La ciénaga que era virgen

La segunda ciénaga más grande del Caribe colombiano está muriendo lentamente. En Cartagena, todos los días llegan al corregimiento de La Boquilla (al norte de la ciudad) volquetas cargadas con escombros para rellenar la ciénaga de la Virgen y alzar sobre ella construcciones de todo tipo.

Por tratarse de una zona de bajamar, la ley prohíbe la apropiación de este cuerpo de agua. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que desde precarias viviendas hasta complejos turísticos estén reemplazando el paisaje natural.

Tampoco ha sido suficiente la resolución que en el año 2000 catalogó las áreas de manglar como zonas de preservación o recuperación, pues lo primero que hacen quienes pretenden construir allí es talar el bosque que circunda la ciénaga.

Es el caso de Luis Enrique Navas y Oswaldo Amador, quienes viven en medio del agua y rodeados de manglares. Hace 20 años llegaron con sus familias al margen derecho de la vía al mar “por necesidad de vivienda”. Talaron el manglar a la orilla de la carretera y rellenaron el agua con escombros para instalar sus casas hechas de tabla y sus sabaleras, unas piscinas donde crían peces que venden en el mercado de Bazurto.

Los beneficios ecológicos de los manglares son diversos: “Evitan la erosión, regulan el microclima, son cuna de vida, tienen unas raíces enmarañadas que aquietan las aguas y crean el ambiente propicio para que los peces desoven y para el nacimiento de crustáceos”, explica María Angélica García, directora del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA).

Pero algunos pobladores, como Luis Enrique Navas, lo ven de otra manera: “Si es necesario, lo cortamos para tener una mejor calidad de vida”. A los intentos de las autoridades por recuperar la zona, responde: “Se agarran de que estoy matando el mangle, que por lo que tengo entendido tiene más prioridad que yo. Si nos atacan por el mangle, ¿qué podemos esperar?”.

Estos rellenos llevan a que se imposibilite un fenómeno natural y necesario: el intercambio mareal entre la ciénaga y el mar. El ambientalista y abogado cartagenero Rafael Vergara explica que “en sectores como Marlinda y Villagloria están impidiendo que el agua pase, entonces el intercambio mareal se da a la fuerza e inunda a todo el mundo”.

Pero este no es un problema nuevo. El deterioro de la ciénaga de la Virgen se abrió paso con la construcción del Anillo Vial que se llevó a cabo en los años 80 para conectar a Cartagena con Barranquilla y el cual alteró el flujo y reflujo de las aguas entre el mar y la ciénaga.

Una culpa compartida

En este daño ambiental no sólo participan quienes rellenan las zonas protegidas. Lo que Vergara llama “la cadena de la ilegalidad” comienza con los constructores, quienes en lugar de depositar sus escombros en el relleno sanitario Los Cocos (único autorizado), los mandan en volquetas hacia La Boquilla y así “se ahorran lo que vale enterrar eso”. Los conductores saben cómo burlar los puestos de control para dejar su carga en un lugar de La Boquilla conocido como La Bloquera.

A esta sucesión de culpables se suman algunos notarios y jueces que emiten certificados de posesión a particulares sobre terrenos que son de uso público.

Recuperar lo invadido

Ante este panorama, cabe cuestionarse quién tiene la responsabilidad de frenar y reparar el daño. Mientras el capitán de puerto, Julio Poveda, asegura que quien debe recuperar las zonas invadidas es la Alcaldía, a través de la Policía, el alcalde local sostiene que se enfrenta a varias trabas a la hora de desalojar los predios: “Hacemos la restitución cuando los invasores no están presentes. Tratamos de que sea así, porque cuando ya una persona está dentro de la casa, toca abrir un proceso para encontrarles una vivienda alternativa y eso toma tiempo. No es solamente arrasar con las personas, sino que la ley exige respetarles unos derechos”.

Oswaldo Amador recuerda que precisamente esa disputa entre la comunidad y las autoridades por las zonas protegidas dejó un muerto hace 15 años: “Nuestra problemática no se trata de reubicación, sino de indemnización, porque aquí dependemos de unas pozas que al año nos generan $20 millones mínimo. Yo prefiero que me dejen aquí, aquí estoy bien”.

Pero otros, como Róbinson Polo, quien ha criado a sus seis hijos en una casa también al margen derecho del anillo vial, espera que el proyecto de ampliación de la doble calzada le permita salir: “Sinceramente, no quiero estar aquí. Esperamos una vivienda digna y una casa para sobrevivir“.

Pero si en algo están de acuerdo estos pobladores es en reclamar que se les aplique a todos la misma ley, haciendo referencia a las construcciones turísticas vecinas: “Ellos están ubicados en el mismo costado que nosotros y tienen derecho. ¿Por qué nosotros no?”, asegura Amador.

En Cartagena ronda desde hace años la inquietud de cómo llegaron esas empresas privadas a adquirir unos terrenos que no son comercializables. Según María Angélica García, “Edurbe (Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar) vendió algunas propiedades. Ellos se excusan en que la culpa es de los invasores primitivos, pero cuando compras un terreno debes resarcir los daños que hizo el propietario anterior”.

Aunque parece imposible revertir el deterioro ocasionado durante más de 30 años a la ciénaga de la Virgen y sus manglares, Rafael Vergara tiene la certeza de que la naturaleza haría su trabajo: “Ella misma se va recuperando; toca hacer resiembras de manglar y sanear todo eso. Si Cartagena tiene 60.400 hectáreas de territorio y 193 kilómetros de costa, ¿por qué tenemos que rellenar la ciénaga de la Virgen?”.

