La agonía del Parque Tinigua

Estábamos advertidos: Colombia está perdiendo sus bosques naturales a una velocidad alarmante. Según el primer reporte de alertas tempranas de 2018, lo que pasó en el Parque Natural Tinigua entre enero y marzo de este año no tiene precedentes: a punta de machete y motosierra, 5.620 hectáreas dentro de un parque de 280.000 pasaron de bosque a pradera. En el informe se incluye a sus vecinos, el Parque Cordillera Los Picachos y Sierra de la Macarena, aunque en menor medida.

La tala se extiende por todo el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), creada en 1989 para proteger y hacer acuerdos de producción en 3’891.789 hectáreas, y agrupa a municipios bajo alerta, como Uribe, Puerto Rico, Vista Hermosa (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) e incluye estos parques. Esta región es una de las principales conexiones biológicas entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, y sus cuatro parques (Sumapaz, Cordillera Los Picachos, Sierra de la Macarena y Tinigua) son una isla de biodiversidad para el paso de cientos de especies que se comunican entre regiones. (Lea también: Se disparó la deforestación en La Macarena)

Un bosque sin doliente

A Alberto* lo amarga contar lo que pasa en el municipio de La Macarena. Tiene 28 años y vive en la zona de amortiguamiento del Parque Tinigua, en ese municipio. Es un momento agridulce. El comercio ha estado bueno en los últimos dos años en la región, ha vendido bien sus quesos y sus animales, pero a costa de un paisaje que se deteriora a un ritmo alarmante. “Este verano, el río Perdido casi se nos seca. El río Guayabero, que es bastante caudaloso, se pudo pasar a pie en algunos tramos, y cuando uno va a recoger el agua en los caños, se ve una capita de mugre por tanta quema que hacen. Así a ojo le digo, la tala tan impresionante está afectando el agua de la región”.

Su finca tiene 60 hectáreas de potrero y 90 de bosque. Últimamente, animales como armadillos, dantas y hasta tigres llegan a su finca. Según él, están buscando refugio en los árboles, porque en los parques ya no los van a encontrar.

“Dentro del parque [Tinigua] siempre ha habido fincas, pero tanto afuera del parque como adentro los campesinos teníamos un acuerdo: sólo se podían talar cinco hectáreas para comida en cada finca y cinco para pastos. En total, solo el 50 % del total de una finca podía ser talada. Si usted lo hacía todo de golpe en un año, pues allá usted”.

Ascalg agrupa 68 veredas desde el río Lozada hasta el río Guayabero y está en la zona de amortiguamiento de la parte sur de los tres parques, en el municipio de La Macarena, el más deforestado de los últimos tres meses, según el Ideam. Según Alberto, entre 2000 y 2006, unos 2.000 campesinos habían destinado casi 8.000 hectáreas de montaña que rozaban los límites de los tres parques como un corredor biológico.

Alberto habla con nostalgia. El acuerdo no llegó a tiempo a los oídos de un número indeterminado de familias campesinas que empezaron a llegar en 2016, provenientes del Huila, Caquetá, Meta y Guaviare. “El corredor conectaba la cordillera Oriental, toda la parte de Picachos, con la zona del Parque Sumapaz. Hoy es puro potrero”.

Zonas de Reserva Campesina. Mapa realizado por VZ, con información de Cormacarena

Con la firma de los Acuerdos de Paz no sólo llegaron los nuevos colonos, llegaron los de Parques Nacionales. Por fin, después de 26 años de declarados los parques y el Área de Manejo Especial de La Macarena, las directivas y funcionarios pudieron entrar al territorio que protegían. ¿Por qué ha llegado gente nueva al Tinigua? ¿Qué motiva a los pobladores a talar? Las hipótesis construidas a oídas o en terreno son disímiles, pero todas tienen algo de certeza.

