12 Jun 2021 - 2:00 a. m.

La minería legal también es culpable de la deforestación en Colombia

Investigadores de la Universidad del Rosario encontraron que la minería legal contribuyó en un 3,4 % a la pérdida de bosque durante 17 años. Una actividad que no siempre es identificada como indicador de tala en el país.

Por esta misma época, hace un año, los medios de comunicación replicaron una noticia que, para algunos sectores afectados por la pandemia, cayó muy bien: “El precio del oro se disparó al nivel más alto en casi 8 años”, decía el titular de CNN publicado el 24 de junio. Un escenario que, para Colombia, el quinto productor de oro en América Latina, fue complejo, pues a pesar de dar luces sobre una posible salida económica ante la crisis, también impulsaba una actividad que podría incrementar uno de los problemas que más amenazan al país: la deforestación.

En respuesta a esa inquietud, y como una de las pocas contribuciones con este enfoque que se han publicado en Colombia, un nuevo estudio, dirigido por Nicola Clerici, Benjamín Quesada y Andrés González, de la Universidad del Rosario, demostró que durante 17 años, de 2001 a 2018, la deforestación observada dentro de las concesiones mineras legales contribuyó un 3,4 % a las cifras de deforestación nacionales. Es decir, más de 121.000 hectáreas de bosque perdidas dentro de territorios mineros. Números que representan una preocupación en un escenario en donde el incumplimiento de estándares de conservación es más común de lo que se cree.

Según la investigación, durante el tiempo analizado, cerca de 100 concesiones de minería legal estuvieron asociadas, cada una, con más de 400 hectáreas deforestadas en el país. Cifra que podría compararse con unas 500 canchas de fútbol perdidas. Una relación que es a todas luces evidente, aunque no ha sido lo suficientemente explorada en el país y siempre pasa a un segundo plano cuando de causantes de la deforestación se habla. Es, de hecho, un panorama que no solo ocurre en Colombia, pues esta actividad llegó a representar el 7 % de la deforestación en 100 países en desarrollo entre 2000 y 2010.

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Para el caso específico del país, la investigación analizó 8.590 arrendamientos mineros de 2001 a 2018, particularmente en áreas vecinas de las tres cordilleras andinas colombianas, siendo tres departamentos los que representaron el 70 % de la deforestación nacional relacionada con la extracción minera: Antioquia con el 44 %, principalmente por oro; Bolívar con el 19 %, también por oro, y Norte de Santander con el 7 %, por carbón.

Los científicos encontraron un aumento exponencial de la deforestación al interior de los polígonos mineros, número que se incrementó también a lo largo del periodo estudiado. El año con mayor deforestación asociada es el 2017, en el que la deforestación en concesiones mineras legales representó un 6 % de la deforestación nacional. Según una estimación aproximada de los investigadores, si cada hectárea tuviera 500 árboles, se llegaron a cortar de 6 a 15 por cada kilotón de carbón y de 11 a 27 por cada kilogramo de oro.

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Clerici, uno de los autores del estudio publicado en Environmental Research Letters, explicó a El Espectador que, aunque no en todas las actividades de extracción minera se necesita extraer la capa superficial del terreno, otras actividades sí pueden involucrar la tala de árboles, por ejemplo, la creación de caminos que conduzcan a la mina, o para la construcción de infraestructuras, como túneles. Actividades que también podrían conducir a la pérdida de bosque y que se suman a otros causantes de deforestación. “En nuestro estudio también planteamos la posibilidad de que otros actores, externos a la minería, estén deforestando en las concesiones con el fin, por ejemplo, de realizar actividades agropecuarias”, agregó.

Pero para Benjamín Quesada es claro que los impactos en pérdida de bosque en concesiones mineras no tendrían por qué ser tan altos. “Cuando hablamos con gente del sector nos dijeron que no es necesario para una mina, ya sea de oro o de carbón, deforestar todo el polígono minero. En general, se debería impactar solo 1 % o 2 % del terreno. No es necesario más”, agregó.

Una de las teorías que sostienen los investigadores, que no hace parte de los hallazgos del estudio, sugiere que algunas empresas podrían estar talando árboles para vender su madera legalmente a través de autorización de aprovechamiento forestal. Lo cierto es que en el estudio solo se identificaron permisos legales de explotación forestal en 35 concesiones, es decir, menos del 2 % de las concesiones mineras colombianas. Lo que, según señalan, da lugar a una primera conclusión: “El marco legal para imponer sanciones contra la pérdida masiva de árboles claramente no es efectivo”, dice el documento.

La investigación no desconoce que sí existen proyectos de reforestación en la actividad minera legal del país, aunque, según advierten, la siembra indiscriminada de árboles no es la solución que más contribuye al mantenimiento de la biodiversidad. “Grandes empresas tienen proyectos de reforestación o de conservación ambiental, sin embargo, queremos alertar que talar un bosque primario o seco tropical y reemplazarlo por una plantación comercial o una plantación que va a tomar décadas para llegar a la madurez, no compensa completamente la pérdida de biodiversidad o de servicios ecosistémicos”, agregó Quesada. Idea en la que también concuerda Clerici. “Pudimos estimar que en promedio a nivel nacional la extensión de la cobertura reforestada en los polígonos mineros es igual aproximadamente al 20 % de la deforestada”, añadió.

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Los autores identificaron además que no todas las concesiones generan una deforestación alta; de hecho, son la mitad de concesiones analizadas las que deforestan menos de una hectárea y en un 20 % de estas no se observó deforestación. “Esto demuestra que sí puede haber prácticas poco impactantes por lo menos con respecto a los bosques”, explicó Benjamín Quesada.

La relación entre minería –de concesiones legales y de actividades ilegales– y la deforestación es un ejercicio que debe hacerse con más fuerza en Colombia para poder no solo identificar, sino también mitigar, todos los impulsores de la pérdida de bosque. Para ello, los investigadores sugieren actividades de monitoreo parecidas a las que hace actualmente el Ideam con Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono, pero enfocadas también a reportar los cambios de los bosques dentro de las concesiones mineras.

“Para empezar a arreglar el problema, el monitoreo preciso y sistemático de los cambios de cobertura en concesiones mineras de parte del Ideam es una necesidad importante. Sobre todo en un contexto en el que Colombia se comprometió a una meta climática muy ambiciosa de reducir en un 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, claramente esta deforestación está yendo en contravía. Esta es la preocupación creciente que también les dejamos a las autoridades”, concluyó Benjamín Quesada.

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