La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en compañía del Ministerio de Ambiente, anunció que expidió un decreto que busca que reducir el tiempo para otorgar licencias ambientales a proyectos de energía solar entre 10 y 100 megavatios.
Con el decreto (1033 de 2025), explicó la Anla a través de un comunicado, se reducirá hasta en un un 70% el tiempo que, usualmente, demora ese trámite.
Aunque se expedirá de manera más rápida eso no significa, dice la entidad, que se disminuya “la rigurosidad de sus decisiones”.
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“Con la firma del Decreto 1033 de 2025 optimizamos el licenciamiento ambiental para proyectos solares entre 10 y 100 MW, lo que permitirá acelerar la penetración de energías limpias tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en las Zonas No Interconectadas”, aseguró, a través del comunicado, la ministra de Ambiente encargada Irene Vélez.
“Este es un avance decisivo para cumplir nuestras metas climáticas, proteger la diversidad y fortalecer la articulación con las comunidades locales en los territorios donde se desarrollan estos proyectos”, añadió.
El instrumento se llamará “Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado”, que se sintetiza con la sigla LASolar. Para el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, es un decreto que “acelera la transición energética” e “impulsa programas como Comunidades Energéticas y Colombia Solar”.
Como explica la ANLA, la idea es que se optimicen los parámetros, los requisitos y los procedimientos para la solicitud, la evaluación y el otorgamiento de licencias ambientales ante la ANLA, manteniendo “criterios estrictos de cuidado ambiental sobre los recursos hídricos y los bosques”.
De igual forma, añade, se estimula la “participación social de las comunidades en donde los proyectos se desarrollan”.
La idea es que la Anla emita los Términos de Referencia Específicos para cada proyecto en un plazo máximo de 15 días luego de que reciba los documentos que requiera.
“Peros” al nuevo decreto
Según le había dicho hace unas semanas a este diario María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight —firma de abogados que asesora a empresas del sector energético—, una iniciativa de este tipo, efectivamente, podría “acelerar la entrada en funcionamiento de los proyectos de cara a la necesidad energética del país”.
Sin embargo, a sus ojos, aseguró entonces, hay un cuello de botella en la ANLA que debe ser resuelto: “debería fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, de manera que cuente con los recursos y el personal suficiente e idóneo para conocer de los trámites en un tiempo razonable”.
Quienes no se han mostrado muy de acuerdo con esta nueva reglamentación con las Corporaciones Autónomas Regionales, que son las autoridades ambientales en los territorios.
Asocars, la asociación que las agremia, le había dicho a El Espectador que el proyecto de decreto les restaba facultades a las corporaciones. Para ellos, era un cambio que debía hacerse a través del Congreso y no desde el Gobierno.
“Al centralizar y asignar de forma exclusiva a la ANLA facultades que por ley corresponden a las CAR, vacía de contenido su misión institucional, las convierte en simples espectadoras del ordenamiento ambiental y desnaturaliza el modelo descentralizado”, señalaron, entonces.
“El Proyecto de Decreto LASolar adelantado por el Ministerio de Ambiente”, agregaron, “se constituye en una transgresión directa, del principio constitucional de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Al retirarles sin habilitación legal, la competencia de licenciamiento ambiental para proyectos solares entre 10 y 100 MW, se quebranta el régimen de distribución de funciones fijado por el legislador y amparado por la Constitución”.
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