Alberto cuenta que a finales de 2017, las disidencias de las Farc dieron la orden de que se podía trabajar la tierra que estaba protegida. “Repartieron 7.000 u 8.000 hectáreas, de a 100 para cada familia. El acuerdo era que podían talar el 60 % de sus fincas de golpe, no de a cino o de a 10 hectáreas, como los que llevábamos rato en la región. Los viejos pobladores empezaron a talar ya no cinco sino siete hectáreas de más, porque si el otro lo hace, por qué yo no”.

Olga Ruiz, directora del Parque Sierra de la Macarena, colindante con el Tinigua, sabe que la tala de bosques no es sólo culpa de la salida de las Farc o de sus remanentes. “Esto es de vieja data”, dice. Entre 2002 y 2007 ya se habían deteriorado 39.898 hectáreas y en los bordes del parque ya se habían deteriorado 22.229 hectáreas. Entre 2007 y 2012 fueron 28.642 sólo dentro de ese parque. En 2017, Ruiz contó a ojo de cubero entre 30 y 40 familias campesinas que llegaron apoyadas por un anónimo. “Los llamamos los ausentistas: que tienen tierras pero no viven en ellas”.

Maldad o ignorancia

Juan* es un campesino de La Macarena que llegó a la región hace 20 años. Según cuenta, el negocio de los ausentistas funciona así: “Una hectárea de tierra en la Cordillera [Los Picachos] puede costar $2 millones y medio, y talarla, $400.000. Un campesino se va con dos machetes, 40 metros de plástico y una remesa, asierra 20 hectáreas en 20 días y las vende en 40 o 50 millones. Esto sucede en los primeros meses del año y en agosto, antecitos del invierno. ¿Quiénes son los que tienen esa plata para invertir en talar en los parques? Nosotros no”.

Juan aventura otra teoría: se tala para plantar coca y recibir plata de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Yo no sé quién les habrá dicho, pero como en el municipio de La Macarena está el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hace dos años se vino todo mundo”. La plata destinada a la primera fase del acuerdo para el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, contemplado en el Acuerdo de Paz, es de $9.800 millones. De un año para otro, y según las cuentas de Juan, su vereda pasó de tener 80 familias a 257. El último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que para 2016 había 12.302 hectáreas de cultivos de coca entre Meta y Guaviare. Sólo en el Meta hay 5.464 hectáreas de coca y un 96 % está dentro del Área de Manejo Especial La Macarena. 2.386 hectáreas de coca están en el PNN Sierra de la Macarena y 277 en el PNN Tinigua.

Colonización sobre el río Duda, Meta. Febrero de 2018 / Cortesía de FCDS

Tanto Juan como Wendy Arenas, de la Alta Consejería para el Posconflicto, hablan del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos como un “incentivo perverso” o una “malinterpretación”. “Para la Amazonia hay percepciones tal vez erróneas por la población que cree que recibirá los incentivos que el acuerdo prevé para quienes tengan cultivos de coca sembrados antes de 2015”. Para la formalización y adjudicación de predios se haría para quienes ocuparan tierras antes de 2010. 

Pero dentro de Parques Nacionales no se pueden titular tierras a particulares. Por eso, los nuevos colonos (y los viejos) del Tinigua están en una encrucijada que lleva dos décadas sin resolverse. María Teresa Sierra, directora del Parque Tinigua, dice que dentro del parque hay asentadas 857 familias desde hace años. “A las nuevas que están llegando no las tenemos contadas porque no hacen parte de asociaciones ni tienen una representación política en la comunidad todavía”.

Para Juan, esto no es un problema de “cultura campesina”. “Las disidencias de las Farc dijeron hace como tres meses que estaban mamadas de ser las guardaparques de Parques Nacionales y que la tierra era de la gente”.

Otros difieren. Para Rodrigo Botero, director de la territorial Amazonia de PNN por 10 años y ahora director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible , pensar que los campesinos de la zona están desinformados es una combinación de paternalismo y centralismo criollo. “Aunque uno no crea, la tierra puede ser rentable aunque no valga nada. Si tomas $400 millones para arreglar 800 hectáreas, le metes 500 animales y al final del año le sacas mil millones de pesos ya le ganaste. Si la trabajas 10 años y la degradas, no importa, te empacas $8.000 millones. No me interesa que me la titulen. Para qué, ¿para pagar impuestos?”.

