La cabaña que aviva el debate sobre turismo en los parques

Hace seis años, el 11 de noviembre de 2011, durante la presentación de una Unidad Piloto de Restitución de Tierras, y cuando el debate por la construcción de un hotel siete estrellas dentro del Parque Tayrona tenía en aprietos al Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos denunció la invasión de los parques nacionales y aseguró que existían indicios de que estaban involucradas “algunas familias prestantes”. Entonces, el presidente advirtió que no lo permitiría y que el Gobierno buscaría la forma de recuperar esas tierras.

La advertencia iba en serio. Pocos días más tarde, el 19 de noviembre, las autoridades locales llegaron hasta la playa de Cinto, en el Parque Tayrona, y demolieron una lujosa cabaña. El proceso sancionatorio que lideró Parques Nacionales fue contra un pescador, Wílmer Castro. Sin embargo, tanto el periódico El Heraldo como los pescadores de la zona señalaron que los verdaderos dueños eran miembros de la familia de la actual ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, dijo en aquella ocasión: “Que sea la familia Lacouture la dueña del quiosco no me consta. Nuestro proceso sancionatorio es contra el pescador invasor”. Sin embargo, no aclaró cómo un pescador era dueño de una propiedad avaluada en unos $600 millones.

La ministra Lacouture, en entrevista con El Espectador, asegura que “el señor Castro fue un pescador que tuvo una buena amistad con mi padre, un pescador aficionado. Sabemos que en el ámbito de esa amistad el señor Castro y mi padre convinieron construir un quiosco en terrenos del señor Castro, terrenos de propiedad del señor Castro dentro del parque. El quiosco tuvo que ser demolido un tiempo después porque se recibió una notificación de que incumplía algunas normas y carecía de los permisos correspondientes. Mi padre y el señor Castro respondieron con prontitud y fue el final de la historia. Los detalles de esa anécdota se los llevó mi padre con su muerte, pero le puedo asegurar que de eso guardamos un buen recuerdo de pescadores, pero ningún título”. 

A través de su blog, el abogado y periodista samario Alejandro Arias revivió esta semana el episodio por considerarlo un elemento más en el debate que provocó el controvertido borrador del proyecto de decreto con el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) buscaba facultades especiales para intervenir en el diseño de políticas de ecoturismo dentro de los parques nacionales.

Arias recordó que “los mismos pescadores señalaron que el padre de la hoy ministra pagó para que las barreras coralinas, de gran riqueza, fueran dinamitadas para facilitar el paso de su yate”. Según el periodista, el caso es apenas un indicio de los muchos intereses privados que rodean la discusión sobre el ecoturismo en los parques nacionales.

Frente a las acusaciones, Lacouture se limita en decir que “ ya que hablamos de pescadores, siempre es bueno pescar en río revuelto. Pero es muy sencillo salir de la duda. Es sólo verificar la tradición de esos terrenos y los títulos de propiedad”, enfatizó.

A pesar de haber sido declarado área protegida en 1969, y por lo tanto patrimonio natural de los colombianos, más del 90 % del Parque Tayrona está en manos de particulares. Según un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de 2007, 59 personas tienen constituidos predios legalmente. Eran propietarias antes de la declaración del área protegida. En 2008, el abogado Filipo Burgos demostró que eran muchas más, pues los terrenos originales se habían loteado en algunos puntos y en otros habían entrado a ocupar zonas sin propiedad clara. Hoy podrían ser 261 las personas que reclaman algún derecho sobre la tierra. Recuperarla legalmente, de acuerdo con un cálculo aproximado, podría costarle al país cerca de un billón de pesos.

Según la opinión de Arias, el decreto de Mincit pretende sacar de circulación la resolución 531 de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “el más importante logro tendiente a proteger los parques nacionales y las áreas protegidas del país, haciendo prevalecer la función de conservación por encima de cualquier otra actividad”.

“Como ministra, mi labor es defender el turismo responsable, y eso es lo que pretendo, no sólo en parques, sino en todo el territorio”, dijo recientemente Lacouture al portal La Silla Vacía.

Julia Miranda, por su parte, señaló que “esta no es la primera vez que el Ministerio quiere coadministrar los parques. Es una metida de mano bárbara”.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le dijo a El Espectador que se encuentran preparando una contrapuesta para el ecoturismo en parques, pero adelantó que no está de acuerdo con permitir las construcciones hoteleras en áreas protegidas, sino más bien en zonas de amortiguación.

