Jesús Olivero Verbel es tal vez uno de los científicos que más de cerca han estudiado la contaminación por mercurio en los ríos colombianos. Sus investigaciones, hechas en lugares como el Amazonas y el sur de Bolívar, vienen alertando desde años sobre las graves consecuencias de ese metal, tan usado en la explotación de oro. Problemas cognitivos y alergias en la piel son algunos de las secuelas que Olivero, coordinador del Doctorado en Toxicología Ambiental de la U. de Cartagena, único en el país, ha documentado en alrededor de veinte artículos científicos.
Justamente, Olivero fue uno de los expertos a los que la Corte Constitucional les acaba de pedir ayuda para resolver uno de los problemas de contaminación más complejos que hoy tiene Colombia: el del río Atrato y sus afluentes. En un auto, el alto tribunal decidió empezar a frenar ese problema ante la falta de atención de las autoridades, que se han hecho las de la vista gorda pese a los reclamos que desde hace más de ocho años llegan a sus despachos, pidiendo retirar las dragas mineras que desviaron los ríos en busca de oro.
Para lograr eso, la Corte les pidió ayuda a especialistas como Olivero y a facultades de Biología, Antropología o Historia de universidades como la Nacional, los Andes o la de Antioquia. La idea es que estas instituciones, entre las que también están el Instituto Humboldt, la Asociación Colombiana de Ictiólogos y la maestría de Hidrosistemas de la Javeriana, le ayuden a tomar una decisión en torno a la difícil situación de quienes viven a orillas del Atrato.
El primer paso es que con el aporte de estos expertos, los magistrados tengan un completo contexto de lo que sucede en el occidente del país. Por eso, muchas de las preguntas que le enviaron a facultades y organizaciones tratan de esclarecer cuál es la relación histórica y cultural de las comunidades con el río y cómo ha cambiado ese vínculo a raíz de la entrada de la minería y de las sierras que acabaron con los bosques. Además, con el auto y con los cuestionarios, busca también desentrañar cuál es el efecto de estas actividades en la población. Ya, en varias oportunidades, organizaciones, como Tierra Digna, responsable de la tutela que desembocó en este auto, han denunciado el olvido estatal y el riesgo en el que se encuentran habitantes de municipios como Río Quito o Quibdó. En el primero, por dar solo un ejemplo, los habitantes viven con el 98 % de las necesidades básicas insatisfechas.
Entre la larga lista de expertos a la que la Corte acude, también están la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el PNUD, DeJusticia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y representantes del gremio industrial, como la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Nacional de Industriales.
Pero lo verdaderamente trascendental y que en palabras de Ximena González, abogada de Tierra Digna, es histórico, es la visita que programó la Corte a estos olvidados territorios. Como se lee en el documento, el jueves 28 de enero de 2016, funcionarios de ese organismo estarán en Quibdó para escuchar a los pobladores afectados por la tala, el mercurio y la minería ilegal. Y al día siguiente, el viernes 29, viajarán a los principales puntos del Atrato y sus afluentes.
La intención no es otra que comprobar las constantes alertas que organizaciones como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) vienen repitiéndoles a varios ministerios desde hace casi una década: que ese complejo panorama, en el que también se juntan guerrilla y paramilitarismo, ha puesto en riesgo la salud y el sustento de quienes históricamente habitan la región. Comunidades indígenas como Quiparadó y Juinduur, en el bajo Atrato, por ejemplo, se han quejado varias veces de los niveles de contaminación. En 2013 murieron tres menores y resultaron intoxicadas 64 personas.
“Lo crucial es que la Corte quiere estudiar el tema de manera estructural a través de los conceptos técnicos y a través de una visita histórica para analizar los problemas de fondo”, dice González.
Y esta noticia resulta alentadora si se tiene en cuenta la decisión que tomó hace poco el Tribunal de Cundinamarca: falló una acción popular a favor de aquellas comunidades afrodescendientes por la violación de sus derechos: su derecho a la salud, a un ambiente sano, al equilibrio ecológico.