Hace pocos días, el Gobierno sancionó oficialmente la ley que reconoce el desplazamiento forzado por causas relacionadas con el cambio climático, como desastres naturales o la degradación ambiental. Se trata de la Ley 2577, firmada por el presidente Gustavo Petro el 29 de mayo y que definirá los lineamientos para identificar este tipo de desplazamiento y las instituciones que deberán tomar medidas al respecto.
Esta medida, que fue aprobada en diciembre en el Congreso de la República, busca proteger a las personas que se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Un ejemplo de esto es el desplazamiento por la erosión costera, que genera pérdida de tierra en la costa por el incremento del nivel del mar.
“Entiéndase por desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, la degradación’ ambiental y los desastres naturales, cuando las personas, grupos de personas o comunidades se ven en la obligación de salir de su hogar o de su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos graves de factores ambientales, el cambio climático o los desastres naturales, que pongan en riesgo grave su vida, salud o integridad”, define la Ley firmada recientemente.
Aunque ya se cuenta con esta definición, la normativa también le da un plazo de seis meses, hasta el 29 de noviembre, a varias entidades para darle más contenido a lo que significa el desplazamiento climático. El Ideam, la UNGRD y el Ministerio de Ambiente deberán definir criterior técnicos y una metodología que permita identificar y caracterizar a las personas damnificadas por este tipo de desplazamiento.
Con estos criterios, deberá crearse un Registro Único de Desplazamiento Ambiental en el que se registren personas, familias junto a sus animales domésticos, comunidades o grupos sociales en los que se pueda identificar plenamente que están en riesgo o que ya fueron desplazados.
Como contamos en esta nota, la definición de estos criterios será clave, pues el desplazamiento forzado en Colombia suele tener múltiples causas, entre ellas la violencia. Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política para el desarrollo de WWF Colombia, dijo en enero a este diario que allí hay un reto, pues las personas no suelen identificar las causas climáticas como la principal motivación de su desplazamiento.
En este sentido, la Sentencia 123 de 2024 de la Corte Constitucional tiene un rol fundamental, pues allí se definen las bases que dieron lugar a esta ley. Entre ellas, se resalta la importancia de contar con un enfoque centrado en la protección de derechos como la vivienda digna, la alimentación y el acceso a un mínimo vital de ingresos.
Todo esto, apuntaba Madrigal, requerirá de una articulación entre diferentes instituciones del Estado para lograr prestar una atención adecuada y oportuna a las personas desplazadas por el cambio climático o aquellas que se encuentren en riesgo.
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