La disputa por cuatro millones de hectáreas en el Guainía

El 6 de agosto de 2018, a un día de que Juan Manuel Santos se despidiera del Palacio de Nariño, se publicó un documento en la Gaceta Oficial. En él, la Presidencia otorgaba su visto bueno “para la creación de los municipios de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía”. (Lea: El confuso paisaje minero para Guainía)

Barrancominas y San Felipe son dos corregimientos departamentales del Guainía, el primero con aproximadamente 7.732 pobladores y 1’420.500 hectáreas, y el segundo con aproximadamente 10.899 pobladores y 2’993.100 hectáreas. La Presidencia “estima su desarrollo como conveniente dentro de la política de municipalización de los corregimientos departamentales fronterizos, toda vez que es territorio ubicado en zona de frontera con Venezuela y Brasil, y además tiene potencial para hacer significativos aportes a la economía departamental y nacional”. El papel está firmado por Guillermo Lozano, para ese entonces ministro del Interior.

El visto bueno, sin embargo, despertó la preocupación de los indígenas amazónicos, y el 5 de marzo de este año llegó al despacho de la Gobernación del Guainía, la Presidencia de la República y la Asamblea Departamental una tutela firmada por los indígenas curripacos, ñamepocos, sikuanis y piapocos de 14 resguardos del Guainía.

En ella, le exigen al gobernador del departamento, Javier Zapata, a los 11 diputados de la Asamblea Departamental y al presidente, Iván Duque, que desistan de la municipalización. ¿Por qué? Según los indígenas amazónicos, porque los nuevos municipios se traslaparían con 14 resguardos indígenas, que están protegidos constitucionalmente y ocupan 4’330.841 hectáreas.

Lo más preocupante, según la tutela que interpusieron, es que el decreto impulsado por la Gobernación para municipalizar Barrancominas y San Felipe va en contravía con el Decreto 632 de 2018, “que reconoce al derecho al gobierno propio de los pueblos indígenas de la Amazonia en las ‘áreas no municipalizadas’ —muchas de ellas corregimientos departamentales— en Guainía, Amazonas y Vaupés”.

El decreto, que fue firmado en abril del año pasado tras 27 años de espera (desde la Constitución de 1991) reconoce los gobiernos propios de 36 resguardos indígenas en 26 millones de hectáreas en estos tres departamentos, que por ser corregimientos departamentales, estaban en una especie de limbo jurídico de ordenamiento territorial. Estos territorios que ya son reconocidos como indígenas entraron al esquema territorial de Colombia como lo que siempre fueron: gobiernos locales por medio de consejos indígenas.

La queja de los indígenas en la tutela es, precisamente, que el decreto que tiene el visto bueno de Presidencia, y que ya permitió que la Asamblea Departamental del Guainía (con dos votos en contra y nueve a favor) comience a discutir una ordenanza para crear los municipios en el departamento, va en contravía del decreto que los reconoce como autoridad en las 4’330.841 hectáreas que quieren municipalizar. (Puede leer: Imputarán cargos al gobernador de Guainía por supuestas irregularidades en contratos)

Según el documento que la Gobernación del Guainía presentó ante el Ministerio del Interior, las razones para que los corregimientos de Barrancominas y Mapiripana se conviertan en el municipio de Barrancominas, y Pana Pana-Campo Alegre, San Felipe y Puerto Colombia se conviertan en el municipio de San Felipe son de defensa nacional: “Guainía, por el hecho de tener dos fronteras internacionales, con Venezuela y Brasil, facilita la operación de grupos armados irregulares, propiciando negocios ilícitos de todo tipo como el contrabando de gasolina, cultivos de uso ilícito y minería criminal”, reza el documento.

Para Camila Munar, politóloga de Gaia Amazonas —una de las ONG que acompaña la tutela— “es incomprensible que después de 27 años de espera para el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas en esta región a través de Consejos Indígenas, simultáneamente se impulse un decreto de municipalización, que imposibilita a las autoridades indígenas del Guainía ejercer este derecho. Por otro lado, hay que recordar que el Guainía es uno de los departamentos con más recursos mineros, y que fue declarado zona estratégica minera en el pasado. Hay un escenario para la confluencia de intereses y actores que no son claros”.

