La consulta previa que les llegó a los nasas diez años tarde

Lo primero que aclara José Evaristo Garcés, líder de los indígenas nasas y miembro del equipo de derecho propio, es que ellos no llegaron a la región: siempre han estado allí, moviéndose en el territorio amazónico. Lo hicieron sus ancestros, cambiando de lugar cada 300 años, y lo hacen ahora ellos, retornando a sus tierras. Para este caso, es decir, el del Resguardo Alto Lorenzo, en Puerto Asís (Putumayo), los asentamientos de familias empezaron a retornar desde 1935. Con tiempo y trabajo lograron constituirse como cabildo en 1993 y ser declarados resguardo en el 2003.

Sin embargo, estas figuras no fueron suficiente para que los tuvieran en cuenta a la hora de dejar entrar a operar al Consorcio Colombia Energy, una empresa que firmó un contrato con Ecopetrol en el 2011 para mejorar la producción de petróleo en tres campos: Quinde, Cohembí y Quillacinga, ubicados en el corredor Puerto Vega-Tetevé, cerca de la frontera con Ecuador. Las tres veces que el consorcio pidió licencia ambiental para funcionar, en el 2009, el 2010 y el 2014, el Ministerio del Interior certificó que no había comunidades indígenas. Nunca hubo consulta previa.

A pesar de que el resguardo no se encuentra en las casi 12.800 hectáreas licenciadas, sí está ubicado dentro de las 38.000 hectáreas de influencia del proyecto. De hecho, está a sólo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga, lo que hace que el impacto ambiental los toque. “Con la llegada de las petroleras empezamos a ver muchos cambios. Antes se hacía pesca toda la noche, cacería todo el día y se podía recolectar fruta a cualquier hora, pero ahora hay mucho contaminado”, continúa Garcés.

A los nasas que habitan en este resguardo, a pesar de no ser consultados, los impactos les estaban llegando. Vieron que ríos como el Putumayo, el Lorenzo y el San Miguel se empezaron a teñir con una mancha negra. Sólo entre el 2013 y el 2015, el consorcio sufrió siete atentados de grupos armados ilegales que obligaban a los conductores de sus vehículos a abrir las válvulas y derramar el petróleo, aumentando el daño ambiental.

Esta razón llevó al Resguardo Indígena Alto Lorenzo (en representación de cuatro cabildos más que están en la zona) y la Asociación del Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo-Kwe’sx Ksxa’W a demandar a varias instituciones, entre las que se encuentran el Ministerio del Interior, el de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Consorcio Colombia Energy y las empresas transportadoras.

Después de varios laberintos jurídicos, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que ordena que se haga una consulta previa, así como un proceso paralelo “para acordar medidas que permitan subsanar los daños causados”.

El proceso será, según explicó Álvaro Pedraza, contratista asignado de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior, “un referente para otros procesos”, pues desde el 10 de mayo de este año tiene reunidos a los nasas, la empresa y varios involucrados para reconocer los impactos ambientales y más adelante estudiar las posibilidades de repararlos.

Esto ha implicado un trabajo muy juicioso por parte de los indígenas, comenta Pedraza, ya que llevaron a la empresa a hacer varios recorridos para señalarle, caño por caño, hasta dónde han llegado los impactos ambientales. Es más, a pesar de que la Corte les dio cuatro meses para concluir la consulta, los nasas pidieron una prórroga de un mes para asegurarse de que lo tienen contabilizado todo. El resultado, por ahora, es un documento de Excel de 279 páginas donde enumeran lo que ellos consideran que se ha visto afectado.

De igual manera, el Consorcio Colombia Energy ha hecho su parte. Según le explicó a El Espectador, la empresa también ha creado una matriz que deberá ser cruzada con la de los nasas. Sin embargo, y a pesar de que aceptan que el proyecto sí ha tenido un impacto ambiental, aclaran que un buen porcentaje de éste está asociado con acciones de terceros, es decir, con hechos terroristas.

Por esto, lo que vendrá en los últimos meses del proceso podrá ser uno de los puntos más álgidos. O por lo menos esto parecen acordar ambas partes, pues implica determinar qué daños son responsabilidad directa de la empresa y cuáles no. “Hay una aspiración de la comunidad frente a los daños de terceros, pero es un asunto legal porque en muchos casos el daño no es por actividad del consorcio”, aclara la empresa.

Por su parte, los nasas esperan poder sanear todo su territorio. Como lo comenta Garcés, para ellos no hay diferencia entre quién es dueño del suelo o el subsuelo, pues la diferencia no existe. “Nuestros espíritus viven por igual en el suelo, subsuelo o espacio. Es una sola energía”, aclara.Es más, uno de los daños que se mencionan en la matriz es que “en la bocana El Culebrero, quebrada La Amarilla, se evidenció la ausencia de los espíritus guardianes del territorio del sitio sagrado debido a la contaminación provocada por el CCE”. Lo que demuestra que para los nasas la presencia de la petrolera va más allá de los impactos físicos y tiene mucho que ver con la manera como interpretan su territorio. Como sucede en muchos casos alrededor de Colombia, son dos visiones enfrentadas.

Mientras, el consorcio seguirá operando, ya que la Corte negó la solicitud de los nasas de suspender las operaciones petroleras. Lo cierto es que, para saber si este proceso será un referente, como lo cree Pedraza, habrá que esperar hasta octubre, cuando se sabrá, finalmente, si hay un punto de encuentro entre estas dos visiones de territorio.