La hipótesis de Botero apunta hacia un nuevo control armado y al gangazo de tener tierras improductivas: “Hay un proceso de recolonización armada en La Macarena. La gente del bloque Oriental de las Farc está poniendo gente en Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Uribe, Miraflores, Calamar y San José del Guaviare y todo el Arco Norte de la Amazonia. A nosotros en terreno las disidencias nos han dicho: ‘Perdón, el área de los parques Tinigua y Macarena es nuestra. La vamos a seguir parcelando y entregando’. Esto fue hace menos de un mes. Alguien está entregando tierras, alguien está haciendo lo que el Estado debería estar haciendo pero dentro de un parque nacional”.

De acuerdo con Parques, se está haciendo un proceso para relocalizar a 17 familias dentro del Parque Tinigua y 15 dentro del Parque Sierra de la Macarena, pero no es un proceso fácil. Necesita de la coordinación de la Agencia Nacional de Tierras, las Fuerzas Militares, Parques Nacionales y las familias. Por otro lado, Las directoras de Picachos, Macarena y Tinigua recibieron panfletos amenazantes en noviembre de 2016 y desde principios de este mes están despachando desde Villavicencio. Adicional a esto, la semana pasada alguien quemó la cabaña ecoturística de Caño Cristales, por donde pasan unos 15.000 turistas al año.

“Es gente que va desde comerciantes locales de los municipios, los comerciantes de la región, los gobernantes locales y las disidencias”, dice Botero. La responsabilidad recae, por el momento, sobre las autoridades ambientales colombianas.

Alberto siente que los nuevos colonos no son enemigos. “De alguna manera hay que vivir. Yo también me guerreo la papita para mis niños, pero el tema se está saliendo de las manos. El Ejército se mantiene por aquí, pero no sé de qué tienen orden, porque ven a una persona tumbando montaña y la dejan trabajar. No soy optimista”.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.

**Nombres modificados por petición de las fuentes.

Estábamos advertidos: Colombia está perdiendo sus bosques naturales a una velocidad alarmante. Según el primer reporte de alertas tempranas de 2018, lo que pasó en el Parque Natural Tinigua entre enero y marzo de este año no tiene precedentes: a punta de machete y motosierra, 5.620 hectáreas dentro de un parque de 280.000 pasaron de bosque a pradera. En el informe se incluye a sus vecinos, el Parque Cordillera Los Picachos y Sierra de la Macarena, aunque en menor medida.

La tala se extiende por todo el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), creada en 1989 para proteger y hacer acuerdos de producción en 3’891.789 hectáreas, y agrupa a municipios bajo alerta, como Uribe, Puerto Rico, Vista Hermosa (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) e incluye estos parques. Esta región es una de las principales conexiones biológicas entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, y sus cuatro parques (Sumapaz, Cordillera Los Picachos, Sierra de la Macarena y Tinigua) son una isla de biodiversidad para el paso de cientos de especies que se comunican entre regiones. (Lea también: Se disparó la deforestación en La Macarena)

Un bosque sin doliente

A Alberto* lo amarga contar lo que pasa en el municipio de La Macarena. Tiene 28 años y vive en la zona de amortiguamiento del Parque Tinigua, en ese municipio. Es un momento agridulce. El comercio ha estado bueno en los últimos dos años en la región, ha vendido bien sus quesos y sus animales, pero a costa de un paisaje que se deteriora a un ritmo alarmante. “Este verano, el río Perdido casi se nos seca. El río Guayabero, que es bastante caudaloso, se pudo pasar a pie en algunos tramos, y cuando uno va a recoger el agua en los caños, se ve una capita de mugre por tanta quema que hacen. Así a ojo le digo, la tala tan impresionante está afectando el agua de la región”.

Su finca tiene 60 hectáreas de potrero y 90 de bosque. Últimamente, animales como armadillos, dantas y hasta tigres llegan a su finca. Según él, están buscando refugio en los árboles, porque en los parques ya no los van a encontrar.