Según Silvino Aguilera, un diputado indígena curripaco que votó sí a la municipalización en primer debate, la intención de municipalizar es “llevar progreso. Esas zonas son las más abandonadas por el país. Para llegar a una cabecera hay que atravesar 15 horas de río. Se necesita institucionalidad. Por eso voté al sí”. Sin embargo, para Leonardo Ladino, un diputado mestizo que votó por el no el pasado 12 de febrero, se debe respetar el derecho de las comunidades a gobernarse como autoridades propias, administrar sus recursos y participar en las rentas nacionales.

¿Cómo cambiaría el departamento? Una vez se haga consulta previa y en caso de resultar positiva, el gobernador Javier Zapata nombraría alcaldes encargados en Barrancominas y San Felipe y citaría a elección popular. También se respetarían las autoridades indígenas de los resguardos y se les daría la posibilidad de organizarse político-administrativamente como autoridades indígenas. Sin embargo, los recursos del Sistema General de Participaciones no irían a las manos de las autoridades indígenas, sino a las de los alcaldes de los nuevos municipios. Según el DNP, el único municipio de Guainía, Inírida, percibió el año pasado $3.726’002.686. (Lea también: Se contaminó la única parte limpia del río Bogotá)

“La municipalización de territorios de gran extensión, como es el caso de Cumaribo (Vichada) y Solano (Caquetá), ha generado escenarios estatales con baja gobernabilidad, prácticas de corrupción en el manejo de los bienes y recursos públicos y el constante avance de la deforestación, que arrasa con el pulmón del planeta. Por ello, las autoridades indígenas del Guainía argumentan que es urgente detener el proceso de municipalización, para evitar un daño irreparable a los pueblos indígenas y a sus territorios. Estos últimos han garantizado la estabilidad social, política y ambiental de esta región de la Amazonia, fundamental a escala nacional y global, especialmente con el inminente aumento de las amenazas que plantea el cambio climático”, manifiestan los tutelantes.

Dado que el 85 % de la población del Guainía es indígena, el decreto que impulsa la Gobernación contempla hacer una consulta previa, libre e informada para declarar los municipios. Sin embargo, los tutelantes dicen que nada se les ha consultado aún y solo faltan dos debates en la Asamblea Departamental para que la ordenanza sea aprobada.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.

El 6 de agosto de 2018, a un día de que Juan Manuel Santos se despidiera del Palacio de Nariño, se publicó un documento en la Gaceta Oficial. En él, la Presidencia otorgaba su visto bueno “para la creación de los municipios de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía”. (Lea: El confuso paisaje minero para Guainía)

Barrancominas y San Felipe son dos corregimientos departamentales del Guainía, el primero con aproximadamente 7.732 pobladores y 1’420.500 hectáreas, y el segundo con aproximadamente 10.899 pobladores y 2’993.100 hectáreas. La Presidencia “estima su desarrollo como conveniente dentro de la política de municipalización de los corregimientos departamentales fronterizos, toda vez que es territorio ubicado en zona de frontera con Venezuela y Brasil, y además tiene potencial para hacer significativos aportes a la economía departamental y nacional”. El papel está firmado por Guillermo Lozano, para ese entonces ministro del Interior.

El visto bueno, sin embargo, despertó la preocupación de los indígenas amazónicos, y el 5 de marzo de este año llegó al despacho de la Gobernación del Guainía, la Presidencia de la República y la Asamblea Departamental una tutela firmada por los indígenas curripacos, ñamepocos, sikuanis y piapocos de 14 resguardos del Guainía.

En ella, le exigen al gobernador del departamento, Javier Zapata, a los 11 diputados de la Asamblea Departamental y al presidente, Iván Duque, que desistan de la municipalización. ¿Por qué? Según los indígenas amazónicos, porque los nuevos municipios se traslaparían con 14 resguardos indígenas, que están protegidos constitucionalmente y ocupan 4’330.841 hectáreas.

Lo más preocupante, según la tutela que interpusieron, es que el decreto impulsado por la Gobernación para municipalizar Barrancominas y San Felipe va en contravía con el Decreto 632 de 2018, “que reconoce al derecho al gobierno propio de los pueblos indígenas de la Amazonia en las ‘áreas no municipalizadas’ —muchas de ellas corregimientos departamentales— en Guainía, Amazonas y Vaupés”.