Lo primero que aclara José Evaristo Garcés, líder de los indígenas nasas y miembro del equipo de derecho propio, es que ellos no llegaron a la región: siempre han estado allí, moviéndose en el territorio amazónico. Lo hicieron sus ancestros, cambiando de lugar cada 300 años, y lo hacen ahora ellos, retornando a sus tierras. Para este caso, es decir, el del Resguardo Alto Lorenzo, en Puerto Asís (Putumayo), los asentamientos de familias empezaron a retornar desde 1935. Con tiempo y trabajo lograron constituirse como cabildo en 1993 y ser declarados resguardo en el 2003.

Sin embargo, estas figuras no fueron suficiente para que los tuvieran en cuenta a la hora de dejar entrar a operar al Consorcio Colombia Energy, una empresa que firmó un contrato con Ecopetrol en el 2011 para mejorar la producción de petróleo en tres campos: Quinde, Cohembí y Quillacinga, ubicados en el corredor Puerto Vega-Tetevé, cerca de la frontera con Ecuador. Las tres veces que el consorcio pidió licencia ambiental para funcionar, en el 2009, el 2010 y el 2014, el Ministerio del Interior certificó que no había comunidades indígenas. Nunca hubo consulta previa.

A pesar de que el resguardo no se encuentra en las casi 12.800 hectáreas licenciadas, sí está ubicado dentro de las 38.000 hectáreas de influencia del proyecto. De hecho, está a sólo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga, lo que hace que el impacto ambiental los toque. “Con la llegada de las petroleras empezamos a ver muchos cambios. Antes se hacía pesca toda la noche, cacería todo el día y se podía recolectar fruta a cualquier hora, pero ahora hay mucho contaminado”, continúa Garcés.

A los nasas que habitan en este resguardo, a pesar de no ser consultados, los impactos les estaban llegando. Vieron que ríos como el Putumayo, el Lorenzo y el San Miguel se empezaron a teñir con una mancha negra. Sólo entre el 2013 y el 2015, el consorcio sufrió siete atentados de grupos armados ilegales que obligaban a los conductores de sus vehículos a abrir las válvulas y derramar el petróleo, aumentando el daño ambiental.

Esta razón llevó al Resguardo Indígena Alto Lorenzo (en representación de cuatro cabildos más que están en la zona) y la Asociación del Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo-Kwe’sx Ksxa’W a demandar a varias instituciones, entre las que se encuentran el Ministerio del Interior, el de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Consorcio Colombia Energy y las empresas transportadoras.

Después de varios laberintos jurídicos, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que ordena que se haga una consulta previa, así como un proceso paralelo “para acordar medidas que permitan subsanar los daños causados”.

El proceso será, según explicó Álvaro Pedraza, contratista asignado de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior, “un referente para otros procesos”, pues desde el 10 de mayo de este año tiene reunidos a los nasas, la empresa y varios involucrados para reconocer los impactos ambientales y más adelante estudiar las posibilidades de repararlos.

Esto ha implicado un trabajo muy juicioso por parte de los indígenas, comenta Pedraza, ya que llevaron a la empresa a hacer varios recorridos para señalarle, caño por caño, hasta dónde han llegado los impactos ambientales. Es más, a pesar de que la Corte les dio cuatro meses para concluir la consulta, los nasas pidieron una prórroga de un mes para asegurarse de que lo tienen contabilizado todo. El resultado, por ahora, es un documento de Excel de 279 páginas donde enumeran lo que ellos consideran que se ha visto afectado.

De igual manera, el Consorcio Colombia Energy ha hecho su parte. Según le explicó a El Espectador, la empresa también ha creado una matriz que deberá ser cruzada con la de los nasas. Sin embargo, y a pesar de que aceptan que el proyecto sí ha tenido un impacto ambiental, aclaran que un buen porcentaje de éste está asociado con acciones de terceros, es decir, con hechos terroristas.

Por esto, lo que vendrá en los últimos meses del proceso podrá ser uno de los puntos más álgidos. O por lo menos esto parecen acordar ambas partes, pues implica determinar qué daños son responsabilidad directa de la empresa y cuáles no. “Hay una aspiración de la comunidad frente a los daños de terceros, pero es un asunto legal porque en muchos casos el daño no es por actividad del consorcio”, aclara la empresa.

Por su parte, los nasas esperan poder sanear todo su territorio. Como lo comenta Garcés, para ellos no hay diferencia entre quién es dueño del suelo o el subsuelo, pues la diferencia no existe. “Nuestros espíritus viven por igual en el suelo, subsuelo o espacio. Es una sola energía”, aclara.Es más, uno de los daños que se mencionan en la matriz es que “en la bocana El Culebrero, quebrada La Amarilla, se evidenció la ausencia de los espíritus guardianes del territorio del sitio sagrado debido a la contaminación provocada por el CCE”. Lo que demuestra que para los nasas la presencia de la petrolera va más allá de los impactos físicos y tiene mucho que ver con la manera como interpretan su territorio. Como sucede en muchos casos alrededor de Colombia, son dos visiones enfrentadas.

Mientras, el consorcio seguirá operando, ya que la Corte negó la solicitud de los nasas de suspender las operaciones petroleras. Lo cierto es que, para saber si este proceso será un referente, como lo cree Pedraza, habrá que esperar hasta octubre, cuando se sabrá, finalmente, si hay un punto de encuentro entre estas dos visiones de territorio.