“Dentro del parque [Tinigua] siempre ha habido fincas, pero tanto afuera del parque como adentro los campesinos teníamos un acuerdo: sólo se podían talar cinco hectáreas para comida en cada finca y cinco para pastos. En total, solo el 50 % del total de una finca podía ser talada. Si usted lo hacía todo de golpe en un año, pues allá usted”.

Ascalg agrupa 68 veredas desde el río Lozada hasta el río Guayabero y está en la zona de amortiguamiento de la parte sur de los tres parques, en el municipio de La Macarena, el más deforestado de los últimos tres meses, según el Ideam. Según Alberto, entre 2000 y 2006, unos 2.000 campesinos habían destinado casi 8.000 hectáreas de montaña que rozaban los límites de los tres parques como un corredor biológico.

Alberto habla con nostalgia. El acuerdo no llegó a tiempo a los oídos de un número indeterminado de familias campesinas que empezaron a llegar en 2016, provenientes del Huila, Caquetá, Meta y Guaviare. “El corredor conectaba la cordillera Oriental, toda la parte de Picachos, con la zona del Parque Sumapaz. Hoy es puro potrero”.

Zonas de Reserva Campesina. Mapa realizado por VZ, con información de Cormacarena

Con la firma de los Acuerdos de Paz no sólo llegaron los nuevos colonos, llegaron los de Parques Nacionales. Por fin, después de 26 años de declarados los parques y el Área de Manejo Especial de La Macarena, las directivas y funcionarios pudieron entrar al territorio que protegían. ¿Por qué ha llegado gente nueva al Tinigua? ¿Qué motiva a los pobladores a talar? Las hipótesis construidas a oídas o en terreno son disímiles, pero todas tienen algo de certeza.

Alberto cuenta que a finales de 2017, las disidencias de las Farc dieron la orden de que se podía trabajar la tierra que estaba protegida. “Repartieron 7.000 u 8.000 hectáreas, de a 100 para cada familia. El acuerdo era que podían talar el 60 % de sus fincas de golpe, no de a cino o de a 10 hectáreas, como los que llevábamos rato en la región. Los viejos pobladores empezaron a talar ya no cinco sino siete hectáreas de más, porque si el otro lo hace, por qué yo no”.

Olga Ruiz, directora del Parque Sierra de la Macarena, colindante con el Tinigua, sabe que la tala de bosques no es sólo culpa de la salida de las Farc o de sus remanentes. “Esto es de vieja data”, dice. Entre 2002 y 2007 ya se habían deteriorado 39.898 hectáreas y en los bordes del parque ya se habían deteriorado 22.229 hectáreas. Entre 2007 y 2012 fueron 28.642 sólo dentro de ese parque. En 2017, Ruiz contó a ojo de cubero entre 30 y 40 familias campesinas que llegaron apoyadas por un anónimo. “Los llamamos los ausentistas: que tienen tierras pero no viven en ellas”.

Maldad o ignorancia

Juan* es un campesino de La Macarena que llegó a la región hace 20 años. Según cuenta, el negocio de los ausentistas funciona así: “Una hectárea de tierra en la Cordillera [Los Picachos] puede costar $2 millones y medio, y talarla, $400.000. Un campesino se va con dos machetes, 40 metros de plástico y una remesa, asierra 20 hectáreas en 20 días y las vende en 40 o 50 millones. Esto sucede en los primeros meses del año y en agosto, antecitos del invierno. ¿Quiénes son los que tienen esa plata para invertir en talar en los parques? Nosotros no”.

Juan aventura otra teoría: se tala para plantar coca y recibir plata de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Yo no sé quién les habrá dicho, pero como en el municipio de La Macarena está el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hace dos años se vino todo mundo”. La plata destinada a la primera fase del acuerdo para el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, contemplado en el Acuerdo de Paz, es de $9.800 millones. De un año para otro, y según las cuentas de Juan, su vereda pasó de tener 80 familias a 257. El último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que para 2016 había 12.302 hectáreas de cultivos de coca entre Meta y Guaviare. Sólo en el Meta hay 5.464 hectáreas de coca y un 96 % está dentro del Área de Manejo Especial La Macarena. 2.386 hectáreas de coca están en el PNN Sierra de la Macarena y 277 en el PNN Tinigua.