El decreto, que fue firmado en abril del año pasado tras 27 años de espera (desde la Constitución de 1991) reconoce los gobiernos propios de 36 resguardos indígenas en 26 millones de hectáreas en estos tres departamentos, que por ser corregimientos departamentales, estaban en una especie de limbo jurídico de ordenamiento territorial. Estos territorios que ya son reconocidos como indígenas entraron al esquema territorial de Colombia como lo que siempre fueron: gobiernos locales por medio de consejos indígenas.

La queja de los indígenas en la tutela es, precisamente, que el decreto que tiene el visto bueno de Presidencia, y que ya permitió que la Asamblea Departamental del Guainía (con dos votos en contra y nueve a favor) comience a discutir una ordenanza para crear los municipios en el departamento, va en contravía del decreto que los reconoce como autoridad en las 4’330.841 hectáreas que quieren municipalizar. (Puede leer: Imputarán cargos al gobernador de Guainía por supuestas irregularidades en contratos)

Según el documento que la Gobernación del Guainía presentó ante el Ministerio del Interior, las razones para que los corregimientos de Barrancominas y Mapiripana se conviertan en el municipio de Barrancominas, y Pana Pana-Campo Alegre, San Felipe y Puerto Colombia se conviertan en el municipio de San Felipe son de defensa nacional: “Guainía, por el hecho de tener dos fronteras internacionales, con Venezuela y Brasil, facilita la operación de grupos armados irregulares, propiciando negocios ilícitos de todo tipo como el contrabando de gasolina, cultivos de uso ilícito y minería criminal”, reza el documento.

Para Camila Munar, politóloga de Gaia Amazonas —una de las ONG que acompaña la tutela— “es incomprensible que después de 27 años de espera para el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas en esta región a través de Consejos Indígenas, simultáneamente se impulse un decreto de municipalización, que imposibilita a las autoridades indígenas del Guainía ejercer este derecho. Por otro lado, hay que recordar que el Guainía es uno de los departamentos con más recursos mineros, y que fue declarado zona estratégica minera en el pasado. Hay un escenario para la confluencia de intereses y actores que no son claros”.

Según Silvino Aguilera, un diputado indígena curripaco que votó sí a la municipalización en primer debate, la intención de municipalizar es “llevar progreso. Esas zonas son las más abandonadas por el país. Para llegar a una cabecera hay que atravesar 15 horas de río. Se necesita institucionalidad. Por eso voté al sí”. Sin embargo, para Leonardo Ladino, un diputado mestizo que votó por el no el pasado 12 de febrero, se debe respetar el derecho de las comunidades a gobernarse como autoridades propias, administrar sus recursos y participar en las rentas nacionales.

¿Cómo cambiaría el departamento? Una vez se haga consulta previa y en caso de resultar positiva, el gobernador Javier Zapata nombraría alcaldes encargados en Barrancominas y San Felipe y citaría a elección popular. También se respetarían las autoridades indígenas de los resguardos y se les daría la posibilidad de organizarse político-administrativamente como autoridades indígenas. Sin embargo, los recursos del Sistema General de Participaciones no irían a las manos de las autoridades indígenas, sino a las de los alcaldes de los nuevos municipios. Según el DNP, el único municipio de Guainía, Inírida, percibió el año pasado $3.726’002.686. (Lea también: Se contaminó la única parte limpia del río Bogotá)

“La municipalización de territorios de gran extensión, como es el caso de Cumaribo (Vichada) y Solano (Caquetá), ha generado escenarios estatales con baja gobernabilidad, prácticas de corrupción en el manejo de los bienes y recursos públicos y el constante avance de la deforestación, que arrasa con el pulmón del planeta. Por ello, las autoridades indígenas del Guainía argumentan que es urgente detener el proceso de municipalización, para evitar un daño irreparable a los pueblos indígenas y a sus territorios. Estos últimos han garantizado la estabilidad social, política y ambiental de esta región de la Amazonia, fundamental a escala nacional y global, especialmente con el inminente aumento de las amenazas que plantea el cambio climático”, manifiestan los tutelantes.

Dado que el 85 % de la población del Guainía es indígena, el decreto que impulsa la Gobernación contempla hacer una consulta previa, libre e informada para declarar los municipios. Sin embargo, los tutelantes dicen que nada se les ha consultado aún y solo faltan dos debates en la Asamblea Departamental para que la ordenanza sea aprobada.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.