La segunda ciénaga más grande del Caribe colombiano está muriendo lentamente. En Cartagena, todos los días llegan al corregimiento de La Boquilla (al norte de la ciudad) volquetas cargadas con escombros para rellenar la ciénaga de la Virgen y alzar sobre ella construcciones de todo tipo.

Por tratarse de una zona de bajamar, la ley prohíbe la apropiación de este cuerpo de agua. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que desde precarias viviendas hasta complejos turísticos estén reemplazando el paisaje natural.

Tampoco ha sido suficiente la resolución que en el año 2000 catalogó las áreas de manglar como zonas de preservación o recuperación, pues lo primero que hacen quienes pretenden construir allí es talar el bosque que circunda la ciénaga.

Es el caso de Luis Enrique Navas y Oswaldo Amador, quienes viven en medio del agua y rodeados de manglares. Hace 20 años llegaron con sus familias al margen derecho de la vía al mar “por necesidad de vivienda”. Talaron el manglar a la orilla de la carretera y rellenaron el agua con escombros para instalar sus casas hechas de tabla y sus sabaleras, unas piscinas donde crían peces que venden en el mercado de Bazurto.

Los beneficios ecológicos de los manglares son diversos: “Evitan la erosión, regulan el microclima, son cuna de vida, tienen unas raíces enmarañadas que aquietan las aguas y crean el ambiente propicio para que los peces desoven y para el nacimiento de crustáceos”, explica María Angélica García, directora del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA).

Pero algunos pobladores, como Luis Enrique Navas, lo ven de otra manera: “Si es necesario, lo cortamos para tener una mejor calidad de vida”. A los intentos de las autoridades por recuperar la zona, responde: “Se agarran de que estoy matando el mangle, que por lo que tengo entendido tiene más prioridad que yo. Si nos atacan por el mangle, ¿qué podemos esperar?”.

Estos rellenos llevan a que se imposibilite un fenómeno natural y necesario: el intercambio mareal entre la ciénaga y el mar. El ambientalista y abogado cartagenero Rafael Vergara explica que “en sectores como Marlinda y Villagloria están impidiendo que el agua pase, entonces el intercambio mareal se da a la fuerza e inunda a todo el mundo”.

Pero este no es un problema nuevo. El deterioro de la ciénaga de la Virgen se abrió paso con la construcción del Anillo Vial que se llevó a cabo en los años 80 para conectar a Cartagena con Barranquilla y el cual alteró el flujo y reflujo de las aguas entre el mar y la ciénaga.

Una culpa compartida

En este daño ambiental no sólo participan quienes rellenan las zonas protegidas. Lo que Vergara llama “la cadena de la ilegalidad” comienza con los constructores, quienes en lugar de depositar sus escombros en el relleno sanitario Los Cocos (único autorizado), los mandan en volquetas hacia La Boquilla y así “se ahorran lo que vale enterrar eso”. Los conductores saben cómo burlar los puestos de control para dejar su carga en un lugar de La Boquilla conocido como La Bloquera.

A esta sucesión de culpables se suman algunos notarios y jueces que emiten certificados de posesión a particulares sobre terrenos que son de uso público.

Recuperar lo invadido

Ante este panorama, cabe cuestionarse quién tiene la responsabilidad de frenar y reparar el daño. Mientras el capitán de puerto, Julio Poveda, asegura que quien debe recuperar las zonas invadidas es la Alcaldía, a través de la Policía, el alcalde local sostiene que se enfrenta a varias trabas a la hora de desalojar los predios: “Hacemos la restitución cuando los invasores no están presentes. Tratamos de que sea así, porque cuando ya una persona está dentro de la casa, toca abrir un proceso para encontrarles una vivienda alternativa y eso toma tiempo. No es solamente arrasar con las personas, sino que la ley exige respetarles unos derechos”.

Oswaldo Amador recuerda que precisamente esa disputa entre la comunidad y las autoridades por las zonas protegidas dejó un muerto hace 15 años: “Nuestra problemática no se trata de reubicación, sino de indemnización, porque aquí dependemos de unas pozas que al año nos generan $20 millones mínimo. Yo prefiero que me dejen aquí, aquí estoy bien”.

Pero otros, como Róbinson Polo, quien ha criado a sus seis hijos en una casa también al margen derecho del anillo vial, espera que el proyecto de ampliación de la doble calzada le permita salir: “Sinceramente, no quiero estar aquí. Esperamos una vivienda digna y una casa para sobrevivir“.

Pero si en algo están de acuerdo estos pobladores es en reclamar que se les aplique a todos la misma ley, haciendo referencia a las construcciones turísticas vecinas: “Ellos están ubicados en el mismo costado que nosotros y tienen derecho. ¿Por qué nosotros no?”, asegura Amador.

En Cartagena ronda desde hace años la inquietud de cómo llegaron esas empresas privadas a adquirir unos terrenos que no son comercializables. Según María Angélica García, “Edurbe (Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar) vendió algunas propiedades. Ellos se excusan en que la culpa es de los invasores primitivos, pero cuando compras un terreno debes resarcir los daños que hizo el propietario anterior”.

Aunque parece imposible revertir el deterioro ocasionado durante más de 30 años a la ciénaga de la Virgen y sus manglares, Rafael Vergara tiene la certeza de que la naturaleza haría su trabajo: “Ella misma se va recuperando; toca hacer resiembras de manglar y sanear todo eso. Si Cartagena tiene 60.400 hectáreas de territorio y 193 kilómetros de costa, ¿por qué tenemos que rellenar la ciénaga de la Virgen?”.