Guardianes del Yuruparí presentan tutela contra el uso de mercurio en la Amazonia

Este lunes, ante el Tribunal Superior de Bogotá,  los gobiernos Indígenas ACIMA, ACIYA, ACIYAVA, ACAIPI, ATIZOT, presentarán una acción de tutela contra el Estado colombiano que, por acción u omisión, ha permitido la explotación criminal de oro y el vertimiento de mercurio en los Territorios Indígenas del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, en el Yaigojé, Apaporis (Vaup-es-Amazonas). La situación pone en riesgo a más de 30 pueblos indígenas, su pervivencia física y cultural, así como la integridad del ecosistema amazónico.

El Macroterritorio, reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y visibilizado en documentales como el Sendero de la Anaconda, ha conservado sus bosques en un 98% gracias al esfuerzo de los pueblos indígenas que lo habitan.  Este es un mosaico de conectividad que vincula 3 grandes Resguardos Indígenas y 3 Parques Nacionales Naturales, protegiendo 6 millones de hectáreas de la Amazonía. (Mercurio en Amazonia, una amenaza latente)

Para los Pueblos Indígenas “el oro, el carbón, el cuarzo y las piedras preciosas son componentes fundamentales de la vida y para la vida, y su explotación constituye una real amenaza que altera la vida espiritual, la memoria y el alma tanto del territorio como de la gente”. Sin embargo, esta visión integral no ha sido respetada por personas ajenas a los pueblos indígenas, y tampoco ha sido protegida efectivamente por el Estado, lo que ha llevado a que se desarrollen actividades mineras que profanan el territorio, alteran la estructura social cultural y generan vertimientos de mercurio. (Alarmantes niveles de mercurio en habitantes de la Amazonia, según Parques Nacionales)

En la tutela, los pueblos indígenas indican que “el Estado, a través de las entidades accionadas, no ha ni prevenido ni controlado la contaminación de mercurio”.  Y es que según un estudio (2018) de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y la Universidad de Cartagena, las concentraciones de mercurio en las comunidades del Yaigojé Apaporis fueron de 22,98 μg/g, una cifra diez veces mayor a la presentada en sitios como el Distrito Minero de San Martín de Loba en Bolívar (2.1μg/g), Ayapel en Córdoba (2,2 μg/g) y Caimito en Sucre (4,9 μg/g).

Los Gobiernos Indígenas precisan que “el territorio es la expresión de la vida misma (…) cada elemento y ser tienen un lugar y unas relaciones específicas que se deben mantener. Al sacar algo de nuestro territorio –como sucede con el oro- o introducir elementos extraños –como el mercurio- se compromete integralmente nuestra vida”. Esta declaración coincide con los preocupantes síntomas de contaminación por mercurio en hombres, mujeres y niños indígenas.

Como lo explican en la tutela “en la explotación de oro, se vierte directamente el mercurio a los ríos Caquetá y Apaporis, y se generan afectaciones a nosotros como pueblos indígenas, ya que tenemos como principal fuente alimenticia el pescado”. También reiteran que el impacto de la minería de oro amenaza “la integridad del sistema de manejo del territorio del cual dependen no sólo nuestros derechos fundamentales, sino la salud del mundo”. 

Por eso, y con el apoyo técnico y jurídico de Fundación Gaia Amazonas, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes y la Procuraduría General de la Nación, construyeron esta tutela en la que solicitan que se realicen estudios toxicológicos, epidemiológicos sobre los impactos del mercurio en las comunidades y ecosistemas. También reclaman atención en salud con un enfoque intercultural para sanar a las personas y al territorio, y que se descontaminen y restauren ecológica y culturalmente los ríos.

Además, exigen que el Gobierno Nacional cumpla con sus responsabilidades para la implementación inmediata y efectiva el Decreto ley 632 de 2018, como medida de fortalecimiento de la gobernabilidad y la autonomía territorial indígena, condiciones imprescindibles para asegurar la conservación de la diversidad cultural y biológica de la Amazonía.