Hace seis años, el 11 de noviembre de 2011, durante la presentación de una Unidad Piloto de Restitución de Tierras, y cuando el debate por la construcción de un hotel siete estrellas dentro del Parque Tayrona tenía en aprietos al Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos denunció la invasión de los parques nacionales y aseguró que existían indicios de que estaban involucradas “algunas familias prestantes”. Entonces, el presidente advirtió que no lo permitiría y que el Gobierno buscaría la forma de recuperar esas tierras.

La advertencia iba en serio. Pocos días más tarde, el 19 de noviembre, las autoridades locales llegaron hasta la playa de Cinto, en el Parque Tayrona, y demolieron una lujosa cabaña. El proceso sancionatorio que lideró Parques Nacionales fue contra un pescador, Wílmer Castro. Sin embargo, tanto el periódico El Heraldo como los pescadores de la zona señalaron que los verdaderos dueños eran miembros de la familia de la actual ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, dijo en aquella ocasión: “Que sea la familia Lacouture la dueña del quiosco no me consta. Nuestro proceso sancionatorio es contra el pescador invasor”. Sin embargo, no aclaró cómo un pescador era dueño de una propiedad avaluada en unos $600 millones.

La ministra Lacouture, en entrevista con El Espectador, asegura que “el señor Castro fue un pescador que tuvo una buena amistad con mi padre, un pescador aficionado. Sabemos que en el ámbito de esa amistad el señor Castro y mi padre convinieron construir un quiosco en terrenos del señor Castro, terrenos de propiedad del señor Castro dentro del parque. El quiosco tuvo que ser demolido un tiempo después porque se recibió una notificación de que incumplía algunas normas y carecía de los permisos correspondientes. Mi padre y el señor Castro respondieron con prontitud y fue el final de la historia. Los detalles de esa anécdota se los llevó mi padre con su muerte, pero le puedo asegurar que de eso guardamos un buen recuerdo de pescadores, pero ningún título”. 

A través de su blog, el abogado y periodista samario Alejandro Arias revivió esta semana el episodio por considerarlo un elemento más en el debate que provocó el controvertido borrador del proyecto de decreto con el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) buscaba facultades especiales para intervenir en el diseño de políticas de ecoturismo dentro de los parques nacionales.

Arias recordó que “los mismos pescadores señalaron que el padre de la hoy ministra pagó para que las barreras coralinas, de gran riqueza, fueran dinamitadas para facilitar el paso de su yate”. Según el periodista, el caso es apenas un indicio de los muchos intereses privados que rodean la discusión sobre el ecoturismo en los parques nacionales.

Frente a las acusaciones, Lacouture se limita en decir que “ ya que hablamos de pescadores, siempre es bueno pescar en río revuelto. Pero es muy sencillo salir de la duda. Es sólo verificar la tradición de esos terrenos y los títulos de propiedad”, enfatizó.

A pesar de haber sido declarado área protegida en 1969, y por lo tanto patrimonio natural de los colombianos, más del 90 % del Parque Tayrona está en manos de particulares. Según un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de 2007, 59 personas tienen constituidos predios legalmente. Eran propietarias antes de la declaración del área protegida. En 2008, el abogado Filipo Burgos demostró que eran muchas más, pues los terrenos originales se habían loteado en algunos puntos y en otros habían entrado a ocupar zonas sin propiedad clara. Hoy podrían ser 261 las personas que reclaman algún derecho sobre la tierra. Recuperarla legalmente, de acuerdo con un cálculo aproximado, podría costarle al país cerca de un billón de pesos.

Según la opinión de Arias, el decreto de Mincit pretende sacar de circulación la resolución 531 de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “el más importante logro tendiente a proteger los parques nacionales y las áreas protegidas del país, haciendo prevalecer la función de conservación por encima de cualquier otra actividad”.

“Como ministra, mi labor es defender el turismo responsable, y eso es lo que pretendo, no sólo en parques, sino en todo el territorio”, dijo recientemente Lacouture al portal La Silla Vacía.

Julia Miranda, por su parte, señaló que “esta no es la primera vez que el Ministerio quiere coadministrar los parques. Es una metida de mano bárbara”.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le dijo a El Espectador que se encuentran preparando una contrapuesta para el ecoturismo en parques, pero adelantó que no está de acuerdo con permitir las construcciones hoteleras en áreas protegidas, sino más bien en zonas de amortiguación.