La carta que los indígenas amazónicos le entregaron a Macron en el G7

La reciente escalada de incendios de deforestación en Brasil es uno de los ataques más graves contra el medio ambiente y los pueblos indígenas visto en las últimas décadas, y ha provocado una protesta internacional. A la luz de la cumbre del G7 en Francia esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó al líder de Kayapó, Raoni Metuktire, a pronunciar un discurso, que fue firmado conjuntamente por 62 organizaciones brasileñas de la sociedad civil, la mayoría indígenas. 

La declaración conjunta fue entregada por Raoni el lunes 26 de agosto y establece que la crisis de la quema del Amazonas es un resultado directo del desmantelamiento de la política ambiental por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. El documento también pide a los países del G7 que garanticen mecanismos efectivos para prevenir las importaciones de productos brasileños producidos en áreas de violaciones graves de los derechos humanos y ambientales recientes. El 22 de agosto, los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica se declararon en emergencia humanitaria.

De acuerdo con la ONG International Rivers, la carta de las organizaciones afirma que los problemas de quema y deforestación son de larga data, pero empeoraron en 2019 como "un resultado directo del comportamiento de Jair Bolsonaro". El presidente realizó "el desmantelamiento sistemático y deliberado de la capacidad operativa de IBAMA y otras agencias federales responsables de supervisar los actos ilegales de acaparamiento, tala y quema de tierras, y tala y minería", e hizo declaraciones que señalan impunidad a los delitos ambientales.

Después de la reunión entre Macron y Raoni, en Biarritz, Francia, después de la reunión del G7, los líderes del bloque de naciones más ricas anunciaron un fondo de protección de Amazon de $ 20 millones de dólares, que incluye reforestación. El gobierno brasileño rechazó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica y aseguró que la situación está "bajo control", en una rápida escalada diplomática entre el presidente Jair Bolsonaro y su par francés Emmanuel Macron. "Agradecemos (la oferta), pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", dijo el jefe del gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, a un blog del portal G1

Aquí la carta completa, traducida al español: 

El aumento dramático en el número de incendios en la Amazonía brasileña durante 2019, con 32,748 ocurrencias registradas entre el 1 de enero y el 14 de agosto (60% por encima del promedio de los tres años anteriores) después de un aumento alarmante en la tasa de deforestación durante el año pasado, ha provocado indignación y protestas en Brasil y en todo el mundo, hasta el punto en que este tema se ha incluido urgentemente en la agenda de la cumbre del G-7 que se celebra en Biarritz, Francia. Los problemas de deforestación y quema en la Amazonía tienen una larga historia; sin embargo, el empeoramiento de esta situación en 2019 es un resultado directo del comportamiento del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Los factores que intensifican la crisis ambiental en la Amazonía, asociados con el gobierno federal, incluyen:

-La negativa a demarcar las tierras indígenas, junto con los intentos de apertura territorios de explotación por minería, represas hidroeléctricas y agronegocios, sin respetar la Constitución Federal.

-El desmantelamiento deliberado y sistemático de la capacidad operativa de IBAMA, la agencia ambiental federal y otras instituciones responsables de combatir actos ilegales de acaparamiento público de tierras, tala de bosques, quema, tala y minería. 

-Declaraciones públicas del presidente Bolsonaro sobre su compromiso de aflojar la aplicación y suspender multas por actividades ilegales, enviando un claro señal de impunidad que alienta los delitos ambientales. 

-Recortes presupuestarios, persecución de empleados y desmantelamiento de la estructura de ICMBio, la agencia federal responsable de la gestión de áreas protegidas. 

-Retroceso en el marco legal para la concesión de licencias ambientales de infraestructura, proyectos mineros y agroindustriales, caracterizados por un alto nivel social y ambiental, impactos y riesgos.

-Abandono del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en Amazonia (PPCDAm) lanzado en 2004 y en gran parte responsable de un importante disminución de las tasas de deforestación entre 2005 y 2012.

-Manipulación de agencias responsables de la protección del medio ambiente, a través nombramiento de puestos gubernamentales de alto nivel de personas vinculadas a  intereses inmediatos de los agronegocios y otros sectores que deberían ser sometidos a la regulación pública;

-Sus intentos de desacreditar a las instituciones técnicas del gobierno federal que son responsable del monitoreo de la deforestación y otros problemas ambientales, como en el caso del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

El aumento de la deforestación y la quema en la Amazonía, asociado con la apropiación de tierras y la explotación ilegal de madera y otros recursos naturales, está directamente relacionada con el aumento de los actos de violencia contra los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y sociales y movimientos sociales, que han estdo expuestos a una violencia que se ha mantenido impune, en la gran mayoría de los casos. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro ha alentado la criminalización de lo social movimientos y ONG, llegando al absurdo de culparlos por el aumento de las quemas en el Amazonas.