Colonización sobre el río Duda, Meta. Febrero de 2018 / Cortesía de FCDS

Tanto Juan como Wendy Arenas, de la Alta Consejería para el Posconflicto, hablan del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos como un “incentivo perverso” o una “malinterpretación”. “Para la Amazonia hay percepciones tal vez erróneas por la población que cree que recibirá los incentivos que el acuerdo prevé para quienes tengan cultivos de coca sembrados antes de 2015”. Para la formalización y adjudicación de predios se haría para quienes ocuparan tierras antes de 2010. 

Pero dentro de Parques Nacionales no se pueden titular tierras a particulares. Por eso, los nuevos colonos (y los viejos) del Tinigua están en una encrucijada que lleva dos décadas sin resolverse. María Teresa Sierra, directora del Parque Tinigua, dice que dentro del parque hay asentadas 857 familias desde hace años. “A las nuevas que están llegando no las tenemos contadas porque no hacen parte de asociaciones ni tienen una representación política en la comunidad todavía”.

Para Juan, esto no es un problema de “cultura campesina”. “Las disidencias de las Farc dijeron hace como tres meses que estaban mamadas de ser las guardaparques de Parques Nacionales y que la tierra era de la gente”.

Otros difieren. Para Rodrigo Botero, director de la territorial Amazonia de PNN por 10 años y ahora director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible , pensar que los campesinos de la zona están desinformados es una combinación de paternalismo y centralismo criollo. “Aunque uno no crea, la tierra puede ser rentable aunque no valga nada. Si tomas $400 millones para arreglar 800 hectáreas, le metes 500 animales y al final del año le sacas mil millones de pesos ya le ganaste. Si la trabajas 10 años y la degradas, no importa, te empacas $8.000 millones. No me interesa que me la titulen. Para qué, ¿para pagar impuestos?”.

La hipótesis de Botero apunta hacia un nuevo control armado y al gangazo de tener tierras improductivas: “Hay un proceso de recolonización armada en La Macarena. La gente del bloque Oriental de las Farc está poniendo gente en Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Uribe, Miraflores, Calamar y San José del Guaviare y todo el Arco Norte de la Amazonia. A nosotros en terreno las disidencias nos han dicho: ‘Perdón, el área de los parques Tinigua y Macarena es nuestra. La vamos a seguir parcelando y entregando’. Esto fue hace menos de un mes. Alguien está entregando tierras, alguien está haciendo lo que el Estado debería estar haciendo pero dentro de un parque nacional”.

De acuerdo con Parques, se está haciendo un proceso para relocalizar a 17 familias dentro del Parque Tinigua y 15 dentro del Parque Sierra de la Macarena, pero no es un proceso fácil. Necesita de la coordinación de la Agencia Nacional de Tierras, las Fuerzas Militares, Parques Nacionales y las familias. Por otro lado, Las directoras de Picachos, Macarena y Tinigua recibieron panfletos amenazantes en noviembre de 2016 y desde principios de este mes están despachando desde Villavicencio. Adicional a esto, la semana pasada alguien quemó la cabaña ecoturística de Caño Cristales, por donde pasan unos 15.000 turistas al año.

“Es gente que va desde comerciantes locales de los municipios, los comerciantes de la región, los gobernantes locales y las disidencias”, dice Botero. La responsabilidad recae, por el momento, sobre las autoridades ambientales colombianas.

Alberto siente que los nuevos colonos no son enemigos. “De alguna manera hay que vivir. Yo también me guerreo la papita para mis niños, pero el tema se está saliendo de las manos. El Ejército se mantiene por aquí, pero no sé de qué tienen orden, porque ven a una persona tumbando montaña y la dejan trabajar. No soy optimista”.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.

**Nombres modificados por petición de las fuentes.