“La aspersión con glifosato sí afectaría nuestro territorio”: líderes indígenas

A mediados de febrero fueron varios los medios que publicaron el borrador de decreto con el que el Ministerio de Justicia planearía que la aspersión con glifosato regresé a Colombia. Aunque aún se trata de solo una pequeña pieza para que el Gobierno de ese paso, ya que faltan investigaciones clave como la que tendrán que dar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS), el debate ha vuelto a regresar de a poco. Es más, el día de ayer un grupo de 150 expertos envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque.

Sobre el borrador se han comentado varias cosas. Una de las más importantes, como ha señalado el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), es que no hay una mención explicita para que los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas queden excluidos de la aspersión.

Lea: “No apoye las fumigaciones con glifosato”: académicos a Joe Biden

El Espectador habló con Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorio Indígenas, para conocer su punto de vista frente al nuevo borrador de decreto.

¿Cuál es la historia de la aspersión con glifosato en territorio indígena?

Sí, ha existido aspersión aérea en territorio indígena. El tema del uso de la coca para uso ilícito se ha confundido un poco con el tema cultural, lo que ha traído muchas discusiones. Como los pueblos indígenas siembran coca para el uso cultural, los grupos armados se aprovechan para meter su cultivo en territorio indígena, un escenario que se da por el abandono estatal. La solución que le han dado a este problema son las fumigaciones que, por ejemplo, afectan la seguridad alimentaria, porque las aspersiones no tienen un radio de acción especifico. Por el tema del viento, se esparce a otros cultivos. Lo otro, es la contaminación de las fuentes hídricas, porque para estos cultivos.

Se habla de seis zonas donde el Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos tendrían planeado reanudar la aspersión. ¿Hay territorio indígena en esas zonas?

El gobierno ha sido enfático en que no se van a afectar a territorios indígenas, pero porque el Ministerio de Interior, como garante de esta certificación, ha manifestado que no. Desde la Comisión Nacional de Territorio Indígenas hemos identificado un problema y es que muchas veces se están basando solo en territorios reconocidos bajo la figura de resguardo indígena, y no las solicitudes que están en curso para recibir este reconocimiento. Cuando se incluyen estos datos y se hace ese traslape, el análisis que nosotros hacemos es que serían 160 municipios afectados y en 54 hay pueblos indígenas. Además, se verían afectados 40 pueblos indígenas. Es una preocupación. La aspersión con glifosato, tal cual está planeada, sí afectaría territorio indígena.

Ante esto están insistiendo la consulta previa…

Sí, le exigimos al Estado colombiano que cumpla y garantice los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como es la consulta previa. Eso sí, no se debe creer que por pedir nuestros derechos estamos protegiendo a particulares o economía ilegal. Lo otro importante, es lo que está pasando con las audiencias públicas previas.

¿Qué está pasando con estas audiencias?

Que las quieren hacer virtuales, aún cuando se sabe que más del 80% de los territorios rurales carecen de conectividad. El argumento de fondo no es el tema virtual, sino que se debe garantizar la participación real y efectiva bajo los principios mínimos que establece el Convenio 169 de la OIT, así como las diferentes sentencias que ha generado la Corte Constitucional sobre consulta previa.

Le puede interesar: Aun con decreto listo, el camino hacia la aspersión aérea con glifosato es largo

¿Qué es lo que más los preocupa que se llegue a reactivar la fumigación con glifosato?

Que se viole el derecho fundamental a la consulta previa. Es nuestra gran preocupación y lo que exigimos al Estado. Es que si no se garantiza la participación real y efectiva, se terminarán violando otros derechos, como la seguridad alimentaria y el acceso al aire limpio.

A mediados de febrero fueron varios los medios que publicaron el borrador de decreto con el que el Ministerio de Justicia planearía que la aspersión con glifosato regresé a Colombia. Aunque aún se trata de solo una pequeña pieza para que el Gobierno de ese paso, ya que faltan investigaciones clave como la que tendrán que dar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS), el debate ha vuelto a regresar de a poco. Es más, el día de ayer un grupo de 150 expertos envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque.

Sobre el borrador se han comentado varias cosas. Una de las más importantes, como ha señalado el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), es que no hay una mención explicita para que los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas queden excluidos de la aspersión.

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El Espectador habló con Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorio Indígenas, para conocer su punto de vista frente al nuevo borrador de decreto.

¿Cuál es la historia de la aspersión con glifosato en territorio indígena?

Sí, ha existido aspersión aérea en territorio indígena. El tema del uso de la coca para uso ilícito se ha confundido un poco con el tema cultural, lo que ha traído muchas discusiones. Como los pueblos indígenas siembran coca para el uso cultural, los grupos armados se aprovechan para meter su cultivo en territorio indígena, un escenario que se da por el abandono estatal. La solución que le han dado a este problema son las fumigaciones que, por ejemplo, afectan la seguridad alimentaria, porque las aspersiones no tienen un radio de acción especifico. Por el tema del viento, se esparce a otros cultivos. Lo otro, es la contaminación de las fuentes hídricas, porque para estos cultivos.

Se habla de seis zonas donde el Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos tendrían planeado reanudar la aspersión. ¿Hay territorio indígena en esas zonas?

El gobierno ha sido enfático en que no se van a afectar a territorios indígenas, pero porque el Ministerio de Interior, como garante de esta certificación, ha manifestado que no. Desde la Comisión Nacional de Territorio Indígenas hemos identificado un problema y es que muchas veces se están basando solo en territorios reconocidos bajo la figura de resguardo indígena, y no las solicitudes que están en curso para recibir este reconocimiento. Cuando se incluyen estos datos y se hace ese traslape, el análisis que nosotros hacemos es que serían 160 municipios afectados y en 54 hay pueblos indígenas. Además, se verían afectados 40 pueblos indígenas. Es una preocupación. La aspersión con glifosato, tal cual está planeada, sí afectaría territorio indígena.

Ante esto están insistiendo la consulta previa…

Sí, le exigimos al Estado colombiano que cumpla y garantice los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como es la consulta previa. Eso sí, no se debe creer que por pedir nuestros derechos estamos protegiendo a particulares o economía ilegal. Lo otro importante, es lo que está pasando con las audiencias públicas previas.

¿Qué está pasando con estas audiencias?

Que las quieren hacer virtuales, aún cuando se sabe que más del 80% de los territorios rurales carecen de conectividad. El argumento de fondo no es el tema virtual, sino que se debe garantizar la participación real y efectiva bajo los principios mínimos que establece el Convenio 169 de la OIT, así como las diferentes sentencias que ha generado la Corte Constitucional sobre consulta previa.

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¿Qué es lo que más los preocupa que se llegue a reactivar la fumigación con glifosato?

Que se viole el derecho fundamental a la consulta previa. Es nuestra gran preocupación y lo que exigimos al Estado. Es que si no se garantiza la participación real y efectiva, se terminarán violando otros derechos, como la seguridad alimentaria y el acceso al aire limpio.