Tales acciones, omisiones y discursos han convertido a Brasil en un paria mundial en un área donde fue anteriormente protagonista. Esto amenaza al Amazonas, el más grande patrimonio de los brasileños, el bienestar de la población y el clima global, que no puede soportar las emisiones de la destrucción de la Amazonía. Irónicamente, esta situación amenaza el futuro del sector agroindustrial brasileño que el presidente reclama defender.

El gobierno brasileño necesita asumir la responsabilidad de liderar una serie esfuerzos, que involucren a actores públicos, privados y de la sociedad civil, para abordar este grave problema, incluyendo entre otras acciones concretas: 

-Apoyo efectivo para acciones urgentes que combatan los delitos ambientales asociados con acaparamiento público de tierras, deforestación, quema y explotación ilegal de recursos naturales, liderados por IBAMA y otras agencias responsables del monitoreo y aplicación, con garantías de la financiación necesaria. 

-Eliminación de obstáculos a la demarcación de tierras indígenas, junto con el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades quilombolas y otras poblaciones tradicionales. 

-Suspender proyectos de ley legislativos destinados a revertir las protecciones ambientales, en línea con una propuesta reciente presentada por ex ministros de medio ambiente de Brasil. 

-La reanudación del comité directivo y la reanudación de las actividades del Fondo del Amazonas (Fundo Amazônia). 

-Reanudación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en el Amazonas y la sabana tropical vecina (Cerrado), asegurando adecuados recursos financieros, transparencia y participación de entidades gubernamentales y sociedad civil.

Al mismo tiempo, instamos a los países miembros del G-7 presentes en la Cumbre de Biarritz a tomar medidas concretas para: 

-Garantizar mecanismos efectivos para evitar la importación de productos de sectores agroindustriales, mineros y madereros que se originan en áreas caracterizadas por deforestación reciente y violaciones de los derechos humanos en la Amazonía;

-Implementar políticas efectivas de prevención y 'debida diligencia' para inversiones de empresas e instituciones financieras en proyectos en la Amazonía que involucran altas
niveles de riesgo y violaciones de los derechos humanos y la legislación ambiental.

En el caso de un cambio efectivo en las posiciones del gobierno de Bolsonaro: Contribuir a los esfuerzos del gobierno y la sociedad para abordar la deforestación y quema en la Amazonía, con los medios necesarios para implementar el clima cambiar las políticas de acuerdo con el objetivo de 1.5o C del Acuerdo de París.

Le puede interesar: "El Amazonas se quema y todos tenemos la culpa"

La reciente escalada de incendios de deforestación en Brasil es uno de los ataques más graves contra el medio ambiente y los pueblos indígenas visto en las últimas décadas, y ha provocado una protesta internacional. A la luz de la cumbre del G7 en Francia esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó al líder de Kayapó, Raoni Metuktire, a pronunciar un discurso, que fue firmado conjuntamente por 62 organizaciones brasileñas de la sociedad civil, la mayoría indígenas. 

La declaración conjunta fue entregada por Raoni el lunes 26 de agosto y establece que la crisis de la quema del Amazonas es un resultado directo del desmantelamiento de la política ambiental por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. El documento también pide a los países del G7 que garanticen mecanismos efectivos para prevenir las importaciones de productos brasileños producidos en áreas de violaciones graves de los derechos humanos y ambientales recientes. El 22 de agosto, los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica se declararon en emergencia humanitaria.

De acuerdo con la ONG International Rivers, la carta de las organizaciones afirma que los problemas de quema y deforestación son de larga data, pero empeoraron en 2019 como "un resultado directo del comportamiento de Jair Bolsonaro". El presidente realizó "el desmantelamiento sistemático y deliberado de la capacidad operativa de IBAMA y otras agencias federales responsables de supervisar los actos ilegales de acaparamiento, tala y quema de tierras, y tala y minería", e hizo declaraciones que señalan impunidad a los delitos ambientales.

Después de la reunión entre Macron y Raoni, en Biarritz, Francia, después de la reunión del G7, los líderes del bloque de naciones más ricas anunciaron un fondo de protección de Amazon de $ 20 millones de dólares, que incluye reforestación. El gobierno brasileño rechazó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica y aseguró que la situación está "bajo control", en una rápida escalada diplomática entre el presidente Jair Bolsonaro y su par francés Emmanuel Macron. "Agradecemos (la oferta), pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", dijo el jefe del gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, a un blog del portal G1

Aquí la carta completa, traducida al español: 

El aumento dramático en el número de incendios en la Amazonía brasileña durante 2019, con 32,748 ocurrencias registradas entre el 1 de enero y el 14 de agosto (60% por encima del promedio de los tres años anteriores) después de un aumento alarmante en la tasa de deforestación durante el año pasado, ha provocado indignación y protestas en Brasil y en todo el mundo, hasta el punto en que este tema se ha incluido urgentemente en la agenda de la cumbre del G-7 que se celebra en Biarritz, Francia. Los problemas de deforestación y quema en la Amazonía tienen una larga historia; sin embargo, el empeoramiento de esta situación en 2019 es un resultado directo del comportamiento del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Los factores que intensifican la crisis ambiental en la Amazonía, asociados con el gobierno federal, incluyen:

-La negativa a demarcar las tierras indígenas, junto con los intentos de apertura territorios de explotación por minería, represas hidroeléctricas y agronegocios, sin respetar la Constitución Federal.

