioso Administrativo, pero no se ha adelantado este procedimiento (...) solicitamos un pronunciamiento de la Agencia para que nos informen las razones por las cuales no se ha presentado esta acción judicial tendiente a dejar sin efecto el título minero”.

Lo que llama la atención es la respuesta que la ANM le envió a Parques el 15 de julio pasado. En ella la directora de la agencia, María Eugenia Sánchez, elude la petición de Parques y en su lugar enumera las causales de terminación de un título minero dispuestas en el Código de Minas vigente (muerte de un concesionario, caducidad, renuncia, mutuo acuerdo, vencimiento del término) y responde que la situación del título de Yaigojé Apaporis “no se ha enmarcado en ninguna de estas formas de terminación”. (vea la respuesta de la ANM)

Especialistas como el abogado Rodrigo Negrete, dicen que la ANM debería respetar las disposiciones del Código de Recursos Naturales de 1977. “Tampoco se puede realizar la sustracción de las mismas para realizar actividades mineras ni de ningún otro tipo, por expresa disposición de la Corte Constitucional. Los títulos mineros que hayan sido otorgados en los parques nacionales deben ser revocados o las autoridades deberán decretar su caducidad”, explica.

El Espectador consultó a la ANM, que a través de un comunicado concluyó que “viene estudiando cuidadosamente el expediente del título en el Yaigojé Apaporis para establecer las alternativas que tiene la autoridad dentro del marco de la normativa. No se descarta la demanda de nulidad del mismo ante la jurisdicción ordinaria del tribunal administrativo”.

acuevas@elespectador.com

@angelicamcuevas