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El 5 de abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia expidió la Sentencia 4360, en la que reconoce a la Amazonía colombiana como una entidad “sujeto de derechos”. La orden, que tuvo origen en las graves cifras de deforestación, ordenó cuatro cosas: definir un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarrestara la tasa de deforestación; construir un “pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano -PIVAC”; actualizar e implementar los Planes de Ordenamiento Territorial y tomar medidas policivas, judiciales o administrativas, para reducir la deforestación informados.
Sin embargo, estas medidas solo vinculaban a la Presidencia, al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, las organizaciones científicas, municipios y Corporaciónes Autónomas. Las autoridades indígenas de algunos gobiernos indígenas del sur país dicen que se les dejó por fuera, siendo ellos quienes custodian al 47,2% de la Amazonía, según los cálculos de la ONG Gaia Amazonas. La omisión de los gobiernos indígenas se dio, aún cuando en la página 8 de la misma sentencia se reconoce que seis gobiernos indígenas (ACIMA, AIPEA, PANI, ACAIPI, ACIYA y ACIYAVA), habían intervenido en el trámite de la tutela inicial.
A pesar de que los plazos que la Corte Suprema otorgó para cumplir las órdenes eran de 4 y 5 meses, han pasado 17 meses y las cifras de deforestación aún son preocupantes. Según el Ideam, en 2018 Colombia perdió 197.159 hectáreas de bosque, el equivalente a dos veces Bogotá. Comparado con la tendencia de crecimiento del fenómeno que se esperaba para 2018, el Ideam informó que se evitó la deforestación de 40.360 hectáreas de bosque natural que estaban amenazados por esta problemática. (En 2018 se redujo la tasa de deforestación en Colombia)
El Tribunal de Bogotá, ente a quien le corresponde el seguimiento de la sentencia, se pronunció el 22 de agosto y llamó a las entidades encargadas a rendir cuentas: “ninguna de las entidades ha demostrado pleno cumplimiento a lo ordenado y que, por contera, lejos están de reducir a cero la deforestación en la Amazonia”, indica.
El llamado Juicio a la Deforestación, que terminaron la última semana de noviembre, incluyó citaciones programadas entre el 15 de Octubre y el 12 de Noviembre y otorga 15 minutos a las 90 entidades para que presenten los avances y logros alcanzados desde la expedición de la propuesta. Además, el Tribunal abrió un espacio para quienes tuvieran propuestas que contribuyeran al cumplimiento de la sentencia, y fue allí cuando las Autoridades Indígenas de la Amazonía realizaron su segunda intenvención en la voz de Fabio Valencia – Representante Legal del Consejo Indígena del Río Pirá Paraná. (El ajuste de cuentas a los responsables de la deforestación)
Gobiernos Indígenas reconocidos, la clave para proteger la Amazonía
Por milenios, los pueblos indígenas de la Amazonía han custodiado, gobernado y manejado sus territorios siendo ejemplo a nivel mundial de conservación biológica y cultural. Por ello se pronunciaron por segunda vez ante el Estado reclamando su lugar como Autoridades Públicas y propietarios del territorio, porque como lo explica Fabio Valencia “sin Amazonía no hay indígenas y sin indígenas no hay Amazonía”
En su intervención del pasado 16 de octubre, los indígenas reiteran que la garantía de sus derechos y el fortalecimiento de su gobierno propio son indispensables para garantizar el cuidado y la vida en la Amazonía. Por ello, piden asegurar la implementación efectiva del Decreto 632 que reconoce y fortalece los gobiernos indígenas, “estamos aquí como Autoridades Públicas, porque es nuestro deber milenario procurar la protección del territorio y nuestra gente. Para nosotros, las autoridades tradicionales son como los Magistrados, y son ellos quienes nos han enseñado cómo cuidar la vida en nuestros territorios”, afirmó Valencia.
Valencia también resaltó la necesidad de reconocer la Amazonía en su diversidad biológica y cultural, “la deforestación no solo afecta bosque, sino también lo espiritual ,es urgente reconocer la participación de los pueblos indígenas como autoridades públicas con capacidad de decisión sobre los temas ambientales para garantizar la integridad ambiental, cultural y territorial. Actualmente, contamos con instrumentos de planeación ambiental y territorial que deben ser reconocidos”.
La intervención cerró con el llamado a que este no solo debe ser un pacto intergeneracional, también intercultural, o de lo contrario uno de los actores centrales en la gestión de la Amazonía -los pueblos indígenas- quedarían por fuera de la discusión, y el fracaso de los las iniciativas de conservación sería inminente.