-El desmantelamiento deliberado y sistemático de la capacidad operativa de IBAMA, la agencia ambiental federal y otras instituciones responsables de combatir actos ilegales de acaparamiento público de tierras, tala de bosques, quema, tala y minería. 

-Declaraciones públicas del presidente Bolsonaro sobre su compromiso de aflojar la aplicación y suspender multas por actividades ilegales, enviando un claro señal de impunidad que alienta los delitos ambientales. 

-Recortes presupuestarios, persecución de empleados y desmantelamiento de la estructura de ICMBio, la agencia federal responsable de la gestión de áreas protegidas. 

-Retroceso en el marco legal para la concesión de licencias ambientales de infraestructura, proyectos mineros y agroindustriales, caracterizados por un alto nivel social y ambiental, impactos y riesgos.

-Abandono del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en Amazonia (PPCDAm) lanzado en 2004 y en gran parte responsable de un importante disminución de las tasas de deforestación entre 2005 y 2012.

-Manipulación de agencias responsables de la protección del medio ambiente, a través nombramiento de puestos gubernamentales de alto nivel de personas vinculadas a  intereses inmediatos de los agronegocios y otros sectores que deberían ser sometidos a la regulación pública;

-Sus intentos de desacreditar a las instituciones técnicas del gobierno federal que son responsable del monitoreo de la deforestación y otros problemas ambientales, como en el caso del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

El aumento de la deforestación y la quema en la Amazonía, asociado con la apropiación de tierras y la explotación ilegal de madera y otros recursos naturales, está directamente relacionada con el aumento de los actos de violencia contra los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y sociales y movimientos sociales, que han estdo expuestos a una violencia que se ha mantenido impune, en la gran mayoría de los casos. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro ha alentado la criminalización de lo social movimientos y ONG, llegando al absurdo de culparlos por el aumento de las quemas en el Amazonas.

Tales acciones, omisiones y discursos han convertido a Brasil en un paria mundial en un área donde fue anteriormente protagonista. Esto amenaza al Amazonas, el más grande patrimonio de los brasileños, el bienestar de la población y el clima global, que no puede soportar las emisiones de la destrucción de la Amazonía. Irónicamente, esta situación amenaza el futuro del sector agroindustrial brasileño que el presidente reclama defender.

El gobierno brasileño necesita asumir la responsabilidad de liderar una serie esfuerzos, que involucren a actores públicos, privados y de la sociedad civil, para abordar este grave problema, incluyendo entre otras acciones concretas: 

-Apoyo efectivo para acciones urgentes que combatan los delitos ambientales asociados con acaparamiento público de tierras, deforestación, quema y explotación ilegal de recursos naturales, liderados por IBAMA y otras agencias responsables del monitoreo y aplicación, con garantías de la financiación necesaria. 

-Eliminación de obstáculos a la demarcación de tierras indígenas, junto con el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades quilombolas y otras poblaciones tradicionales. 

-Suspender proyectos de ley legislativos destinados a revertir las protecciones ambientales, en línea con una propuesta reciente presentada por ex ministros de medio ambiente de Brasil. 

-La reanudación del comité directivo y la reanudación de las actividades del Fondo del Amazonas (Fundo Amazônia). 

-Reanudación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en el Amazonas y la sabana tropical vecina (Cerrado), asegurando adecuados recursos financieros, transparencia y participación de entidades gubernamentales y sociedad civil.

Al mismo tiempo, instamos a los países miembros del G-7 presentes en la Cumbre de Biarritz a tomar medidas concretas para: 

-Garantizar mecanismos efectivos para evitar la importación de productos de sectores agroindustriales, mineros y madereros que se originan en áreas caracterizadas por deforestación reciente y violaciones de los derechos humanos en la Amazonía;

-Implementar políticas efectivas de prevención y 'debida diligencia' para inversiones de empresas e instituciones financieras en proyectos en la Amazonía que involucran altas
niveles de riesgo y violaciones de los derechos humanos y la legislación ambiental.

En el caso de un cambio efectivo en las posiciones del gobierno de Bolsonaro: Contribuir a los esfuerzos del gobierno y la sociedad para abordar la deforestación y quema en la Amazonía, con los medios necesarios para implementar el clima cambiar las políticas de acuerdo con el objetivo de 1.5o C del Acuerdo de París.

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