Este lunes, ante el Tribunal Superior de Bogotá,  los gobiernos Indígenas ACIMA, ACIYA, ACIYAVA, ACAIPI, ATIZOT, presentarán una acción de tutela contra el Estado colombiano que, por acción u omisión, ha permitido la explotación criminal de oro y el vertimiento de mercurio en los Territorios Indígenas del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, en el Yaigojé, Apaporis (Vaup-es-Amazonas). La situación pone en riesgo a más de 30 pueblos indígenas, su pervivencia física y cultural, así como la integridad del ecosistema amazónico.

El Macroterritorio, reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y visibilizado en documentales como el Sendero de la Anaconda, ha conservado sus bosques en un 98% gracias al esfuerzo de los pueblos indígenas que lo habitan.  Este es un mosaico de conectividad que vincula 3 grandes Resguardos Indígenas y 3 Parques Nacionales Naturales, protegiendo 6 millones de hectáreas de la Amazonía. (Mercurio en Amazonia, una amenaza latente)

Para los Pueblos Indígenas “el oro, el carbón, el cuarzo y las piedras preciosas son componentes fundamentales de la vida y para la vida, y su explotación constituye una real amenaza que altera la vida espiritual, la memoria y el alma tanto del territorio como de la gente”. Sin embargo, esta visión integral no ha sido respetada por personas ajenas a los pueblos indígenas, y tampoco ha sido protegida efectivamente por el Estado, lo que ha llevado a que se desarrollen actividades mineras que profanan el territorio, alteran la estructura social cultural y generan vertimientos de mercurio. (Alarmantes niveles de mercurio en habitantes de la Amazonia, según Parques Nacionales)

En la tutela, los pueblos indígenas indican que “el Estado, a través de las entidades accionadas, no ha ni prevenido ni controlado la contaminación de mercurio”.  Y es que según un estudio (2018) de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y la Universidad de Cartagena, las concentraciones de mercurio en las comunidades del Yaigojé Apaporis fueron de 22,98 μg/g, una cifra diez veces mayor a la presentada en sitios como el Distrito Minero de San Martín de Loba en Bolívar (2.1μg/g), Ayapel en Córdoba (2,2 μg/g) y Caimito en Sucre (4,9 μg/g).

Los Gobiernos Indígenas precisan que “el territorio es la expresión de la vida misma (…) cada elemento y ser tienen un lugar y unas relaciones específicas que se deben mantener. Al sacar algo de nuestro territorio –como sucede con el oro- o introducir elementos extraños –como el mercurio- se compromete integralmente nuestra vida”. Esta declaración coincide con los preocupantes síntomas de contaminación por mercurio en hombres, mujeres y niños indígenas.

Como lo explican en la tutela “en la explotación de oro, se vierte directamente el mercurio a los ríos Caquetá y Apaporis, y se generan afectaciones a nosotros como pueblos indígenas, ya que tenemos como principal fuente alimenticia el pescado”. También reiteran que el impacto de la minería de oro amenaza “la integridad del sistema de manejo del territorio del cual dependen no sólo nuestros derechos fundamentales, sino la salud del mundo”. 

Por eso, y con el apoyo técnico y jurídico de Fundación Gaia Amazonas, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes y la Procuraduría General de la Nación, construyeron esta tutela en la que solicitan que se realicen estudios toxicológicos, epidemiológicos sobre los impactos del mercurio en las comunidades y ecosistemas. También reclaman atención en salud con un enfoque intercultural para sanar a las personas y al territorio, y que se descontaminen y restauren ecológica y culturalmente los ríos.

Además, exigen que el Gobierno Nacional cumpla con sus responsabilidades para la implementación inmediata y efectiva el Decreto ley 632 de 2018, como medida de fortalecimiento de la gobernabilidad y la autonomía territorial indígena, condiciones imprescindibles para asegurar la conservación de la diversidad cultural y biológica de la Amazonía.